Bimkom: registro imposible. Netanyahu ordena expropiación sin precedentes de tierras palestinas

de Dario Salvi

La asociación israelí que lucha contra el uso político del urbanismo en Cisjordania para arrebatar tierras a los palestinos explica la mala fe de la norma que obliga a demostrar la propiedad en el Área C. Está en juego el 58% de los terrenos en lugares donde no existía un catastro antes de 1967. Activistas y ONG hablan de “medida sin precedentes” desde la guerra de los Seis días. Michal Braier: es un sistema jurídico “discriminatorio” que permite la expropiación “sistemática” para favorecer las colonias.

Milán (AsiaNews) - Es una medida sin precedentes desde la guerra de los Seis días de 1967, una expropiación masiva de tierras en Cisjordania como resultado de una política de anexión que ignora el derecho internacional e incluso los límites fijados por su aliado estadounidense, comenta a AsiaNews la ONG israelí Bimkom-Planning and Human Rights sobre la nueva norma aprobada por el gobierno de Netanyahu. La organización está formada por urbanistas y arquitectos que luchan para proteger a los palestinos en sus tierras, y en estas horas denuncia la ley como una forma encubierta de anexión. Bimkom considera que esta decisión “exacerba el conflicto palestino- israelí”, impide cualquier “solución política” del mismo y viola los derechos de los palestinos “a una vida digna, un desarrollo territorial adecuado y la autodeterminación”.

Hace apenas unos días, cuando recibió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, el presidente de EE. UU. Donald Trump reiteró su oposición a la apresurada decisión de permitir los asentamientos y la confiscación de tierras a los palestinos. Sin embargo, el domingo el gobierno israelí aprobó igualmente una disposición que obliga a todos los propietarios de tierras ubicadas en lo que se denomina Áreas C a demostrarlo, o de lo contrario la propiedad pasa al Estado. El procedimiento, sólo aparentemente administrativo, permite de hecho transferir a manos de Catastro una gran parte de Cisjordania, un paso que no se había dado en sesenta años. Para registrar la zona, la norma exige documentos que acrediten la posesión según un trámite que, en la mayoría de los casos, resulta imposible debido a la dispersión de los archivos, documentación incompleta y requisitos estrictos. Los expertos señalan que será muy difícil para los palestinos hacer valer sus derechos, que se remontan a cuando aún no existía un catastro. De este modo las tierras podrán ser declaradas “propiedad estatal”, lo que suele ser la premisa para la transferencia indirecta a los colonos, en lo que equivale a una anexión de facto.

La revolución de los asentamientos

No es casualidad que, aplaudiendo la norma, el ministro israelí de Finanzas Bezalel Smotrich - el político israelí más directamente vinculado al mundo de los colonos - haya declarado que la medida permite continuar “la revolución de los asentamientos” y “el control de todas las partes de nuestro país”. Añadió que el nuevo trámite de registro permitirá “prevenir conflictos, garantizar certeza jurídica y permitir un desarrollo legal y responsable” en Judea y Samaria (el nombre bíblico usado para las tierras palestinas en Cisjordania, ndr). Una confirmación más de la política de Netanyahu orientada a impedir el nacimiento de un Estado palestino, al que se considera una “amenaza para la seguridad nacional”.

Concretamente, la disposición - aprobada por el ministro pro-colonias junto con el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el titular de Defensa, Israel Katz - afecta a tierras que pertenecen a los palestinos pero que, en la práctica, están gobernadas y controladas por Israel. El procedimiento se aplica al Área C, una de las tres en las que se dividió el territorio según los Acuerdos de Oslo de los años '90 y que, al menos en teoría, habrían formado parte de un futuro Estado palestino. Esta constituye aproximadamente el 60% de la superficie, que ha permanecido enteramente bajo el control administrativo del Estado judío aunque allí viven más de 300 mil palestinos. En los días previos el gobierno de Netanyahu había aprobado otras medidas de control, como el levantamiento de la prohibición de vender tierras en Cisjordania a judíos israelíes y la publicación de registros catastrales del territorio para facilitar las ventas. Hasta ahora, a los no musulmanes no se les permitía comprar tierras a título personal, sino sólo a través de sociedades privadas. La Autoridad Nacional Palestina habla de “grave escalada” y “flagrante violación del derecho internacional”, y para Hamás es un intento “nulo y carente de valor” de “judaizar” la tierra. Jordania, Qatar, Turquía y Egipto también expresaron su condena.

Robo masivo de tierras palestinas

Una de las primeras voces críticas ha sido la del movimiento pacifista israelí Peace Now: “Pocos días después de la declaración de Trump en la que subrayaba su oposición a la anexión de Cisjordania por parte de Israel, el gobierno - afirman en una nota - ha decidido proceder con una medida que equivale a una plena anexión. Advertimos al presidente Trump: Netanyahu lo está engañando”, está llevando adelante este plan “justo delante de sus narices. La decisión del gobierno sobre el asentamiento de tierras en Cisjordania es una mega apropiación de propiedades palestinas. El registro de los terrenos conllevará la transferencia de la propiedad de la gran mayoría del Área C al Estado, dejando a los palestinos sin ninguna posibilidad práctica de ejercer sus derechos de propiedad. No es casualidad - concluyen - que el derecho internacional prohíba el asentamiento en los territorios ocupados y que el propio Israel haya emitido una orden que lo prohíbe desde 1967”.

Según la resolución del gabinete, promovida por Defensa, Finanzas y Justicia, el comandante del Comando Central de las FDI - gobernador militar de facto de Cisjordania - podrá autorizar al departamento de Catastro a llevar a cabo el proceso de registro de tierras. Se instituirá una repartición encargada de realizar el trabajo, tras una asignación inicial de casi 80 millones de dólares y la creación de decenas de nuevos puestos de trabajo. El Área C comprende unos 3,3 millones de dunams (mil m2), divididos en 1,4 millones de parcelas registradas (42%) y 1,9 millones de parcelas no registradas (58%). El proceso de registro de los títulos de propiedad permitirá a Israel controlar los 1,9 millones de dunams de parcelas no registradas (58% del Área C). Aproximadamente un millón de dunams de esta zona han sido declarados propiedad del Estado y ahora pueden ser formalmente registrados a nombre del Estado, junto con otras áreas de las que los palestinos no podrán demostrar la propiedad.

Ejercicio ilegal de soberanía

En un exhaustivo estudio enviado a AsiaNews, Michal Braier, de Bimkom-Planning and Human Rights, subraya que estas medidas “están en línea” con la “política de anexión” del gobierno israelí y constituyen “un ejercicio de autoridad soberana prohibido” por el derecho internacional. “La intención - prosigue - no es facilitar el Estado de derecho, sino consolidar aún más el régimen de apartheid de Israel en Cisjordania, basado en un sistema legal discriminatorio que promueve la expansión territorial israelí a expensas del espacio palestino”. Este proceso de registro de tierras, o resolución de los títulos de propiedad (SOLT), ha estado congelado durante casi 60 años y ahora se vuelve a utilizar a pesar de que supone una flagrante violación del derecho, como lo demuestran los precedentes en Jerusalén Este. El experto considera que se trata de una “expropiación sistemática” de tierras palestinas “para promover” las colonias. El movimiento repasa los últimos pasos: “En mayo el gobierno ordenó al mando militar recuperar el control de los SOLT en Cisjordania; en diciembre asignó 41 funcionarios públicos para llevar a cabo el trabajo; en enero la Corte Suprema rechazó una petición presentada por grupos de derechos humanos (Yesh Din, Bimkom, la Asociación para los Derechos Civiles en Israel, HaMoked), considerándola ‘prematura’. Y en febrero se adopta la decisión de completar el SOLT para el 15% de los terrenos no registrados en un plazo de cuatro años”.

Bimkom fue fundada en 1999 por urbanistas y arquitectos con el objetivo de fortalecer la democracia y los derechos humanos en la planificación territorial y las políticas de vivienda en Israel y en el Área C de Cisjordania, bajo el control israelí. Promueve el desarrollo de políticas y prácticas de planificación que sean equitativas y respetuosas con los derechos de las comunidades locales, con mayor atención a los sectores más vulnerables de la sociedad. “El registro de la propiedad - explica Michal Braier - es el proceso a través del cual la propiedad de la tierra queda registrada de modo definitivo ante el Estado. El derecho internacional es claro: como potencia ocupante, Israel no puede ejercer poderes soberanos, incluyendo la determinación definitiva de la propiedad, en un territorio ocupado”. “Esta posición fue reforzada por la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2024, que estableció que procedimientos SOLT similares en Jerusalén Este violan las leyes sobre la ocupación. Además, la decisión de autorizar a las autoridades civiles israelíes a gestionar los procedimientos de registro de las tierras constituye también un claro indicio de la anexión del área. El proceso previsto en Cisjordania - concluye - no es, por tanto, una formalidad administrativa, sino una aplicación directa de la política del gobierno orientada a promover la anexión de vastas áreas de Cisjordania”.

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