Italia expulsa a ocho chinos que espiaban a los disidentes para las "comisarías de policía" de Beijing
Tras una larga investigación, Roma ha expulsado a ocho ciudadanos chinos acusados de vigilar e intimidar a opositores y disidentes de la diáspora. El caso vuelve a poner el foco en las llamadas “comisarías de policía” chinas en el extranjero, que forman parte de una red de represión transnacional que opera en varios países.
Roma (AsiaNews) - El jueves 5 de febrero Italia decidió expulsar a ocho ciudadanos chinos acusados de espiar para Beijing a sus compatriotas opositores y disidentes. La noticia fue adelantada por el diario italiano Il Foglio, que explicó que la decisión se tomó tras “una intensa investigación” de la DIGOS y de la fiscalía de Turín, que documentaron el funcionamiento de la red de las llamadas “comisarías de policía en el extranjero”. Tres ciudadanos chinos fueron expulsados de inmediato, mientras que otros cuatro ya habían abandonado el territorio italiano. Una mujer todavía se encuentra en prisión preventiva a la espera del resultado de su solicitud de asilo.
Según Safeguard Defenders, organización que defiende los derechos de los opositores al régimen, los ciudadanos expulsados habrían acosado y perseguido a un conocido disidente activo en la red bajo el nombre de Maestro Li. “En los últimos tres años, mi equipo y yo hemos defendido firmemente la libertad de prensa, documentando y difundiendo eventos sociales en China que están censurados a nivel nacional”, comentó el activista. “Al mismo tiempo, hemos sufrido una prolongada represión transnacional por parte del gobierno chino. Mi equipo, nuestras familias y yo mismo hemos tenido que enfrentar acoso, amenazas y violaciones continuas y generalizadas. Nos alienta ver que el gobierno italiano toma medidas contra la represión de China en el extranjero. Esto representa no solo una forma de protección para nosotros, sino también la defensa de los principios democráticos fundamentales y del Estado de derecho”.
El caso italiano no es aislado. Desde hace tiempo se conoce el fenómeno de las comisarías de policía chinas de ultramar en varios países occidentales. Formalmente, estas estructuras se presentan como centros de asistencia administrativa para la diáspora china —donde, por ejemplo, se pueden renovar documentos—, pero diversas investigaciones periodísticas han revelado que, en algunos casos, se utilizan también para vigilar a miembros de la diáspora críticos con el gobierno de Beijing.
En los últimos años, varios gobiernos han llevado a cabo investigaciones. En 2023, el FBI estadounidense arrestó a dos personas acusadas de estar a cargo de una de estas estructuras en Manhattan, dentro de una asociación de la comunidad china. Según la acusación, la oficina operaba por cuenta del departamento de seguridad pública de la ciudad de Fuzhou, recopilando información sobre disidentes residentes en Estados Unidos. En Canadá, la policía federal también ha iniciado investigaciones sobre presuntos centros similares en la provincia de Quebec, mientras que en los Países Bajos el gobierno ordenó el cierre de dos estructuras cuando una investigación periodística reveló actividades de vigilancia sobre la diáspora. Episodios similares se han registrado en Irlanda, Alemania y España, donde las autoridades han pedido aclaraciones a las representaciones diplomáticas chinas. En 2023 el Reino Unido cerró varias “comisarías” y calificó sus actividades como “extremadamente preocupantes”. En octubre de 2022, un manifestante del movimiento prodemocracia de Hong Kong fue arrastrado y golpeado dentro del consulado chino en Manchester. La policía británica abrió una investigación y seis funcionarios chinos abandonaron el país antes de ser interrogados; el gobierno británico afirmó que China los había “retirado”.
Beijing siempre ha presentado estas operaciones como parte de campañas anticorrupción más amplias denominadas “Fox Hunt” y “Sky Net”, que comenzaron en 2014. Según los datos oficiales difundidos por Beijing, miles de personas han sido repatriadas por este motivo en los últimos diez años. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos sostienen que, en algunos casos, la repatriación se habría producido tras presiones, intimidaciones o procedimientos de expulsión acelerados, sin las garantías que establece el derecho internacional.
España, por ejemplo, se ha convertido en uno de los pocos grandes países europeos dispuestos a colaborar con las solicitudes de extradición de Beijing. En 2019, Madrid autorizó la extradición de 94 ciudadanos taiwaneses a China, acusados de formar parte de una red de estafas telefónicas. La decisión, tomada sobre la base del tratado de extradición firmado entre ambos países en 2005, provocó enérgicas protestas de organizaciones de derechos humanos y del gobierno de Taiwán, que sostenían que los sospechosos debían ser trasladados a la isla y no a la República Popular. Sin embargo, la cooperación entre Madrid y Beijing ha continuado en los años siguientes. Según informa el diario El País, España es hoy el único gran país europeo que sigue autorizando extradiciones a China, a pesar de las preocupaciones expresadas por diversos organismos internacionales sobre el riesgo de tortura, tratos degradantes o juicios injustos en el sistema judicial chino. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido que se evalúe caso por caso si existe riesgo de tortura. Entre 2023 y 2024, el gobierno español autorizó nueve extradiciones y al menos una persona ya ha sido entregada a las autoridades chinas.
Otros países europeos han reforzado su cooperación con Beijing en los últimos años. En 2024, Serbia firmó un tratado de extradición como parte de un fortalecimiento más amplio de sus relaciones estratégicas con China. El acuerdo permite la entrega recíproca de personas buscadas por las autoridades judiciales, una decisión que provocó críticas de organizaciones de derechos humanos que temen posibles repatriaciones de disidentes o activistas.
Una evolución similar se está produciendo en Hungría, bajo el gobierno de Viktor Orbán. Budapest ha firmado un acuerdo que permite a agentes de policía chinos patrullar algunas ciudades con gran concentración de turistas y residentes chinos junto a las fuerzas de seguridad húngaras. Aunque el acuerdo se ha presentado como una herramienta para mejorar la seguridad y la cooperación internacional, diversos observadores consideran que se trata de un acuerdo que permite reforzar el control de Beijing sobre la diáspora china.
