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Bangkok. Empresarios denuncian a agencias del gobierno: 'Sobornos insostenibles'
El principal organismo que representa al sector privado acusó a diez entidades públicas de extorsión contra empresas y ciudadanos. El creciente peso de las inversiones extranjeras en el sur turístico del país podría haber influido, pero desde hace tiempo el sistema de corrupción se considera estructural e involucra a la burocracia, las fuerzas del orden y la política.
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Bangkok (AsiaNews) - La corrupción generalizada en amplios sectores de la administración pública tailandesa es desde hace tiempo una realidad conocida para la población, que a menudo se adapta a un sistema que percibe como inevitable, intentando sacar provecho de él a pesar de sufrir sus efectos negativos. Sin embargo, la crisis económica y social que atraviesa el país parece haber llevado este modelo más allá del límite de lo tolerable, impulsando incluso al mundo empresarial a denunciarlo públicamente.
El Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking (JSCCIB), el principal organismo de representación del sector privado de Tailandia, denunció abiertamente hace poco tiempo la situación, y acusó a diez agencias del gobierno de prácticas de extorsión contra ciudadanos y empresas. El Comité afirma que numerosas empresas se han visto obligadas a pagar sobornos a funcionarios públicos para obtener documentos, autorizaciones y permisos indispensables para sus actividades.
Se trata de una decisión sin precedentes para el mundo empresarial tailandés, que ha generado un fuerte debate público y podría abrir escenarios hasta ahora impensables. Por el momento, las acusaciones se dirigen principalmente a la burocracia y a los organismos reguladores, pero varios observadores se preguntan si la denuncia también podría extenderse pronto a la esfera política, donde las exigencias de dinero, favores o concesiones son aún mayores y generalmente imposibles de evitar.
De hecho, según muchos analistas, el sistema de sobornos en Tailandia no es un caso aislado sino un mecanismo estructural que involucra a múltiples niveles de la administración pública, incluyendo las instituciones que deberían garantizar la legalidad y la justicia.
La decisión de los empresarios de denunciar públicamente esta situación también podría estar relacionada con la creciente afluencia de inversiones extranjeras en las principales zonas turísticas del sur del país, como Koh Phangan, Phuket y Surat Thani. En los últimos meses, los medios tailandeses han informado casi a diario sobre presuntos abusos, empresas fantasmas y sistemas de testaferros que se utilizan para eludir las restricciones a la propiedad extranjera.
Parte del debate refleja asimismo la desconfianza cultural hacia la presencia económica extranjera en territorio tailandés. Sin embargo, numerosos comentaristas consideran que el problema principal radica sobre todo en la connivencia o la escasa supervisión de las autoridades locales encargadas de aprobar licencias, controlar las actividades económicas y garantizar el cumplimiento de las normas.
En un editorial del Bangkok Post, el periodista y analista Veera Prateepchaikul se pregunta si el caso ha estallado ahora “porque los funcionarios se han vuelto cada vez más codiciosos y exigen sobornos cada vez más altos, hasta el punto de que los empresarios ya están hartos, han perdido la paciencia y han dicho basta”.
El mismo Veera observa que cualquier intento de abordar seriamente el fenómeno corre el riesgo de parecer insuficiente sin la implicación directa de los aparatos locales más influyentes, “entre ellos inmigración, policía, hacienda, catastro y comercio”, cuyo papel en las prácticas vinculadas a las empresas fantasmas y la corrupción sigue siendo central.
La iniciativa del sector privado podría, por tanto, obligar también a la política a adoptar una postura más clara, en un contexto en el que crece la intolerancia de la opinión pública hacia prácticas consideradas durante años casi “necesarias”. Un sistema que, según los críticos, no se basa en el mérito sino en redes de fidelidad y dependencia mutua, donde quien obtiene poder o cargos debe luego recompensar a los superiores de los que depende, y que contribuye a mantener a amplios sectores de la población en una condición de subordinación y precariedad, privados de herramientas eficaces para oponerse a los abusos o reclamar sus derechos.
