Seúl: el Gobierno reconoce las adopciones del pasado como «tráfico forzado de menores»
El ministro de Justicia, Jung Sung-ho, ha utilizado un lenguaje contundente para describir las adopciones desde Corea del Sur de los años 70 y 80, marcadas por graves irregularidades. El Gobierno ha anunciado un acceso más fácil a las indemnizaciones, afirmando que renunciará a los recursos en los procedimientos iniciados por las víctimas, aunque persisten los retrasos en la aplicación de las medidas de compensación.
Gwacheon (AsiaNews/Agencias) - Corea del Sur se prepara para hacer balance de una de las páginas más controvertidas de su historia reciente: las adopciones internacionales, que según el ministro de Justicia, Jung Sung-ho, constituyeron en muchos casos un auténtico «tráfico forzado de menores». Declaraciones inusualmente duras para un alto funcionario, que ha prometido ampliar el acceso a las vías judiciales para las víctimas de abusos cometidos por el Estado durante el periodo de las dictaduras militares.
Cientos de personas originarias de Corea del Sur y adoptadas en Europa y Estados Unidos ya han solicitado que sus casos sean examinados por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, renovada el pasado mes de febrero tras la expiración del mandato anterior. La comisión había concluido que el Gobierno surcoreano fue responsable de un sistema de adopciones marcado por fraudes e irregularidades, llevado a cabo también para reducir costes y gestionado por agencias privadas autorizadas por el Estado que manipulaban de manera sistemática los orígenes de los niños.
Muchos adoptados esperan ahora que estas conclusiones puedan servir de base para reclamaciones de indemnización. En el pasado, las víctimas de abusos reconocidos por la comisión se vieron envueltas en largas batallas legales, después de que el Estado presentara recursos, alegando la prescripción o poniendo en duda el valor probatorio de las investigaciones.
Jung, aliado cercano del presidente Lee Jae Myung —quien ya en octubre había presentado disculpas oficiales por las adopciones irregulares—, ha asegurado un cambio de rumbo. El Gobierno está dispuesto a acelerar las indemnizaciones para los casos verificados por la comisión y a ampliar las formas de protección jurídica. Una nueva ley que entró en vigor en febrero concede a las víctimas tres años de plazo para iniciar demandas civiles incluso más allá de los plazos de prescripción, y el Ministerio de Justicia ha anunciado que renunciará a aplicar dichos límites en más de 800 procedimientos.
«Una vez que la comisión establezca con claridad los hechos básicos, tenemos la intención de cooperar para garantizar que el proceso avance rápidamente», declaró Jung.
Sin embargo, algunos adoptados, como Yooree Kim, enviada en 1984 a una familia francesa sin el consentimiento de sus padres biológicos, han solicitado una indemnización a través de la legislación estatal, pero según su abogado, el ministerio aún no ha respondido a las solicitudes en seis meses, a pesar de un plazo previsto de cuatro semanas. Jung prometió intervenir ante los retrasos, aunque descartó por ahora la creación de un mecanismo independiente para acelerar los pagos.
Entre los años 70 y principios de la década de 2000, Corea del Sur envió al extranjero a unos 200.000 niños, con un pico en los años 80 de más de 6000 adopciones al año. En aquella época, el país estaba gobernado por regímenes militares que consideraban el crecimiento demográfico una amenaza para el desarrollo económico y utilizaban las adopciones también como instrumento para reducir el número de personas a las que mantener.
El ministro abordó además otros temas relacionados con los derechos humanos, entre ellos la trata de personas y el trabajo forzoso, en particular en las salinas y en otros sectores donde se registran abusos contra los trabajadores migrantes. Estas cuestiones han vuelto a ser objeto de atención también a nivel internacional, tras una serie de investigaciones iniciadas por Estados Unidos contra algunos países acusados de no combatir adecuadamente el trabajo forzoso. Washington ya ha bloqueado las importaciones procedentes de una gran salina surcoreana acusada de utilizar mano de obra en condiciones asimilables a la esclavitud.
Jung prometió intensificar los esfuerzos para «erradicar» la trata y la explotación, ordenando a los fiscales que soliciten penas más severas y reforzando los controles sobre las empresas que emplean a trabajadores extranjeros. «No podemos supervisar cada rincón del sector privado, pero creo que somos capaces de supervisar estas cuestiones más a fondo que casi cualquier otro país», afirmó.
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