30/06/2026, 17.07
PAKISTÁN
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Continúa la represión de Islamabad en Baluchistán tras la condena a cadena perpetua de Mahrang Baloch

Tras la condena de la líder del Baloch Yakjehti Committee, la policía ha dispersado nuevas protestas en Quetta y ha detenido a varios manifestantes. Nadia Baloch, hermana de la activista, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior, mientras que los observadores advierten: reprimir la disidencia no violenta corre el riesgo de avivar la insurrección contra el Gobierno pakistaní.

Quetta (AsiaNews) – La condena a cadena perpetua de la activista Mahrang Baloch no ha sofocado las protestas en Baluchistán. Al contrario, en los últimos días, la provincia del suroeste de Pakistán ha sido escenario de nuevas manifestaciones, detenciones y denuncias de represión por parte de las autoridades, mientras que la hermana de la líder del Baloch Yakjehti Committee (BYC), Nadia Baloch, ha anunciado que el veredicto, dictado hace una semana, será recurrido ante el Tribunal Superior de Baluchistán.

Las protestas estallaron en Quetta tras la decisión del tribunal antiterrorista que condenó a Mahrang Baloch (detenida desde marzo de 2025) y al dirigente del BYC, Sibghatullah Shah, por el asesinato de un miembro del Cuerpo Fronterizo durante una manifestación en Gwadar en julio de 2024. 

Según informa la BBC Urdu, la manifestación convocada para ayer, 29 de junio, en el barrio de Sariab, cerca del Hotel Burma de Quetta, fue impedida por un despliegue policial masivo. Los agentes bloquearon el acceso a la zona y detuvieron al menos a ocho personas, entre ellas una mujer. Posteriormente, grupos de manifestantes se reunieron en otros puntos de la ciudad, incendiaron algunos neumáticos y exigieron la liberación de los dirigentes del BYC.

Nadia Baloch, abogada y hermana de Mahrang, ha confirmado que la defensa presentará un recurso contra la sentencia, que, según ella, adolece de numerosas irregularidades: desde el retraso en la tramitación de la denuncia hasta las contradicciones en los testimonios de la acusación, pasando por el traslado del juicio al interior de la prisión, una decisión que habría vulnerado el derecho a un juicio público y justo. Según el tribunal, en cambio, a los acusados se les garantizaron todas las garantías previstas por la ley.

Mientras tanto, continúa la presión del Gobierno pakistaní sobre los líderes del movimiento. El BYC ha denunciado que, en la noche del domingo al lunes, la policía y varios agentes de los servicios de inteligencia irrumpieron en la vivienda de Sammi Deen Baloch, una de las figuras destacadas de la organización, mientras la casa estaba vacía. En un comunicado publicado en las redes sociales, el BYC ha explicado que los agentes derribaron la puerta, causaron daños en la vivienda, confiscaron libros y se llevaron objetos de valor. 

Sammi Deen Baloch es una de las voces más conocidas de la campaña contra las desapariciones forzadas en Baluchistán. Lleva diecisiete años pidiendo noticias de su padre, el médico Deen Mohammad Baloch, desaparecido tras una supuesta detención por parte de las fuerzas de seguridad y del que nunca más se ha sabido nada. Según el BYC, la redada representa «el enésimo intento de intimidar y silenciar a quienes denuncian las violaciones de los derechos humanos en la provincia».

El movimiento denuncia además que la protesta pacífica organizada el 29 de junio por los familiares de los dirigentes detenidos también fue dispersada por la policía. Varios manifestantes fueron detenidos y, según los organizadores, durante algunas horas no se supo adónde los habían llevado. Poco antes del inicio de la manifestación, Nadia Baloch había escrito en las redes sociales que las fuerzas de seguridad ya habían rodeado el lugar de la concentración, advirtiendo del riesgo de cargas y detenciones y afirmando que «el Estado tiene miedo incluso de una protesta pacífica».

Sabiha Baloch, otra dirigente del BYC, también ha acusado a las autoridades de impedir cualquier forma de disidencia. En un mensaje difundido en X, ha denunciado que en Pakistán «ya no es posible organizar ni siquiera una rueda de prensa o una manifestación pacífica».

El suceso se inscribe en un contexto de creciente tensión en la provincia más extensa y más pobre de Pakistán. Rico en yacimientos de cobre, oro y gas natural, Baluchistán lleva décadas sumido en una insurrección separatista liderada por el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), que lleva a cabo ataques armados contra el ejército pakistaní y contra los proyectos del Corredor Económico China-Pakistán. Paralelamente, organizaciones como el Comité Baloch Yakjehti han intentado llevar a cabo una movilización no violenta para denunciar las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército pakistaní.

En unas declaraciones concedidas a la Deutsche Welle, Sammi Deen Baloch advirtió de que atacar también a los activistas que optan por medios democráticos corre el riesgo de convencer a muchos jóvenes de que la protesta pacífica ya no tiene ninguna posibilidad de obtener resultados. Una valoración que también comparte Abdul Basit, investigador del Centro Internacional de Investigación sobre Violencia Política y Terrorismo de Singapur, al que también entrevistó la agencia alemana, y según el cual la represión de las formas de disidencia no violenta podría reducir aún más el espacio para el diálogo político y acabar reforzando precisamente a las organizaciones armadas que Islamabad afirma querer aislar.

 

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