21/08/2015, 00.00
VIETNAM

Caodaístas y católicos: la nueva ley sobre las religiones es contraria a los derechos humanos. Pero Hanoi hace oídos sordos

de Nguyen Hung - J. Dang
El proyecto de la nueva ley no reconoce el estatuto de las religiones y el derecho a la libertad religiosa. El gobierno mira las religiones con sospecha y suma restricciones y controles que vuelven imposible el desarrollo de las actividades religiosas. Caodaístas, religiosos y obispos han criticado públicamente el proyecto, pero la Asamblea Nacional es impermeable a las críticas y sugerencias.

Ciudad de Ho Chi Minh (AsiaNews) – El gobierno de Hanoi está programando promulgar una nueva ley sobre las religiones y la fe hacia fines del año 2015 o principios del 2016.  Pero parece estar sordo a todas las críticas que provienen de los líderes religiosos y que juzgan que el proyecto de dicha ley es contrario a la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU e incluso “da un paso atrás” con respecto a la Constitución Vietnamita del 2013 y a las Reglamentaciones del 2004.  

En días pasados los líderes caoístas y católicos criticaron en modo contundente el proyecto de ley, juzgándolo como un “encarcelamiento” de las religiones, pero la Asamblea Nacional ha decidido que en el próximo encuentro se podrá promulgar dicho texto.

Reunida el pasado 14 de agosto, la Asamblea Nacional aplaudió en su mayoría el nuevo proyecto de ley, afirmando que la misma “está basada en la Constitución del año 2013”. En las discusiones durante las sesiones, se habló sobre todo de "controles": de las actividades religiosas locales, de las actividades religiosas de vietnamitas expatriados que hayan regresado y de la manipulación ejercida por las religiones para “romper la unidad nacional”.

Es justamente el "control político" el primer aspecto criticado por los miembros de las religiones. Ellos dicen que la nueva ley parte de una visión a priori, llena de sospechas hacia las religiones, sin definir primero qué son y sin reconocer que el derecho a la libertad religiosa está garantizado tanto por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre como por la Constitución vietnamita. 

La ley está llena de restricciones en lo que respecta al registro de los lugares de culto, ya sea sobre el personal, sobre las actividades,  sobre la destinación del personal, sobre los programas (que deberán ser presentados un año antes para su aprobación), a tal punto que se vuelve imposible encarar cualquier acción. El P. Anton Thanh Le Ngoc, redentorista y religioso en cinco institutos, define este proyecto de ley como “un paso hacia atrás en relación a la Reglamentación de la Fe y las Religiones del año 2004. La nueva ley crea procedimientos engorrosos, mecanismos sofocantes y una serie de limitaciones tales que hacen imposible encarar una actividad religiosa”.

El 18 de agosto pasado, 37 líderes caodaístas enviaron una carta abierta dirigida al Comité para los Asuntos Religiosos y al Frente Patriótico Vietnamita para pedir la cancelación de la nueva ley. El caodaísmo es una religión sincretista presente en Vietnam, que agrupa a aproximadamente 6 millones de fieles. Los líderes escribieron en dicha carta que “el nuevo proyecto de ley es contrario a los objetivos de la democracia y de la libertad de las leyes vietnamitas. La nueva ley obliga a registrar los credos y los lugares de culto como condición para ser aprobados por las autoridades. Esto es contrario a las formas de progreso y civilización típicos de la sociedad mundial.” Además agregan que “la nueva ley obliga a las religiones a tener que pedir permiso hasta para los pequeños cambios de personal, o para otros cambios en las instituciones. De esta manera, la acción del gobierno aparece como contraria a la de una sociedad civilizada.”

El Comité permanente de la Asamblea Nacional, discutiendo sobre el proyecto de la nueva ley, aplaude el hecho de que gracias a la misma “la gente podrá ejercitar su derecho a la libertad religiosa en el marco de la ley”, “en línea con la Convención Internacional para los Derechos Civiles y Políticos”, que fuera suscripta por Vietnam en el año 1982. 

Para mostrar el carácter "democrático" de la nueva ley,  el pasado mes de abril,  el Ministerio del Interior distribuyó copias del proyecto de ley entre los líderes religiosos,  pidiendo su opinión,  pero dándoles sólo 13 días para su respuesta.

El intento "teatral" por "parecer democráticos" produjo fuertes reacciones en la Iglesia Católica. El obispo de Kontum,  Mons. Michael Hoang Duc Oanh,  escribió una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, juzgando el proyecto de ley como “una violación al derecho de la libertad religiosa, que va contra la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos y contra la Constitución de la República Socialista de Vietnam”. La misma demuestra asimismo que el objetivo del gobierno es “interferir profundamente en los asuntos religiosos”, poniendo en acto políticas de control que “instan a la corrupción y dan lugar a abusos por parte de las autoridades locales”.

Con palabras similares, una declaración del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Obispos de Vietnam fechada el 5 de abril de 2015, se lamenta de que “el proyecto de la nueva ley va contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 18) y la Constitución de la República Socialista de Vietnam,  modificada en el año 2013 (art. 24). Nosotros vemos a esta ley como un paso hacia atrás, si se la compara con la Reglamentación de los Credos y Religiones del año 2004. Este proyecto de ley traerá demasiadas complicaciones en los procedimientos, con mecanismos limitados y restringidos que terminarán frenando las actividades religiosas”.

Los obispos concluyen su declaración con una clara advertencia: : “Nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre credos y religiones. Les rogamos que piensen en una ley diferente, que esté en sintonía con las formas de libertad y democracia y a la altura de una sociedad que quiera progresar. Un nuevo proyecto de ley debiera surgir como resultado de una consulta previa con las organizaciones religiosas. Debería reconocerse y protegerse especialmente el status [legal] de las organizaciones religiosas”.

El gobiernos ha hecho oídos sordos a todos estos reclamos y en la reunión del pasado 14 de agosto la Asamblea Nacional continuó discutiendo y aprobando el viejo borrador del controvertido proyecto de ley.

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