Los muertos de Toboso y el fuego indiscriminado del ejército filipino contra el NPA
Numerosos civiles, incluso dos menores, entre las 19 personas que murieron en una redada del 79.º Batallón de Infantería en la provincia de Negros Occidental. Con la masacre, vuelve el flagelo de la eliminación de activistas y trabajadores sociales en la guerra contra las milicias comunistas del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA). Precisamente cuando Manila ostenta la presidencia de turno de la Asean. La Asociación de Parlamentarios por los Derechos Humanos declaró: "También se ha violado el derecho internacional".
Manila (AsiaNews) - El asesinato de 19 personas el pasado 19 de abril en Toboso, en la provincia central filipina de Negros Occidental, durante una operación militar en la que participó el 79.º Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas de Filipinas, ha causado un gran impacto en el país y ha vuelto a poner el foco sobre una situación que parecía relegada al pasado, pero que resurge periódicamente.
Las nueve víctimas civiles —aunque los militares las identifican como miembros del New People’s Army (NPA), el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, proscrito desde hace mucho tiempo— son: la periodista RJ Nichole Ledesma; Alyssa Alano y Maureen Keil Santuyo, estudiantes del campus de Diliman de la Universidad de Filipinas; el investigador Errol Wendel Chen; los activistas con doble nacionalidad filipina y estadounidense Kai Dana-Rene Sorem y Lyle Prijoles; y un residente de Toboso, Roel Sabillo. Otros dos fallecidos, cuyas identidades se desconocen -probablemente porque no se han podido identificar-, figuran como menores de edad.
La Asociación de Parlamentarios de la Asean por los Derechos Humanos (Aphar), a través de su presidenta y miembro de la Cámara de Representantes de Indonesia, Mercy Chriesty Barends, ha calificado lo ocurrido como "una operación que no distingue entre combatientes armados y trabajadores sociales" y "un ataque indiscriminado que viola el derecho internacional humanitario", del cual se debe considerar responsable a las Fuerzas Armadas de Filipinas.
Esta reacción se explica por una larga tradición de operaciones militares justificadas de diversas formas, que a menudo han tenido como objetivo no solo a milicianos armados sino también a trabajadores humanitarios y activistas de derechos humanos que se oponen a iniciativas económicas o de control del territorio.
Ledesma, de 30 años, era la coordinadora regional de Altermidya Network, una plataforma de información de orientación social. Según la propia red, la periodista habría sido asesinada en Sitio Plariding durante una persecución, y no en Toboso. Alano era miembro del consejo estudiantil de su universidad y participaba activamente en el apoyo a las causas de los agricultores de la isla de Negros. Santuyo y Chen también eran campesinos y activistas comprometidos en la denuncia de las condiciones de los trabajadores en las plantaciones de caña de azúcar. Prijoles, por su parte, se encontraba en una misión en la comunidad local cuando se produjo la operación militar.
Los comandantes militares sostienen que las 19 personas fallecidas eran miembros del New People’s Army y afirman que la incautación de armas de fuego así lo confirma. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas ha puesto en marcha una investigación independiente, declarando que "en caso de duda, las personas involucradas deben ser consideradas civiles".
El juicio de los parlamentarios de la Asean que integran Aphar es drástico: recuerdan que, con frecuencia, "la ley antiterrorista de 2020, que permite arrestos sin orden judicial y detenciones sin cargos, ha sido utilizada contra periodistas, activistas y trabajadores sociales". Señalan también que "la etiqueta indiscriminada que han puesto las Fuerzas Armadas de Filipinas a las 19 víctimas como miembros del New People’s Army se ajusta a este patrón".
La situación generada por la operación militar se produce en el año en que Manila ejerce la presidencia rotatoria de la Asean, cargo que exige una protección aún más firme del respeto a la vida, las libertades civiles y los derechos humanos, lo que incluye combatir tanto la violencia generalizada como la selectiva. El Center for Media Freedom and Responsibility recuerda que desde 1986 fueron asesinados en el país 156 periodistas, y el año pasado Reporteros Sin Fronteras situó a Filipinas en el puesto 116 sobre 180 países en su Índice Mundial de la Libertad de Prensa.
