Bangkok. Apenas terminaron las elecciones, volvieron a acusar al People's Party de lesa majestad

de Steve Suwannarat

La Comisión nacional anticorrupción considera que 44 miembros del partido reformista, que llegó segundo en las elecciones del domingo, habrían "violado la ética". En realidad, en 2021 habían propuesto enmiendas al Artículo 112, que con el tiempo se ha convertido en un instrumento para reprimir las voces críticas. Está en peligro el mandato de algunos parlamentarios, que deberían presentar la renuncia incluso antes de que comience el juicio. Las Naciones Unidas también han pedido que se modifique la controvertida norma.

Bangkok (AsiaNews) - Al día siguiente de la votación del domingo 8 de febrero - en la que el People’s Party, resultó en segundo lugar pese a que las encuestas previas anticipaban que sería el ganador - la Comisión nacional anticorrupción (NAAC) acusó a 44 miembros del partido en virtud del artículo 112 del Código Penal, conocido como Ley de lesa majestad.

El “delito” - por “graves violaciones de la ética” - data de 2021, y hace referencia precisamente a la solicitud de modificación del Art. 112 que, propuesto y aceptado como instrumento para proteger la dignidad y la función de la monarquía, se ha convertido en un instrumento de represión contra los que se oponen al constante control de las fuerzas armadas en apoyo de las élites del país. De los 44 detenidos, 10 todavía se encuentran en el cargo y podrían verse obligados a renunciar anticipadamente a su mandato, lo que supondría graves repercusiones para la enésima reencarnación del partido progresista, líder de las demandas de los jóvenes y de la clase media urbana. Su predecesor, el Move Forward Party, a pesar de haber ganado las elecciones de 2023 por una amplia mayoría, fue excluido del gobierno por acusaciones similares a las que se formulan ahora contra los miembros del People's Party y fue obligado a disolverse cuando la Corte constitucional dictaminó en 2024 que cualquier intento de enmendar el Art. 112 constituye un abuso de poder.

En esta oportunidad, si la Corte Suprema decidiera - al cabo de un periodo de tiempo no establecido - aceptar el caso, los diputados del People's Party deberían renunciar inmediatamente, sin esperar que comience un juicio. La nueva peripecia política y judicial, que ha puesto en la mira la política reformista, pone en evidencia no sólo la arbitrariedad de las acusaciones y la intolerancia con las opiniones que no se ajustan a los ideales impuestos oficialmente, sino el creciente rol de organismos formalmente independientes de control de las actividades de los parlamentarios durante su mandato, sin consideración alguna por las decisiones de los electores.

Hay decenas de exparlamentarios que se encuentran bajo investigación o ya han sido formalmente acusados por haber intentado suavizar la severidad del Art. 112. Sin embargo, además de los políticos reformistas o no alineados con los ideales conservadores y nacionalistas, se ven especialmente afectadas las personas o grupos que difunden en las redes sociales mensajes que se consideran ofensivos, independientemente del hecho de que sean los autores o sólo los compartan. Pero la casuística incluye también políticos y académicos críticos con la monarquía y los militares, elementos hostiles al control de unos pocos sobre los recursos y derechos, e individuos con limitada capacidad para comprender y decidir.

Cada cargo puede conllevar entre tres y 15 años de cárcel, y los raros casos de sentencia reducida o suspensión de la pena se deben a una decisión de clemencia del soberano. Las Naciones Unidas también han pedido que se modifique la controvertida norma para alinearla con los estándares de legalidad internacionales, comenzando por el respeto a la libertad de expresión.