27/02/2015, 00.00
NEPAL
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Nepal, Corte Suprema: No a la amnistía por la guerra civil

El tribunal anuló la resolución de la concesión de una amnistía a quienes han cometido graves abusos contra los derechos humanos durante la guerra civil. El gobierno se ha comprometido a respetar la decisión de la corte. De 1996 a 2006 más de 17 mil personas perdieron la vida; 1.300 personas han desaparecido; miles de personas han sido desplazadas.

Katmandú (AsiaNews / Agencias) - El Tribunal Supremo de Nepal ha cancelado el decreto de amnistía para los autores de graves abusos contra los derechos humanos durante la guerra civil. Introducido en 2013 por el gobierno, el fallo "es contrario a los principios establecidos de la justicia, las medidas constitucionales, el derecho internacional y de las sentencias judiciales anteriores". Los jueces emitieron el veredicto de ayer, en respuesta a la apelación presentada por 234 víctimas del conflicto en junio de 2014.
El gobierno en Katmandú dijo que honrará la decisión del tribunal.
En abril de 2013, el gobierno aprobó una ley de compromiso que creó dos grupos de investigación, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la Comisión de Desapariciones forzadas, ambas con el poder de conceder la amnistía a los responsables de graves violaciones los derechos humanos. Inmediatamente la medida fue ampliando, condonando, como una medida para proteger a los autores de esos crímenes, muchos de los cuales hoy ocupan posiciones de poder en el ejército o en los partidos políticos.
Durante años, Nepal busca una forma de hacer justicia a las víctimas de las violaciones que se produjeron durante el conflicto entre los rebeldes maoístas y fuerzas de seguridad (1996-2006), que en 2008 llevó a la abolición de la monarquía absoluta hindú y la creación de una democracia secular . Durante la guerra civil, más de 17 mil personas fueron asesinadas; 1.300 personas han desaparecido; miles de personas han sido desplazadas. Tanto las fuerzas gubernamentales y los rebeldes maoístas han sido acusadas ​​de abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones, violaciones y torturas.
Dinesh Tripathi, uno de los abogados de las víctimas, calificó de "histórica" ​​la decisión tomada por el Tribunal Supremo. "Es un duro golpe a los partidos políticos que querían una comisión que convenía a sus intereses".

Firmado en 2006 por los rebeldes y el gobierno para poner fin al conflicto, el acuerdo de paz incluía el compromiso de investigar los abusos en los próximos seis meses. Sin embargo, los intentos de los gobiernos sucesivos de esclarecer la verdad han fracasado debido a las diferencias políticas.

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