Las leyes que aún discriminan a las personas con lepra en la India

de Maria Casadei

El Tribunal Supremo ha pedido a los estados y al gobierno central que identifiquen y deroguen con urgencia todas las disposiciones obsoletas que siguen conteniendo referencias discriminatorias hacia las personas afectadas por la lepra. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay casi 100 normas que limitan los derechos y el acceso a los servicios, incluso de las personas que se han curado.

Nueva Delhi (AsiaNews) - A pesar de ser una enfermedad curable desde hace décadas, en la India la lepra sigue siendo una marca legal de exclusión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC), que sigue el tema desde 2021, ha publicado recientemente un informe en el que señala que 97 leyes, tanto estatales como federales, siguen conteniendo referencias discriminatorias.

Sobre la base de este documento, el Tribunal Supremo ha pedido a los estados indios y al gobierno central que identifiquen y deroguen rápidamente todas las disposiciones obsoletas, invitándoles a seguir las recomendaciones propuestas por la NHRC, entre las que se encuentra, por ejemplo, el uso del escaneo del iris para la inscripción en el Aadhaar (que proporciona el número de identificación personal), dado que la enfermedad puede comprometer las huellas dactilares.

El Tribunal volvió a abordar el tema tras una acción colectiva (o PIL, Public Interest Litigation) presentada en 2010 por la Federación de Organizaciones contra la Lepra, que denunciaba la persistencia de referencias obsoletas y discriminatorias en la legislación india. La lepra, considerada en el pasado una enfermedad altamente contagiosa e incurable, había dado lugar a medidas de aislamiento forzoso, previstas, por ejemplo, en la Ley India sobre los Leprosos de 1898, una ley hoy derogada.

A pesar de la introducción de la terapia multimedicamentosa (MDT) en los años 80 y de la curabilidad total de la enfermedad, muchas normas han permanecido sin cambios. La India declaró en 2005 que la lepra había dejado de ser un problema de salud pública, pero las personas afectadas por esta enfermedad siguen estando excluidas de los servicios públicos, los derechos civiles y las oportunidades laborales. En julio de 2025, el Tribunal Supremo calificó de «vergonzosa» la persistencia de estas normas, refiriéndose en particular a los (pocos) casos en los que la lepra sigue figurando como motivo de divorcio. Por indicación de los jueces Surya Kant y N.K. Singh, en mayo de 2025 se invitó a los estados y territorios de la Unión a crear comités para identificar, en un plazo de cuatro semanas, las disposiciones aún vigentes. A finales de julio, tras constatar retrasos, el Tribunal concedió una prórroga adicional de dos semanas y recordó que las modificaciones legislativas también pueden realizarse mediante órdenes o sesiones especiales.

Además, muchas de las normas aún vigentes excluyen a las personas afectadas por la lepra de los colegios profesionales (según la Ley de Enfermeras y Matronas de 1953) o del transporte público, tal y como establece la Ley de Ferrocarriles de la India de 1989, que impone restricciones a los viajeros con «enfermedades infecciosas o contagiosas» y exige la presentación de un certificado médico obligatorio en los casos de personas con lepra no infecciosa. Por otra parte, la Ley de Transporte Marítimo Mercante de 1958 exige controles sanitarios preventivos para los peregrinos.

A nivel estatal, el panorama no es muy diferente: en varias jurisdicciones siguen vigentes normativas que limitan el acceso a profesiones, empleos públicos o cargos de confianza a quienes han padecido lepra, a menudo supeditando todo ello a la presentación de certificados de curación. La movilidad tampoco es siempre libre: en algunas ciudades, como Bangalore y Chennai, se necesitan certificados médicos para poder utilizar el metro. En varios estados, entre ellos Rajastán, Madhya Pradesh y Orissa, la enfermedad sigue siendo motivo de inelegibilidad en los consejos locales.

El Gobierno central ha dado algunos pasos adelante, por ejemplo, con la Ley de Modificación de las Leyes Personales de 2019, que eliminó la referencia a la lepra como causa de divorcio en la legislación matrimonial nacional. En 2015, la Comisión Jurídica presentó el proyecto de ley EDPAL con el objetivo de eliminar las referencias discriminatorias en ocho leyes centrales e introducir nuevas protecciones, pero el texto aún no ha sido aprobado por el Parlamento.

El Tribunal Supremo ha precisado que la revisión de las normas es competencia del Gobierno y de las asambleas legislativas, y ha solicitado una intervención coordinada. Los estados y territorios de la Unión deben ahora presentar informes detallados sobre las medidas adoptadas en base a las recomendaciones de la NHRC. La próxima audiencia está fijada para el 17 de diciembre.

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