Controles alimentarios y propaganda: las tareas «extra» de los profesores chinos

de Silvia Torriti

En Wuhan, la petición de acudir al amanecer a inspeccionar las verduras destinadas a los comedores escolares ha desatado una protesta. Pero entre las tareas no docentes asignadas al profesorado también se encuentra dar «me gusta» a las publicaciones de las cuentas públicas en las redes sociales. Mientras tanto, cada vez más centros recurren al mercado de los alimentos precocinados, señalado por el Partido como uno de los sectores clave que hay que impulsar en la economía.

Milán (AsiaNews) - A pesar de que las medidas vigentes sancionan este tipo de conductas, los profesores de primaria y secundaria chinos siguen sobrecargados de tareas no docentes. Así lo demuestra lo ocurrido hace unas semanas en algunos centros de la ciudad de Wuhan, donde, al parecer, se obligó a los docentes a encargarse, a primera hora de la mañana, de la recogida y la inspección de las verduras destinadas a los comedores de sus colegios.

Ante la noticia, el foro de debate en línea de la ciudad se vio inundado de comentarios indignados de los usuarios, hasta el punto de que las autoridades locales se vieron obligadas a aclarar públicamente lo sucedido.

Sin embargo, estas últimas se habrían limitado a restar importancia al suceso, afirmando que la tarea de inspeccionar las verduras se asignaba en realidad de forma voluntaria y que, en cualquier caso, dicha práctica se había suspendido.

Encargar a los docentes tareas que no forman parte de sus obligaciones contraviene, de hecho, lo previsto en el «Plan para la construcción de una nación con un sistema educativo sólido (2024-2035)», publicado en enero de 2025 por el Comité Central del Partido Comunista Chino y el Consejo de Estado, en el que se subraya que deben protegerse la dignidad y los derechos legítimos de los docentes y que debe reducirse la carga de trabajo no docente.

De conformidad con el «Plan», unos meses después, la Oficina General del Ministerio de Educación dio a conocer el Aviso sobre diversas medidas para reducir aún más las cargas no docentes de los profesores de primaria y secundaria», que considera prioritario reforzar el sistema de seguimiento y verificación del trabajo de los educadores, del que son responsables las administraciones locales.

Aunque estas políticas son indicativas de los esfuerzos del Gobierno por mejorar las condiciones laborales del profesorado, su aplicación se ha topado con diversas dificultades. Según revelan las encuestas, el 52 % de los docentes aún no habría observado cambios significativos en su carga de trabajo.

Así pues, además de la gran cantidad de trabajo invisible —que consiste, por ejemplo, en preparar las clases, corregir exámenes, realizar trámites burocráticos y comunicarse con los padres de los alumnos—, siguen viéndose sobrecargados de tareas que poco tienen que ver con su función como educadores. Entre ellas, las más frecuentes son seguir cuentas públicas y compartir o dar «me gusta» a sus publicaciones, hacer fotos, vigilar el paisaje natural, supervisar las calles, participar en celebraciones municipales, espectáculos o exposiciones.

Algunas encuestas recientes revelan que las actividades no docentes ocupan, de media, el 34 % de sus jornadas, de lunes a viernes, y que nada menos que el 20 % de ellos dedica más tiempo a estas últimas que a la enseñanza. De ello se deduce que, a menudo, se ven obligados a quedarse en su puesto de trabajo más allá de su horario laboral, llegando a pasar entre 8 y 10 horas al día en el centro educativo.

El caso de Wuhan es significativo, no solo porque es emblemático de la delicada situación de los docentes chinos, sino también porque pone de relieve otro problema que desde hace tiempo afecta al sector educativo en China: la seguridad alimentaria en los comedores escolares.

El hecho de que se haya privado a los docentes de sus horas de descanso para realizar tareas adicionales no es, en sí mismo, una novedad. Lo que debe hacernos reflexionar es que esas horas se hayan dedicado a controlar los alimentos destinados a los comedores. Se trata de una necesidad derivada de la gran preocupación que suscita la calidad de las comidas que se sirven en las escuelas, un tema al que la opinión pública china presta siempre mucha atención.

De hecho, en los últimos años, las noticias sobre intoxicaciones y escándalos alimentarios en los centros escolares han aparecido con bastante frecuencia en los titulares de los periódicos chinos.

Hace apenas un año, más de 200 niños de una guardería del noroeste de China dieron positivo en niveles anómalos de plomo en sangre, debido al uso de pintura como colorante alimentario por parte del personal de cocina. Aunque el envase indicaba claramente «no comestible», el director habría autorizado de todos modos el uso de la sustancia tóxica que contenía para atraer más matriculaciones y aumentar los ingresos con la comida de colores.

En septiembre de 2024, más de 100 alumnos y miembros del personal de una escuela secundaria del suroeste de China contrajeron salmonela tras consumir comidas en el comedor. Una inspección reveló que varios factores podrían haber favorecido la transmisión de las bacterias nocivas, como la falta de higiene en la cocina, la conservación inadecuada de los alimentos y la falta de uso de guantes y mascarillas durante la preparación de las comidas.

Exactamente un año antes, lo que desencadenó las protestas de los padres fue, por el contrario, la introducción de comidas precocinadas en los centros escolares. El mercado chino de la comida preparada, que se desarrolló rápidamente durante la pandemia de COVID-19, creció un 21 % en 2025, alcanzando los 419 600 millones de yuanes (57.400 millones de dólares) y, según las previsiones, está destinado a expandirse aún más en los próximos años. Sin duda, este auge se ha visto favorecido por el respaldo de los máximos órganos del Partido y del Gobierno, que precisamente en 2023 incluyeron la industria de los alimentos precocinados entre los sectores clave a desarrollar, con la convicción de que estimularía el consumo interno y la economía rural.

En cuanto al consumo de comida preparada en los colegios, la idea surgió de la convicción de que su distribución ayudaría a reducir los costes de gestión de los comedores y a resolver los problemas de seguridad alimentaria. Sin embargo, entre los padres se extendió rápidamente la sospecha de que los directores de los centros educativos y las autoridades administrativas locales se aprovechaban de las licitaciones para seleccionar a los proveedores de alimentos «listos para comer» con el fin de obtener beneficios personales.

Con el fin de reforzar la gestión de la seguridad alimentaria en los centros educativos, a principios de marzo de 2026 el Ministerio de Educación publicó los denominados «10 puntos imprescindibles» (shi bixu) y las «10 prohibiciones» (shi bu zhun). Entre las medidas previstas se incluye la obligación de que los centros educativos obtengan las autorizaciones necesarias para el suministro de alimentos y establezcan un sistema claro de responsabilidades, con el director al frente. Además, se han establecido procedimientos rigurosos de aprovisionamiento e inspección de los ingredientes, así como la prohibición de preparar alimentos de alto riesgo, como platos fríos y crudos. Por último, los centros educativos deben garantizar que al menos un miembro del personal escolar coma con los alumnos en cada comida. En caso de incidente relacionado con la seguridad alimentaria o de sospecha de intoxicación, los centros educativos deben intervenir de inmediato, notificar la situación a las autoridades competentes y colaborar en las investigaciones.

Las «10 prohibiciones», por su parte, se refieren al uso de ingredientes caducados, de baja calidad, o de sustancias tóxicas o nocivas. Además, el personal no cualificado no está autorizado a manipular alimentos listos para el consumo. Esta disposición se ha ignorado evidentemente en los colegios de Wuhan, ya que la inspección de las verduras se ha encomendado a profesores ordinarios, que no cuentan con las competencias profesionales necesarias para detectar la presencia de posibles residuos de pesticidas en los ingredientes.

Por último, está prohibido manipular de forma inadecuada los alimentos crudos y cocinados, así como ocultar o retrasar la notificación de incidentes relacionados con la seguridad alimentaria. Estas normas deben exponerse en los centros escolares con el fin de sensibilizar al personal y a los responsables.