El tribunal ha suspendido durante cuatro semanas la «Land Pooling Policy 2025», aprobada por el gobierno del Partido Aam Aadmi para adquirir 65.533 acres de tierras agrícolas con fines residenciales e industriales. La medida, impugnada por los agricultores y la oposición, está acusada de haber sido aprobada sin consultar a las asambleas de las aldeas. Los sindicatos, que en los últimos días han organizado varias protestas, denuncian compensaciones inadecuadas, riesgos para el sustento de los jornaleros y beneficios solo para los grandes grupos inmobiliarios.

Chandigarh (AsiaNews) – El Tribunal Superior de Punjab y Haryana ordenó ayer la suspensión temporal de la «Land Pooling Policy 2025», la política de agrupación de tierras agrícolas impulsada por el partido Aam Aadmi (AAP), que gobierna el estado indio de Punjab. La decisión se produce tras una petición que impugnaba la legalidad y la constitucionalidad de la medida.

La orden acepta el recurso presentado por Gurdeep Singh Gill, residente en Ludhiana (centro industrial del Punjab), según el cual la política se aprobó sin las necesarias evaluaciones de impacto social y medioambiental, eludiendo las consultas obligatorias con los Gram Panchayat y los Gram Sabha de las distintas aldeas afectadas. En el contexto de la India rural, un Gram Panchayat es un órgano de autogobierno local a nivel de aldea, mientras que un Gram Sabha es la asamblea de todos los residentes adultos de esa aldea. El Gram Panchayat actúa como órgano ejecutivo, mientras que el Gram Sabha es la asamblea general que supervisa y aprueba las decisiones del Panchayat.

El Tribunal Superior ha concedido al Gobierno de Punyab cuatro semanas para presentar una respuesta. Sin embargo, se trata de una decisión que se inscribe en una larga oposición por parte de los agricultores y los partidos políticos a la Política de Agrupación de Tierras, lanzada oficialmente el 2 de junio y que tiene como objetivo adquirir unas 65 533 acres de tierra agrícola en 21 ciudades para el desarrollo de proyectos residenciales e industriales.

El objetivo declarado del Gobierno, liderado por el ministro principal Bhagwant Mann, es frenar la proliferación de colonias ilegales y la mafia del suelo, ofreciendo a cambio a los propietarios que se adhieran voluntariamente al proyecto la posibilidad de recibir parcelas edificables con fines residenciales y comerciales en zonas urbanas, además de una compensación económica.

Recientemente, la política se ha ampliado también a los pequeños agricultores con pocas propiedades y se ha aumentado la indemnización de 30.000 a 50.000 rupias por cada acre cedido (entre 290 y 490 euros aproximadamente). Además, los agricultores recibirán una indemnización anual de 100.000 rupias hasta que sus tierras sean urbanizadas, una cifra que los gobiernos anteriores habían fijado en 20.000 rupias.

La política ha desencadenado una fuerte reacción por parte de los partidos de la oposición, como el Shiromani Akali Dal (SAD) y el Congreso, pero sobre todo de los sindicatos que agrupan a los agricultores, el Samyukt Kisan Morcha (SKM) y el Kisan Mazdoor Morcha (KMM), mientras que el Partido Bharatiya Janata (BJP), que lidera el ejecutivo nacional, sigue defendiendo la necesidad de aplicar las leyes agrícolas propuestas por el primer ministro Narendra Modi. Los sindicatos han calificado el plan del Gobierno de Punyab como un «plan para acaparar tierras» y acusan al AAP de querer «saquear» a los agricultores (que representan la principal base electoral del partido) de sus tierras para favorecer a los promotores privados.

El 30 de julio, las dos organizaciones sindicales organizaron amplias protestas en las que participaron tractores en varios distritos, bloqueando la entrada de los funcionarios del partido en muchos pueblos. 

Los manifestantes sostienen que, aunque se ofrecen parcelas edificables, la política no proporciona una compensación monetaria adecuada —algunas tierras valen millones de rupias— y no tiene en cuenta la rehabilitación de los jornaleros y todas las personas relacionadas con el trabajo agrícola que, de hecho, se verán privadas de su sustento. Muchos consideran además que la iniciativa ha sido concebida para beneficiar a grupos inmobiliarios de Nueva Delhi y que no existe una necesidad real de adquirir tantos terrenos, dado que muchas zonas ya urbanizadas llevan años vacías.

 

El gobierno del AAP se ha defendido afirmando que la política es voluntaria, mientras que los agricultores esperan que la sentencia del Tribunal Superior sea el primer paso para retirar definitivamente el plan.

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