Manila repatriará a 40.000 trabajadores chinos de los casinos

Cerrarán al menos 175 "pogos" que tenían licencias vencidas o revocadas. El gobierno chino apoya la decisión. Varios senadores filipinos también le habían pedido al presidente Marcos Jr que limitara las actividades relacionadas con los juegos de azar porque atraen la delincuencia.

Manila (AsiaNews/Agencias) – Filipinas ha decidido repatriar a 40.000 trabajadores chinos empleados en los casinos, que localmente se denominan “pogo” (acrónimo de operadores de juegos de azar en el extranjero). La decisión del presidente Ferdinand Marcos Jr. responde al pedido de algunos senadores que en los últimos días habían insistido en los tráficos ilícitos relacionados con el juego de azar.

Ya en 2020 el Consejo Filipino contra el Lavado de Dinero había señalado la alta vulnerabilidad del sector a la criminalidad financiera. Un informe de los legisladores filipinos publicado en enero de este año había encontrado "claros vínculos" con la trata de personas y recomendaba el procesamiento de los funcionarios de inmigración involucrados.

El senador Koko Pimentel afirma que los pogos, incluso los legales, favorecían el igreso de ciudadanos no deseados: "Entonces, ¿cuál es la mejor manera de resolver este problema? Simplificar todo. Prohibir los pogos", le dijo a CNN.

Dicho y hecho: a partir de octubre se cerrarán 175 casinos que en 2016 habían recibido el visto bueno del anterior gobierno encabezado por Rodrigo Duterte. Al igual que en otros países del sudeste asiático, el sector ha crecido exponencialmente gracias a la ilegalidad del juego en China, donde está prohibido desde la fundación de la República Popular China en 1949. El portavoz del Departamento de Justicia, José Dominic Clavano, explicó que los pogos clausurados tenían sus licencias revocadas o caducadas: "La ofensiva se desencadenó debido a la denuncia de homicidios, secuestros y otros delitos cometidos por ciudadanos chinos contra sus compatriotas”.

El gobierno chino, que había pedido en repetidas ocasiones a Manila que pusiera fin a las actividades de juego, se manifestó a favor de la repatriación de compatriotas, que comenzará el próximo mes.

Recientemente el líder de la mayoría del Senado, Joel Villanueva, presentó una ley contra los juegos de azar en internet, según la cual los apostadores pueden recibir seis meses de cárcel y multas de hasta 8.170 dólares. Los contrarios afirman que son medidas extremas: los datos del Ministerio de Finanzas muestran que en 2020 los ingresos por impuestos a los casinos fueron de 122 millones de dólares. Con la pandemia, que ha afectado duramente a Filipinas, muchos operadores se han trasladado a Laos, Camboya y Vietnam.

Al año siguiente Manila impuso una tasa del 5% sobre los ingresos por apuestas y un impuesto sobre la renta del 25% a los extranjeros empleados en el sector. Como resultado, aún más operadores abandonaron Filipinas. En muchos países del sudeste asiático los casinos son sinónimo de trabajos forzados y estafas en internet. Malasia anunció recientemente la creación de una comisión para rescatar a los migrantes que han sido víctimas de engaños por internet en la región del Mekong.

La consultora inmobiliaria Leechiu Property Consultants estima que un cierre total de los pogos en Filipinas dejaría vacíos 1,05 millones de metros cuadrados de locales y privaría al país de 151 millones de dólares de renta anual. Los casinos aportan 3.200 millones de dólares al año a la economía filipina y emplean aproximadamente a 201.000 chinos y 111.000 filipinos.