Fortify Rights: 'Abusos y tratos inhumanos a los rohingya en Malasia'

de Steve Suwannarat

En un nuevo informe, la ONG denuncia la condición de los prófugos de la población islámica exiliada proveniente del Estado de Rakhine, en Myanmar. Más de 5.000 se encuentran en los centros de detención para migrantes. Al no haber ratificado nunca la Convención sobre los Refugiados, Kuala Lumpur no reconoce formalmente su estatus.

Kuala Lumpur (AsiaNews) - Una nueva investigación independiente saca a la luz la difícil situación de los rohingya en Malasia. De religión islámica y perseguidos también por este motivo en Myanmar —donde desde 2017 son sometidos a una persecución reconocida como “genocidio”—, a lo largo de los años miles de ellos han llegado por mar hasta las costas malasias provenientes del Estado de Rakhine o de los campos de refugiados en Bangladés, tras travesías plagadas de violencia y víctimas en su inmensa mayoría desconocidas. En el supuesto país de acogida, sin embargo, a la apertura por afinidad religiosa y oportunidad diplomática le corresponde un trato que oscila entre la explotación en diversas actividades laborales y la detención prácticamente indefinida en los centros de acogida.

Las pruebas recogidas por Fortify Rights directamente en los campos de refugiados muestran que muchos rohingya viven —a veces durante años— en condiciones inhumanas o degradantes, sin posibilidad de recurso legal o acceso al control jurisdiccional. El nuevo esquema de registro de refugiados, a cargo desde enero de la Dirección para la Protección de los Refugiados del Ministerio del Interior en reemplazo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, debería tener como primer objetivo —señala la organización— poner fin a la criminalización de los rohingya y de otros refugiados por “ingreso ilegal”, reconocer la persecución que sigue ocurriendo en Myanmar y garantizar la liberación inmediata de los detenidos.

“El sistema de detención de inmigrantes de Malasia es tristemente conocido por ser uno de los más ineficientes e inicuos del mundo. Muchos detenidos están recluidos en condiciones horribles”, explica Yap Lay Sheng, especialista senior en derechos humanos de Fortify Rights. “Debido a su condición de apátridas creada artificialmente, los rohingya pueden quedar detenidos indefinidamente en un limbo legal, sometidos durante años a graves abusos y tratos inhumanos”.

Según las últimas estadísticas del gobierno —cuestionadas, no obstante, por ser estimadas a la baja por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Malasia—, los Centros de Detención para Migrantes (IDC) están al límite de su capacidad en todo el país. Actualmente alojan a más de 21.000 migrantes y refugiados, solo unos pocos cientos menos que el límite declarado por el gobierno de 21.530. Del total, las personas procedentes de Myanmar constituyen el grupo más numeroso, con 8.884, entre ellas 5.102 rohingya.

Dado que el país no ha ratificado la Convención sobre los Refugiados de 1951, las autoridades no reconocen formalmente el estatus jurídico de refugiado otorgado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sin embargo, a pesar de la falta de ratificación formal de la Convención y de otros tratados que protegen a las personas que huyen de condiciones de persecución —señala Fortify Rights—, Malasia está vinculada de todos modos por las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que prohíben el arresto arbitrario, la detención indefinida y la devolución (refoulement) de individuos hacia países donde podrían sufrir persecuciones, violencia u otros daños graves.

La Dirección para la Protección de los Refugiados debería, por tanto, apuntar a la liberación inmediata de los refugiados detenidos y poner fin a su criminalización por el solo hecho de buscar protección, ya que —señala el informe— “los abusos generalizados y las violaciones de los derechos de los refugiados legítimos en el país son una consecuencia directa de la renuencia de Malasia a firmar y cumplir la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, que establece directrices claras sobre el reconocimiento y la protección de los refugiados”, afirma Yap Lay Sheng. “En lugar de intervenir en un sistema de gestión de migrantes ya plagado de abusos, Malasia debería respetar los estándares jurídicos internacionales y cumplir con la Convención de la ONU sobre los refugiados”.