04/08/2017, 15.30
TUNEZ - ISLAM
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Túnez, la ley contra la violencia perpetrada contra la mujer, un buen fruto de la primavera árabe

de Luca Galantini

La ley que acaba de ser votada, condena toda forma de violencia y discriminación, incluso la que se comete entre los muros del hogar. Casi el 50% de las mujeres tunecinas es víctima de violencia doméstica. No hay perdón para los violadores. Paridad de derechos en el trabajo. Al igual que Marruecos, Túnez quiere progresar en el desarrollo de los derechos y las libertades civiles, salvaguardando su identidad islámica. 

Milán (AsiaNews) – La estación de las “Primaveras árabes” en muchos países ha ido decayendo,  dejando tras de sí traumas e ilusiones que han disuelto las grandes esperanzas de cambio en nombre de los derechos de la libertad y la democracia invocados por las sociedades civiles.  

La transición democrática en los Estados pertenecientes al variado mundo musulmán, que se extiende desde el norte de África hasta el Oriente Medio, habiendo pasado más de 5 años del comienzo de las primeras revueltas políticas en las sociedades árabes, hoy todavía aparece obstaculizada por muros infranqueables.

Esta clave de lectura –que domina los medios masivos de comunicación y las cancillerías del mundo político internacional- en realidad es demasiado pesimista, porque es desmentida por algunos países árabes que confirman estar a la vanguardia en lo que respecta al esfuerzo por la promoción y la tutela de los derechos humanos en el mundo musulmán.

Éste es el caso de Marruecos y Túnez, dos Estados que han sabido demostrar con tenacidad la voluntad de proseguir en el difícil camino de desarrollo de los derechos y de las libertades civiles, según las indicaciones laicas de los principales tratados y convenciones internacionales, no obstante manteniendo inalterada la centralidad de la propia identidad religiosa islámica.

En el Reino de Marruecos, en los últimos meses, la Alta Comisión de Asuntos Religiosos, compuesta por los Ulemas, ha reconocido la ilegitimidad de la pena de muerte en caso de apostasía, admitiendo, de hecho, el pleno derecho de los ciudadanos marroquíes de convertirse a otro credo religioso distinto del islam, sin sufrir persecuciones: un paso delante de enorme importancia para la tutela de la libertad religiosa, signado por el art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En Túnez, en los últimos días, el Parlamento aprobó de manera definitiva la ley para la protección de las mujeres contra toda forma de violencia y discriminación, en nombre de una paridad absoluta de sexos: una ley que en su momento fue definida como histórica por los observadores internacionales, porque, por primera vez, los partidos políticos tunecinos, tanto laicos como de inspiración religiosa islámica, demostraron que quieren erradicar, ateniéndose a un marco legislativo, lo que conforma una verdadera plaga social, que es la discriminación de la mujer entre los muros de su propio ámbito doméstico, en los lugares públicos y en el mundo del trabajo.

Los datos oficiales que han sido brindados, tanto por el Estado como por organizaciones no gubernamentales autorizadas, hablan con claridad y son impresionantes: según datos publicados por el gobierno a través de la Office National du Planning familial, casi el 50% de las mujeres tunecinas declara haber sufrido formas de violencia en el ámbito doméstico familiar.  

Un estudio elaborado por el CREDIF, el Centro de investigación y documentación sobre la situación de la mujer en la sociedad civil, confirma que más del 40% de las mujeres tunecinas ha denunciado haber sufrido episodios de violencia física, tanto en el ámbito familiar como en el público, pero el dato más estremecedor es que más del 70% de las mujeres reconoce haber sufrido formas de abuso o violencia sexual.

Human Rights Watch, una ONG internacional comprometida en el frente de la tutela de los derechos humanos, ha reconocido por boca de la responsable de su oficina tunecina, Amina Guellali, que, con esta ley, el Estado finalmente ha introducido los instrumentos jurídicos necesarios para derrotar la odiosa práctica de la violencia contra las mujeres y así emprender el camino rumbo a la plena paridad de derechos entre los sexos, en armonía con la Convención de la ONU para la tutela de los derechos de las mujeres.

La nueva ley tuvo que atravesar un camino sufrido de un año de duración antes de ser aprobada, y se inspira en el art. 46 de la nueva Constitución del año 2014, que reconoce por primera vez y en forma explícita el compromiso del Estado en lo que hace a promover y garantizar la plena paridad entre sexos y la dignidad de la mujer.

Compuesta por 43 artículos, la ley aprobada apunta a perseguir todas las más dispares formas de discriminación y violencia ejercida sobre la mujer: prevé la condena de maridos y familiares que ejerzan la violencia entre los muros del hogar, a la vez que introduce la protección de las mismas mujeres en la familia a través de la previsión de órdenes de restricción (el marido o el familiar puede ser alejado del espacio doméstico).  

Luego se le reconoce a la mujer el derecho de presentar la denuncia por abusos sexuales sufridos en lugares públicos, una de las realidades más humillantes a las que, todavía hoy, se somete a las mujeres.

En el campo del mundo del trabajo, finalmente fue introducida la punibilidad para el empleador que contrate una mujer con una retribución inferior en comparación al trabajador masculino en paridad de roles y tareas: ha de considerarse que la discriminación salarial hoy en día es, lamentablemente, una práctica que sigue siendo común en muchos países árabes, y no sólo en los que son árabes.

Pero quizás la norma legal más alentadora es la que se refiere a la tutela de la dignidad de la personas humana y la que deroga un artículo del código penal tunecino que es particularmente odioso: el 227 bis, según el cual el violador de una muchacha menor de quince años de edad tenía la posibilidad de no ser condenado por el delito cometido en caso de haberse luego casado con la menor abusada. Un artículo tan cruel y discriminatorio, que en los últimos años se ha convertido en el símbolo de la lucha por los derechos civiles en la sociedad tunecina.

Es cierto que la nueva ley 60 no resuelve completamente el problema de la discriminación de la mujer –por ejemplo, no se han eliminado las normas en materia de sucesión hereditaria que prevén que la mujer herede la mitad de lo que heredan sus hermanos- pero seguramente es una señal concreta del camino que la sociedad árabe islámica de Túnez tiene intenciones de recorrer, a favor de la tutela de los derechos de la persona.

Es importante subrayar que fue precisamente Túnez, en 2011, el lugar de donde partió el primer movimiento que dio inicio a la estación de las Primaveras árabes, a través de la denominada Revolución de los Jazmines: un movimiento popular, surgido desde la base de la sociedad civil, que había tomado conciencia de la necesidad de recuperar la propia dignidad,  enfrentando la corrupción y la prepotencia de la clase política del régimen de Ben Ali.

Tal como ha subrayado el mismo Osservatore Romano, esta ley es entonces un paso histórico para la dignidad de las mujeres: pero no es sólo eso, porque Túnez, a la par de otros países como Marruecos, tiene la oportunidad de demostrar que es un modelo de referencia en el mundo islámico en lo que hace a la democracia y a los derechos civiles, después de las traumáticas ilusiones de las Primaveras árabes. 

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