Los monjes a Dissanayake: Amenazas a la tradición budista del país
Centenares de religiosos reunidos por el Sangha publicaron una declaración de diez puntos y están haciendo firmar una petición a los fieles. Sostienen que, en la práctica, el actual gobierno se propone separar el Estado y la religión, a pesar de la función que le reconoce la Constitución. Piden protección para los templos, las estatuas y la enseñanza religiosa, así como medidas contra los que denigran la religión budista en las redes sociales.
Colombo (Asia News) - Los principales referentes de la comunidad budista de Sri Lanka reclaman al gobierno del presidente Anura Kumara Dissanayake el presunto incumplimiento del respeto del gobierno hacia su religión y la violación de la arraigada tradición según la cual deben ser consultados en los asuntos de Estado.
Cientos de monjes participaron en la convención organizada por el Sangha que se llevó a cabo el 20 de febrero en la sede del All Ceylon Buddhist Congress de Colombo, para informar a la opinión pública sobre las presiones que se están ejerciendo actualmente sobre el budismo y el Maha Sangha. Durante el encuentro, todos los monjes y líderes budistas del país proclamaron colectivamente una Declaración de la Sangha, en la que se plantea la crisis social que está afectando actualmente a la comunidad budista en el país.
La declaración será presentada oficialmente al presidente en los próximos días, explicó Agalakada Siri Sumanan Thero, abad jefe del Moratuwa Lunawa Bodhirajaramaya y titular del Departamento de Sinhala de la Universidad de Colombo. Mientras tanto, se ha comenzado a recoger firmas para una petición pública contraria a la separación del Estado y el budismo en Sri Lanka. Más del 70% de los 22 millones de habitantes son budistas en un país donde también viven minorías hindúes, musulmanas y cristianas.
La Declaración del Sangha está estructurada en diez puntos sobre la base del vínculo histórico entre el budismo y las instituciones del país, que se remonta al siglo III antes de Cristo. "Cuando el Arahant Mahinda Thera trajo el Sagrado Dhamma a esta tierra y lo estableció aquí - dice el texto - lo hizo con el pleno patrocinio del rey Devanampiyatissa, entonces soberano de Sri Lanka. Desde entonces, el Estado y el budismo han estado estrechamente entrelazados en Sri Lanka y, sobre la base de esta relación, la responsabilidad de construir una nación moral fue confiada tanto al soberano como a la religión". Citan en este sentido tanto la Convención de Kandy de 1815 como las Constituciones de 1972 y de 1978 (que todavía sigue vigente ndr) que, aunque afirman la libertad religiosa, obligan al gobierno a proteger y promover el budismo.
Recuerdan que ni las potencias coloniales ni los LTTE (las milicias tamil durante la larga guerra que duró hasta 2009 ndr) lograron destruir la relación entre los laicos y el clero budista en el país, los monjes sostienen que según las Escrituras "los que no son religiosos no deberían gobernar esta tierra; y por lo tanto el gobierno se debe ejercer de conformidad con la filosofía política budista".
En concreto, el Sangha pide al gobierno que intervenga contra las faltas de respeto a las estatuas de Buda, profundamente veneradas hasta el día de hoy, y que se preste la debida atención a los principios educativos budistas en la elaboración de los planes de estudio. Los monjes critican también la degradación del ministerio del Buddha Sasana, que antes era supervisado directamente por los presidentes, y ahora se ha vuelto inactivo, débil e ineficaz debido a la ausencia de un ministro responsable; en consecuencia los funcionarios ya no prestan servicio de manera eficiente a los monjes y a los laicos que solicitan servicios al Departamento de Asuntos Budistas.
Señalamos – dice luego el documento – que los sitios arqueológicos budistas, los lugares sagrados y los templos no son propiedad privada de los monjes, sino patrimonio de la nación, y que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar su protección contra cualquier forma de daño. Mientras los monjes, en todo Sri Lanka, se comportan con disciplina moral y dignidad, comprometiéndose en un servicio altruista por el bienestar propio y de la comunidad en general, en esta vida y en la próxima – concluye el documento –, las acciones que socavan la dignidad del clero - como declaraciones denigratorias, difusión de opiniones hostiles, burlas, insultos y acusaciones por parte de activistas en las redes sociales - no deben ser permitidas bajo la autoridad del Estado.
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