Reforma de los tribunales de la Sharia. Anwar tranquiliza a las minorías

de Joseph Masilamany

El primer ministro de Malasia explicó que las medidas para reforzar el sistema de los tribunales de la sharia estarán centradas en la organización y no en su jurisdicción sobre las personas no musulmanas, en un país donde el equilibrio con los tribunales civiles sigue siendo una cuestión delicada. El riesgo de posibles interpretaciones diferentes según cada Estado.

Kuala Lumpur (AsiaNews) - Los esfuerzos para fortalecer en Malasia el sistema de los tribunales de la Sharia —que aplican el derecho islámico— no vulnerarán los derechos de los no musulmanes a practicar su religión, declaró el primer ministro Anwar Ibrahim en un contexto de creciente preocupación pública por el equilibrio entre la jurisdicción civil y la religiosa.

Anwar afirmó que el gobierno mantiene su compromiso de elevar el estatus y el funcionamiento de la magistratura de la Sharia, pero garantizando al mismo tiempo que las protecciones constitucionales para las comunidades no musulmanas permanezcan intactas. “Podría haber motivos menores de preocupación, pero el sistema no pretende negarles el derecho a practicar su religión”, dijo. Añadió también que las reformas del sistema de la Sharia se están llevando a cabo en el marco del ordenamiento constitucional de Malasia.

Explicó que el enfoque del gobierno refleja el sistema jurídico dual de Malasia, en el que los tribunales de la Sharia tienen jurisdicción sobre las cuestiones de derecho islámico que afectan a los musulmanes, mientras que los tribunales civiles se aplican a todos los ciudadanos. “Debemos elevar la dignidad y el prestigio de los tribunales de la Sharia, en consonancia con nuestro reconocimiento como nación donde el Islam es la religión de la Federación”, declaró. Anwar también señaló que, durante sus tres años como primer ministro, ningún miembro del gabinete —incluidos los ministros no musulmanes— se ha opuesto a las propuestas para fortalecer estas instituciones.

Malasia adopta un sistema jurídico de doble vía conforme a la Constitución federal. Los tribunales civiles derivan su autoridad del derecho federal, mientras que los tribunales de la sharia dependen de la jurisdicción de los estados y están limitados a los asuntos que afectan a los musulmanes, como el derecho de familia, los delitos religiosos y las cuestiones relativas al estatuto personal.

A pesar de esta clara separación estructural sobre el papel, periódicamente han surgido tensiones en relación con los límites jurisdiccionales. Casos de alto perfil relacionados con conversiones religiosas, disputas sobre la custodia de los hijos y los límites de las facultades sancionadoras de los tribunales de la sharia han alimentado recurrentes debates nacionales sobre el equilibrio entre la autoridad religiosa y las garantías constitucionales.

La decisión de la Corte Federal en el caso “Indira Gandhi” (una batalla judicial centrada en los derechos de los padres y la conversión unilateral de un hijo al islam, ndr), que en 2021 reafirmó la supremacía de los tribunales civiles en la interpretación de la Constitución, sigue siendo un punto de referencia fundamental en los debates sobre los límites de la jurisdicción. Más recientemente, el debate ha continuado en torno al ámbito de competencia de los tribunales de la sharia tras algunas modificaciones legislativas a nivel de Estados individuales orientadas a ampliar las facultades sancionadoras, algunas de las cuales fueron posteriormente impugnadas o revisadas a nivel federal.

Desde que asumió el cargo, el gobierno de Anwar ha adoptado generalmente una postura que pone el acento en el fortalecimiento institucional de las estructuras de gobierno islámicas, junto con garantías de protección constitucional para los no musulmanes.

Los funcionarios gubernamentales han descrito las reformas de los tribunales de la Sharia como medidas de carácter administrativo y de fortalecimiento institucional, más que como una extensión de la jurisdicción a los ámbitos del derecho civil. Estas reformas incluyen propuestas relativas al personal, la capacitación, la eficiencia en la gestión de los procedimientos y la mejora de las infraestructuras jurídicas. Sin embargo, la distinción sigue siendo políticamente sensible, sobre todo cuando las normas adoptadas a nivel estatal entran en conflicto con los límites establecidos por la Constitución federal.

Las declaraciones del primer ministro se inscriben además en el contexto más amplio de un gobierno de coalición, en el cual la administración federal incluye partidos que representan a comunidades religiosas y étnicas diversas. Esto ha requerido un delicado equilibrio en las cuestiones relacionadas con el Islam, el derecho y los derechos civiles. Aunque los referentes del gobierno han afirmado reiteradamente que el fortalecimiento de los tribunales de la sharia no tendrá efectos sobre los no musulmanes, en el pasado grupos defensores de los derechos civiles y constitucionalistas han pedido garantías legislativas más claras para evitar la superposición de jurisdicciones.