'Seis años después, no olvidemos a los rohingya'

de Steve Suwannarat

Cuando se cumplen seis años de las masacres perpetradas por el ejército birmano en agosto de 2017, cientos de miles de personas siguen olvidadas en campos de refugiados. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos Volker Türk pidió "Ampliar los programas de reubicación y protección temporal".

Bangkok (AsiaNews)- Seis años atrás los militares de Myanmar, con el apoyo de una gran parte de la opinión pública y pese al liderazgo carismático de la premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, llevaron a cabo una masiva persecución contra los rohingya.

De etnia musulmana, sin nacionalidad porque se los considera descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de lo que hoy es Bangladés, cientos de miles de personas se vieron obligadas durante semanas a escapar de las redadas y la violencia de los militares y de las quemas que arrasaron muchas comunidades, con un nivel de brutalidad que llevó a calificar la actuación de las Fuerzas Armadas como un verdadero genocidio.

Fuentes locales, recogidas y seleccionadas por diversas organizaciones y sistematizadas en informes internacionales que no dejan lugar a dudas, indican que perdieron la vida cerca de 10.000 hombres y mujeres de todas las edades, e incluso niños pequeños. Sumado a la destrucción de unos 300 poblados que obligó a huir a unos 700.000 rohingya del otro lado de la frontera del Estado occidental de Rakhine, donde vivía la mayoría, para refugiarse en Bangladés, que ya acogía más de 200.000 rohingya víctimas de persecuciones anteriores.

Es por eso que la mayoría de los miembros de esta etnia hoy se ven obligados a vivir fuera de su territorio de origen, en una nueva diáspora hacia otros países que se consideran hospitalarios, y alrededor de 100.000 personas viven encerradas en campos dentro del territorio birmano, completamente segregadas y con el riesgo constante de ataques por parte de grupos nacionalistas y budistas.

La odisea de esta gente está lejos de haber terminado y el futuro no presenta actualmente ninguna posibilidad de retorno o de reubicación masiva en otro lugar. El gobierno de Daca hace enormes esfuerzos para gestionar la enorme masa de refugiados que viven hacinados en estructuras precarias cerca de la frontera que han cruzado huyendo, mientras las bandas criminales locales y las redes internacionales de tráfico de personas aprovechan todas las oportunidades que se presentan para explotar sus necesidades y falta de esperanza.

La posibilidad de volver a su país está cerrada, en primer lugar por la falta de reconocimiento formal de su ciudadanía birmana, lo que implicaría para ellos documentos válidos, derecho de residencia y protección en el territorio de Myanmar. Y, por otra parte, la reubicación parcial en otras zonas del territorio de Bangladés, que aliviaría la presión en los centros primarios de acogida, avanza lentamente y es objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales, que temen que conduzca a una forma de reclusión aún más severa y, de hecho, al fin de cualquier esperanza para los jóvenes que han crecido en esos campamentos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió hoy que: “Pese a las crisis simultáneas, la comunidad internacional no debe olvidar a la población rohingya ni a las comunidades que la acogen en Bangladés. El pedido de ayuda humanitaria para los rohingya, tanto en Myanmar como en los campamentos de Bangladés, necesita más apoyo y recursos. Al mismo tiempo, los terceros países deberían ampliar los programas de reubicación o protección temporal, sobre todo dentro del mismo ámbito regional. Asimismo, la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para invertir el rumbo en Myanmar y garantizar la rendición de cuentas y la justicia".