Sociedad civil: 'Sri Lanka debe derogar la Ley antiterrorista'

de Melani Manel Perera

Un amplio grupo de figuras de la sociedad civil de Sri Lanka ha solicitado al gobierno la abolición inmediata e incondicional de la ley antiterrorista. En respuesta, el Ministerio de Justicia ha anunciado un nuevo texto. El ministro Nanayakkara afirmó que es una ley "esencial". La PTA está en vigor desde 1982 y se ha usado para silenciar voces críticas y a minorías como los tamiles y los musulmanes.. Se ha pedido que se apliquen las leyes ordinarias, indemnizaciones y atención médica física y mental para los condenados.

Colombo (AsiaNews) - Más de 240 representantes de la sociedad civil, incluyendo activistas, sindicatos, abogados, clérigos, académicos y exderechos humanos, han firmado una carta conjunta solicitando la derogación inmediata e incondicional de la controvertida Ley de Prevención del Terrorismo (PTA) de Sri Lanka, vigente desde 1982. El documento fue entregado y discutido con el Secretario del Ministerio de Justicia e Integración Nacional.

El texto rechaza con firmeza la propuesta del gobierno de implementar una nueva legislación antiterrorista como alternativa, debido a que el 16 de mayo el gobierno había decidido otorgar a la ciudadanía solo dos semanas para presentar sus comentarios sobre la derogación de la PTA vigente y la redacción de la nueva ley. "La comisión que la redactó no es representativa de los intereses principales - la mayoría de sus miembros son funcionarios del Estado, militares y personal del Ministerio de Defensa, y no incluye a las familias de las víctimas, ni una representación de la comunidad tamil o musulmana", explica la carta.

Los firmantes exhortaron al ministro de Justicia a considerar en profundidad la gran cantidad de vidas humanas perdidas a causa de la PTA. Esto afecta especialmente a las comunidades tamil y musulmana, pero también a los jóvenes del sur durante la revuelta de 1988/1989, y los líderes estudiantiles del reciente movimiento popular. Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado la ley de "draconiana" y ha sido utilizada para atacar y acosar a minorías, activistas y periodistas. La carta afirma que los daños causados por la PTA en la cultura política de Sri Lanka son "irreparables", porque se ha utilizado principalmente "para proteger los intereses autoritarios del Estado".

En 2022 la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka también afirmó que la PTA era fundamentalmente incompatible con el Estado de derecho. La carta sostiene que no es necesaria una ley antiterrorista en reemplazo de la anterior porque Sri Lanka ya cuenta con un sólido marco jurídico con herramientas suficientes para hacer frente a las amenazas del terrorismo. "Esto incluye al menos 15 leyes y disposiciones del Código Penal, así como agencias especializadas como la División de Investigación Antiterrorista (CTID), el Servicio Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Banco Central", especifica.

El documento concluye con cinco recomendaciones fundamentales. Primero, se reitera el pedido de derogar de inmediato la Ley de Prevención del Terrorismo N.º 49 de 1979 (PTA). El Gobierno también debería imponer una moratoria en su aplicación hasta que sea derogada. En segundo lugar, se reitera la invitación a utilizar sistema de justicia penal actual, lo que haría innecesaria una ley especial sobre terrorismo. A continuación pide la garantía de que no se promulgarán leyes que permitan a las autoridades limitar la libertad de movimiento, organizar reuniones, participar en concentraciones o marchas, ni de plantear demandas por medio de cualquier forma de protesta.

La cuarta recomendación es adoptar medidas para acelerar la justicia para todas las personas actualmente detenidas en virtud de la PTA, a través de intervenciones políticas y legales, incluyendo el indulto presidencial. La última es garantizar que el Estado ofrezca acciones reparatorias a las personas que han sido detenidas en virtud de la PTA y no fueron condenadas, como disculpas, indemnizaciones, atención médica física y mental, y acceso a medios de subsistencia.

Este llamamiento recibió el respaldo del People's Council Movement, que nació tras el levantamiento popular en Sri Lanka - conocido como Aragalaya - para derrocar al entonces presidente Gotabaya Rajapaksa y su gobierno en 2022. Law & Society Trust (LST), una organización sin fines de lucro, también presentó oficialmente sus recomendaciones al Ministerio de Justicia. "Es hora de desmantelar las leyes opresivas y reconstruir con dignidad, equidad y responsabilidad", declaró la ONG. Y el National Shoora Council (NSC), por su parte, ha instado recientemente al presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, a cumplir su promesa electoral de derogar la PTA sin reemplazarla por una nueva ley antiterrorista.

El Colegio de Abogados de Jaffna también se ha sumado a estas demandas, haciendo referencia a una reunión del 20 de mayo en la que se insistió en la necesidad de derogar inmediatamente la PTA. La Asociación afirmó que el Código de Procedimiento Penal vigente proporciona herramientas suficientes para abordar las cuestiones penales y garantizar la seguridad pública, lo que hace innecesaria cualquier nueva ley. Sin embargo, el ministro Harshana Nanayakkara ha reiterado la postura del gobierno, que considera que se debe mantener dicha legislación. "Esta ley no fue concebida para aplicarla con fines represivos por motivos de racismo, religión o cualquier otra cuestión. Esta ley es esencial para hacer frente a los desafíos del terrorismo global", afirmó.