La República Popular China ha publicado una nueva normativa dirigida a los inversores locales que utilizan intermediarios extranjeros para operar en el exterior. En nombre de la "seguridad nacional", el gobierno podrá imponer modificaciones, ordenar la venta de participaciones o incluso anular inversiones ya realizadas. Las nuevas normas llegan tras la polémica venta de la startup Manus a Meta. También se imponen límites a la colaboración con las autoridades judiciales extranjeras.

 

Milán (AsiaNews/Agencias) - El gobierno chino publicó el 1 de junio una nueva normativa que refuerza significativamente el control sobre las inversiones en el exterior realizadas por entidades chinas. Las disposiciones, que entrarán en vigor el 1 de julio, amplían las facultades de supervisión del Estado e integran las inversiones en el exterior dentro del sistema más amplio de seguridad nacional, control de las exportaciones, gestión de datos y protección de tecnologías estratégicas.

La decisión se ha tomado pocas semanas después del caso Manus, una startup china de inteligencia artificial cuya adquisición por parte de Meta fue cuestionada por Beijing. Según las autoridades chinas, la operación habría infringido la normativa sobre las inversiones en el exterior, lo que pone de manifiesto la creciente atención del gobierno a la transferencia de activos tecnológicos sensibles a entidades extranjeras.

Uno de los aspectos más importantes del nuevo reglamento es la ampliación de la definición de “inversor”. Anteriormente las normas se aplicaban principalmente a empresas y organizaciones con sede en China. Ahora también quedan expresamente comprendidos los ciudadanos chinos. Quienes realicen inversiones en el exterior sin las autorizaciones necesarias o los procedimientos de registro correspondientes podrán ser objeto de sanciones económicas y de la confiscación de los beneficios obtenidos ilegalmente. Esta novedad ayuda a explicar las recientes restricciones impuestas a los inversores privados que utilizan intermediarios extranjeros para transferir capitales al exterior.

Las nuevas normas también vinculan directamente las inversiones en el exterior con el sistema chino de control de las exportaciones. Los inversores no podrán transferir al exterior bienes, tecnologías, servicios o datos cuya exportación esté prohibida. Para los materiales clasificados como “sensibles” se requerirá una autorización previa. La prohibición no solo afecta a la transferencia física de tecnología, sino también a formas indirectas como el envío de personal técnico al exterior, programas de formación internacional, servicios de consultoría transfronteriza o el empleo de trabajadores chinos en otros países. De esta manera el gobierno también extiende su control a los flujos de conocimientos, competencias y capital humano.

Otra disposición clave se refiere a la seguridad nacional. Las autoridades competentes podrán revisar inversiones, adquisiciones, cesiones de activos u otras operaciones internacionales que puedan tener un impacto en la seguridad de China. Si una operación se considera riesgosa, el gobierno podrá imponer cambios, ordenar la venta de participaciones o incluso anular inversiones ya realizadas. Esto genera nuevos riesgos regulatorios para los inversores y las empresas que operan en sectores estratégicos, especialmente en los ámbitos de la tecnología avanzada, los datos y la inteligencia artificial.

Las normas también limitan la colaboración con las autoridades judiciales y regulatorias extranjeras. Las empresas y los ciudadanos chinos involucrados en litigios, arbitrajes o investigaciones internacionales deberán cumplir con las leyes chinas sobre secretos de Estado, seguridad de datos, protección de información personal y controles de exportación antes de proporcionar documentos o pruebas autoridades extranjeras. En muchos casos, será necesario obtener autorizaciones gubernamentales previas. Esto dificultará que los gobiernos extranjeros obtengan información de empresas chinas.

Un elemento particularmente relevante es la extensión de las normas a las inversiones directas en Hong Kong, Macao y Taiwán, salvo que haya normativas específicas. Muchos observadores consideran que esto representa tanto una señal política de soberanía como una posible limitación del papel de Hong Kong como centro financiero internacional, a pesar de que en los últimos años muchas empresas chinas han elegido cotizar allí para acceder a mercados de capitales más abiertos.

Las nuevas disposiciones también otorgan a Beijing herramientas de represalia contra los países que limiten las inversiones chinas. Si un Estado extranjero adopta sanciones o restricciones contra empresas chinas, el gobierno chino podrá prohibir podrá prohibir que las empresas de ese país inviertan o comercien en China. En casos extremos, podrá incluso revocar visados y permisos de trabajo a los empleados extranjeros implicados. Por ejemplo, si Estados Unidos incluyera a una empresa tecnológica china en una lista de sanciones, Beijing podría bloquear una adquisición por parte de una empresa estadounidense, aunque no estuviera directamente relacionada con la controversia.

Según diversos analistas, estas medidas reflejan la creciente convicción de las autoridades chinas de que las inversiones internacionales no son solo una cuestión económica, sino también un instrumento de la competencia geopolítica. En una sesión de preguntas y respuestas que se llevó a cabo para presentar la nueva normativa, funcionarios del Ministerio de Justicia, de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y del Ministerio de Comercio afirmaron que la normativa responde al aumento de los riesgos geopolíticos y a la intensificación de la competencia internacional.

El objetivo declarado es proteger la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo de China. Además, el gobierno ha subrayado que el nuevo marco normativo transforma en ley prácticas de control que antes se aplicaban sobre todo mediante disposiciones administrativas. En otras palabras, las medidas que antes eran temporales o discrecionales pasan a formar parte ahora de un sistema jurídico estable y permanente.

En conjunto, la normativa representa un paso más hacia la integración entre la política económica, la seguridad nacional y la estrategia geopolítica. Para las empresas y los inversores chinos será cada vez más difícil operar en el exterior sin la supervisión del Estado. Al mismo tiempo, China reforzará las herramientas legales para contrarrestar las sanciones occidentales, controlar la salida de capitales y preservar su ventaja en sectores que se consideran estratégicos.

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