Seúl, la Corte Suprema impone indemnizaciones a los trabajadores forzados en Tokio

Confirmación definitiva de la sentencia que obliga a las empresas japonesas que explotaron mano de obra durante la ocupación colonial a indemnizar directamente a los trabajadores o a sus familiares. La sentencia socava el acuerdo de marzo de 2023 sobre un fondo de compensación voluntario. Una herida del pasado que pesa sobre el acercamiento entre Japón y Corea del Sur en materia de seguridad, en clave anti-Pionyang.

Seúl (AsiaNews/Agencias) - El Tribunal Supremo de Corea del Sur ha confirmado hoy las decisiones de los tribunales inferiores que ordenaban al productor siderúrgico japonés Nippon Steel Corp y a otras dos empresas japonesas pagar indemnizaciones a los surcoreanos empleados en trabajos forzados durante la Segunda Guerra Mundial y el período de dominación colonial japonesa de la península.

El veredicto plantea nuevas incógnitas para el actual proceso de recomposición de las relaciones entre Japón y Corea del Sur. En concreto, supone un revés para el plan -anunciado en marzo del año pasado- que preveía la creación de un fondo de reparación con cargo al cual Tokio y las empresas implicadas pagarían lo establecido como indemnización a las víctimas. La propia naturaleza voluntaria de la donación fue, de hecho, la cuestión sobre la que se pidió al Tribunal Supremo de Seúl que se pronunciara.

En total, unos 780.000 coreanos fueron obligados a realizar trabajos forzados por Japón durante los 35 años (1910-1945) de ocupación, según las cifras de Seúl, y más de 200.000 mujeres jóvenes fueron supuestamente forzadas a la esclavitud sexual por las tropas japonesas durante ese periodo. La respuesta de Tokio siempre ha sido que todas las cuestiones derivadas de la colonización de la península coreana se resolvieron "completa y definitivamente", incluidas las reparaciones, en 1965 con el "Acuerdo sobre la Resolución de Propiedades y Reivindicaciones y la Cooperación Económica". Japón transfirió entonces a Seúl 800 millones de dólares en subvenciones y préstamos blandos. Estos fondos se presentaron a las respectivas poblaciones en términos de "ayuda económica" y nunca llegaron a las víctimas porque fueron desviados por el Gobierno autoritario de Park Chung-hee (1961-79) hacia proyectos de industrialización y desarrollo económico del país.

En 2018, de nuevo el Tribunal Supremo coreano sostuvo que el Acuerdo de 1965 no había extinguido el derecho de los particulares a presentar demandas contra empresas japonesas. Sobre esta base, fijó la indemnización para cada demandante en aproximadamente 88.700 dólares. Sin embargo, el Gobierno de Tokio dirigido por el entonces primer ministro Shinzo Abe había pedido a las empresas niponas que hicieran caso omiso del veredicto y, en julio de 2019, Japón había excluido a Corea del Sur de su lista de socios comerciales privilegiados introduciendo inspecciones más estrictas en la exportación de tres productos químicos de los que Tokio controla el 90% del total mundial y que son los materiales clave para algunos sectores de la economía surcoreana de semiconductores.

Las relaciones económicas y políticas que Corea del Sur y Japón han ido reconstruyendo desde el regreso de los conservadores a la presidencia surcoreana en 2022 y con la mediación de Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere a la prevención de las amenazas de Corea del Norte, habían llevado en marzo de 2023 al anuncio de un entendimiento para resolver la cuestión: Corea del Sur creaba una fundación a través de la cual indemnizar a las víctimas a las que el Tribunal Supremo reconociera el derecho a reparación y a la que la parte japonesa haría una contribución única. Pero esta solución -como era de esperar- provocó las críticas de la sociedad civil surcoreana: el ala progresista la calificó como un ejemplo más de la "diplomacia humillante" de Seúl hacia Tokio. De ahí el nuevo recurso presentado ante el Tribunal Supremo por los familiares de un surcoreano fallecido en 2012, que fue movilizado para trabajar en malas condiciones en una fábrica de acero durante la Segunda Guerra Mundial y supuestamente nunca fue indemnizado. El recurso se ha ganado hoy y deja sin efecto el fondo aprobado por Seúl en marzo del año pasado.

En la foto: demandantes en Seúl que piden indemnizaciones por trabajos en tiempo de guerra camino a la Corte Suprema.