'Dañan el clima': la última mentira contra las poblaciones indígenas tailandesas

de Lisa Bongiovanni

Un nuevo informe de Asia Centre denuncia que, por medio de noticias falsas o fuera de contexto, se promueve en la opinión pública local la idea de que la presencia de los grupos tribales (nunca reconocidos oficialmente por Bangkok) y las prácticas tradicionales son "un obstáculo para la protección de los bosques". Sin embargo, numerosos informes demuestran exactamente lo contrario (y exponen la responsabilidad de los grupos económicos, a pesar de los intentos de green-washing).

Milán (AsiaNews) - El nuevo informe Climate Disinformation in Thailand: Negating Indigenous Peoples’ Identity muestra que en Tailandia se utiliza cada vez más la desinformación climática para desplazar a las poblaciones indígenas de sus tierras. El documento fue publicado hace pocas semanas por el Asia Centre. El estudio muestra cómo, a partir de un presupuesto legítimo - la urgencia de hacer frente a la crisis climática y sobre todo la deforestación - se está desplegando una cadena de medidas que afecta de manera desproporcionada los derechos de las comunidades indígenas.

Explica que en Tailandia se distorsiona la información ambiental con mecanismos de desinformación (datos intencionalmente falsos con el objetivo de engañar al interlocutor) o malinformación (informaciones correctas, pero parciales, privadas de su contexto crítico) que atribuyen la culpa de la emergencia precisamente a las poblaciones indígenas. La aceptación pública de estas narrativas permite que las autoridades adopten medidas cada vez más severas, que suponen la criminalización mediante leyes restrictivas, la intimidación, e incluso la violencia física contra estos grupos. En la práctica, la desinformación climática crea un círculo vicioso: convence a la opinión pública de la responsabilidad de los pueblos indígenas y de esa manera permite la aprobación social para las respuestas represivas del Estado.

En 2024 la población tailandesa llegó a 66 millones de habitantes. De estos, cerca de 10 millones (una de cada 7 personas) pertenecen a uno de los 60 grupos indígenas repartidos por todo el país pero todavía no reconocidos oficialmente. Viven principalmente en tres zonas: en los altiplanos del norte hay nueve chao khao (tribus de las montañas) oficialmente reconocidas por el gobierno tailandés, practican la agricultura de rotación y rituales animistas mezclados con el budismo o el cristianismo. En el Noreste viven comunidades como los kuy y los north khmer. Por último, en el sur los chao ley (pueblos del mar), que dependen del mar para su supervivencia, mientras que los maniq, cazadores-recolectores de las montañas, basan su existencia en una profunda conexión con el bosque.

Esta importante porción de la población tiene una conexión visceral con la tierra, a menudo también de tipo religioso, y obtiene de esta todo su sustento. Si bien representan una parte significativa de la población del país, el 95% no es legalmente reconocido como ciudadanos; la marginación es el resultado de la creencia nacionalista de que existe una única identidad; por lo tanto, los pueblos indígenas serían "no tailandeses" y sus reivindicaciones se consideran una amenaza a la seguridad nacional.

Según los datos recogidos por Global Forest Watch, a pesar de las múltiples intervenciones legales la deforestación en el país sigue avanzando. A nivel internacional, Bangkok se ha comprometido suscribiendo acuerdos como los de París en 2016, y a nivel nacional la gobernanza del cambio climático recibió un fuerte impulso sobre todo entre 2014 y 2019, cuando el país estaba gobernado por la junta militar. En esos años se militarizó la protección de los bosques, lo que dio a los militares el poder para reclamar las áreas forestales ocupadas ilegalmente. En la práctica, esto supuso el desalojo de las comunidades indígenas de las tierras que habitaban desde generaciones, que se consideraron “ilegalmente ocupadas” porque quedaban dentro de los límites de las nuevas áreas protegidas.

Con la transición de la junta militar al gobierno “civil” en 2019 (encabezado durante mucho tiempo por el ex general Prayut Chan-o-cha) se mantuvieron los procedimientos y los objetivos anteriores, a pesar de las contradicciones internas de la legislación. Por ejemplo: la Community Forest Act (2019) promete involucrar a las comunidades locales en la gestión de los bosques; sin embargo, el National Parks Act (2019) anula en la práctica esta apertura ampliando las áreas protegidas y endureciendo las sanciones para los que viven o trabajan allí. Como resultado, las comunidades indígenas sólo pueden vivir en los bosques fuera de las áreas protegidas - una porción de tierra mucho más pequeña que en el pasado.

El informe plantea cuatro formas de “desinformación climática” y las analiza detalladamente. La primera son las verdades parciales: hechos reales contados de manera selectiva, que omiten los impactos negativos de las políticas públicas y las actividades de las empresas. A continuación habla de los casos de green-washing, donde estrategias de marketing “verde” enmascaran prácticas económicas que siguen provocando daños en el ambiente. Luego están las falsas soluciones climáticas, que ocultan el incremento del uso de combustibles fósiles. Por último, circula una serie de narrativas distorsionadas que presentan - precisamente - a los pueblos indígenas como amenazas para la naturaleza en vez de custodios. Por el contrario, una gran cantidad de narrativas presentan los proyectos del gobierno y las iniciativas empresariales como decididamente progresistas, mientras relegan a los pueblos indígenas al papel de obstáculos retrógrados y perjudiciales.

La desinformación también es fruto de la crisis en el sector de la información, que ha obligado a los medios locales a recortar algunas secciones que se consideran “no esenciales” en favor de noticias económicas y políticas. El resultado es una escasez de periodistas especializados en temas climáticos y por ende una cobertura superficial, a menudo encomendada a no expertos. Esta crisis se refleja en la denigración mediática de los pueblos indígenas, acusados de dañar los bosques y agravar la crisis climática. En una conferencia de prensa, un funcionario del gobierno afirmó que el 99% de los incendios forestales en Chiang Mai entre 2019 y 2020 habrían sido causados por las prácticas agrícolas tradicionales de los grupos indígenas. En realidad algunos estudios de la Universidad de Warwick muestran que las áreas protegidas son más propensas a incendios forestales cuando se encuentran lejos de las comunidades indígenas. En la aldea de karen de Pa pae, en Doi Chang, en la provincia de Lamphun, un líder local organizó un grupo de jóvenes voluntarios para combatir los incendios, instalando un sistema artesanal de nebulización de agua y trabajando en turnos de doce horas para contener las llamas. Su intervención ha salvado extensas áreas boscosas, pero este tipo de información difícilmente encuentra espacio en los medios de mayor difusión.

La desinformación climática que legitima el ensañamiento contra las comunidades indígenas se inserta en un contexto en el cual el gobierno tailandés declara un renovado compromiso para su tutela. El 11 de septiembre el Parlamento aprobó un proyecto de ley de amnistía destinado a rehabilitar a todos los que han sido injustamente criminalizados por las políticas de saneamiento forestal militarizadas y nacionalistas del ex premier Prayut. Pocos días después, el 18 de septiembre, entró en vigor la “Ley para la Protección y la Promoción del Estilo de Vida de los Grupos Étnicos”, que promete proteger las tradiciones culturales y el estilo de vida de estas minorías. Sin embargo, se los sigue definiendo jurídicamente “grupos étnicos” y no “pueblos indígenas”, lo que los excluye de los derechos que les serían reconocidos a nivel internacional.