La ONU denuncia trabajo forzado de uigures y tibetanos como crimen contra la humanidad
Los expertos de las Naciones Unidas han hablado de un modelo persistente de trabajo forzado impuesto por el Estado chino en perjuicio de uigures, tibetanos, kazajos y kirguises en Xinjiang y en otras provincias. Bajo la cobertura de programas de “alivio de la pobreza”, millones de personas estarían siendo sometidas a traslados coercitivos, con graves consecuencias para los derechos fundamentales, la identidad cultural y la libertad religiosa. Beijing rechaza las acusaciones calificándolas de infundadas.
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Ginebra (AsiaNews/Agencias) – Las políticas chinas de “lucha contra la pobreza” pueden estar ocultando un sistema generalizado y estructurado de trabajo forzado que afecta a minorías étnicas y religiosas, hasta configurar posibles crímenes contra la humanidad. La alarma fue lanzada en los últimos días por los expertos de las Naciones Unidas, que expresaron una “profunda preocupación” por las acusaciones de trabajo coactivo en perjuicio de kazajos, kirguises, tibetanos y uigures en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, y en otras zonas de China.
“Existe un patrón persistente de presunto trabajo forzado impuesto por el Estado que afecta a minorías étnicas en múltiples provincias de China”, afirmaron los expertos de la ONU. “En muchos casos los elementos coercitivos son tan graves que pueden configurar un traslado forzoso y/o la reducción a la esclavitud como crimen contra la humanidad”.
Según los expertos, el trabajo forzado sería posible por medio del programa estatal de “alivio de la pobreza mediante el traslado de la mano de obra”, que obligaría a uigures y miembros de otras minorías a aceptar empleos en Xinjiang y en otras regiones del país. Las personas involucradas estarían sometidas a un control sistemático, vigilancia constante y explotación, sin la posibilidad real de rechazar o cambiar de trabajo debido a un clima generalizado de temor a castigos y detenciones arbitrarias. El plan quinquenal de Xinjiang para el periodo 2021-2025 prevé 13,75 millones de “traslados de trabajo”, pero – aclaran los expertos – las cifras reales “han alcanzado nuevos niveles récord”.
Naciones Unidas señala que los tibetanos también se verían afectados por mecanismos similares, a través de programas como el Training and Labour Transfer Action Plan, que establece el entrenamiento y el traslado sistemático de lo que se denomina “mano de obra rural excedente”. “Estas políticas justifican métodos coercitivos como la formación profesional de tipo militar”, explicaron los expertos, estimando que solo en 2024 el número de tibetanos afectados por los traslados de trabajo fue “de unas 650.000 personas”.
Además del trabajo forzado, los tibetanos también están sujetos a programas de reubicación forzosa a través del plan de “reubicación de la aldea completa”, que utiliza formas de coerción para construir una fachada de consenso. Entre estas se citan reiteradas visitas a los domicilios, amenazas implícitas de castigo, prohibición de críticas y la amenaza de interrumpir servicios esenciales. “Entre 2000 y 2025 cerca de 3,36 millones de tibetanos se vieron afectados por programas del gobierno que los han obligado a reconstruir sus viviendas para que los nómadas se vuelvan sedentarios”, afirman los especialistas en derechos humanos, y añaden que los datos oficiales indican “que cerca de 930.000 tibetanos rurales fueron trasladados con programas de reubicación de aldeas enteras o de familias individuales”.
Según los expertos de la ONU, estos traslados de trabajo y de tierra forman parte de una estrategia más amplia. “Los traslados de mano de obra son parte de una política del gobierno orientada a reconfigurar por la fuerza la identidad cultural de los uigures, de otras minorías y de los tibetanos bajo la cobertura del alivio de la pobreza”, advirtieron. “El traslado forzado de trabajo y de tierra altera radicalmente sus medios de subsistencia tradicionales, agrícolas o nómadas, obligándolos a vivir en lugares donde no tienen otra opción que aceptar el trabajo asalariado”. Las consecuencias son graves: “la lengua, las comunidades elegidas, los estilos de vida, las prácticas culturales y religiosas resultan erosionadas, lo que provoca daños y pérdidas irreparables”.
Los expertos también expresaron una “grave preocupación” por el hecho de que los bienes producidos mediante el trabajo forzado estén entrando en las cadenas de suministro globales, incluso indirectamente a través de terceros países, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de las restricciones comerciales específicas y de los mecanismos de diligencia debida en materia de derechos humanos. Por eso exhortan a inversores y empresas que operan o se abastecen en China a realizar controles rigurosos de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. “Las empresas deben asegurarse de que sus operaciones y sus cadenas de valor no estén contaminadas por el trabajo forzado”, reiteraron, y renovaron su pedido de un “acceso sin restricciones a los mecanismos independientes de las Naciones Unidas para los derechos humanos” en el territorio chino.
Beijing rechazó enérgicamente las acusaciones. El ministerio de Asuntos Exteriores chino calificó como "infundadas" las preocupaciones de los expertos de la ONU. “El gobierno chino siempre ha estado comprometido con la promoción y protección de los derechos humanos”, afirmó el portavoz Guo Jiakun, e invitó a los expertos a “desempeñar sus tareas de manera imparcial y objetiva y no convertirse en instrumentos y cómplices de fuerzas antichinas”.
Las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos en Xinjiang y en otras regiones, sin embargo, han sido planteadas reiteradamente en los últimos años por numerosas organizaciones de derechos humanos y por gobiernos occidentales como los de Estados Unidos y Canadá, a pesar de que China sigue negándolo.
