Seúl. Piden la pena de muerte para el ex presidente Yoon

En el juicio por el intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, los fiscales especiales han solicitado la pena máxima para el depuesto jefe de Estado. Se espera el veredicto en febrero. Corea del Sur no lleva a cabo ejecuciones capitales desde 1997. El precedente de Chun Doo-hwan, cuya pena de muerte fue conmutada por cadena perpetua (y posteriormente indultado).

Seúl (AsiaNews) - El equipo de fiscales especiales que representa a la acusación en el juicio relacionado con el fallido intento de imponer la ley marcial, solicitó hoy la pena de muerte para el ex presidente Yoon Suk-yeol, describiéndolo como el líder de una insurrección que intentó mantenerse en el poder tomando el control del Poder Judicial y Legislativo.

El equipo encabezado por el fiscal especial Cho Eun-suk presentó la solicitud durante la audiencia final del juicio contra Yoon en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, poco más de un año después de que el entonces presidente declarara la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, con el objetivo declarado de erradicar a las fuerzas antiestatales. En el momento en que se presentó la solicitud de condena, el ex presidente mostró una leve sonrisa desde el banquillo de los acusados, mientras algunos de sus partidarios presentes en la sala gritaron insultos.

"Cheong Wa Dae (la sede de la presidencia en Corea del Sur, donde hoy está instalado su sucesor Lee Yae-myung ndr) espera que el Poder Judicial emita un veredicto sobre la solicitud de condena del fiscal especial de conformidad con la ley y los principios, y de tal manera que responda a las expectativas de la opinión pública", dice un comunicado que se envió a los medios poco después de la petición de la pena. Fuentes legales esperan que el tribunal emita su veredicto sobre el caso de Yoon en el mes de febrero.

Yoon fue acusado en enero de 2025 de haber liderado una insurrección con la declaración de la ley marcial. Se le acusó de haber fomentado una revuelta con el propósito de subvertir la Constitución, tras haber conspirado con el ex ministro de Defensa Kim Yong-hyun y otros, y de haber declarado ilegalmente la ley marcial en ausencia de una guerra o emergencia nacional equivalente.

En particular, se le cuestiona el haber movilizado tropas y policía para sellar el edificio de la Asamblea Nacional e impedir que los legisladores votaran contra su decreto, así como el haber ordenado el arresto y la detención del presidente de la Asamblea Nacional y de los entonces líderes del partido gobernante y del principal partido de la oposición. Según el Código Penal coreano, el delito de liderar una insurrección conlleva tres posibles penas: la pena de muerte, la cadena perpetua con trabajos forzados o bien la cadena perpetua sin trabajos forzados. No se admiten penas de prisión por tiempo determinado, ni condenas con suspensión de la pena.

Yoon se ha convertido en el primer presidente en funciones en ser imputado con una detención física. Fue puesto en libertad en marzo tras una orden judicial pero regresó a prisión en julio debido a la presentación de nuevos cargos siempre relacionados con el intento de imponer la ley marcial.

La audiencia de hoy comenzó por la mañana y duró cerca de 11 horas, antes de que el equipo de fiscales especiales expresara su opinión final y formulara las peticiones de condena. Para el ex ministro de Defensa Kim Yong-hyun, acusado de haber tenido un papel clave en la insurrección, los fiscales especiales han pedido cadena perpetua. Se ha solicitado una pena de 30 años de cárcel para el ex comandante del Comando de Inteligencia de Defensa Noh Sang-won, 20 años para el ex jefe de la Agencia Nacional de Policía Cho Ji-ho, y 15 años para el ex jefe de la Policía Metropolitana de Seúl Kim Bong-sik.

Corea del Sur está clasificado como un país abolicionista de facto de la pena de muerte, ya que no se ha aplicado ninguna ejecución desde diciembre de 1997.

Para el ex presidente Chun Doo-hwan, juzgado por insurrección en 1996, también se se solicitó la pena de muerte por su papel en el golpe de Estado de 1979 que lo llevó al poder y en la violenta represión militar del movimiento de democratización de Gwangju en 1980 que le permitió permanecer en el poder hasta 1988. La pena fue luego conmutada por cadena perpetua, y posteriormente obtuvo el indulto en 1997 de manos del entonces presidente Kim Dae-jung —ex disidente perseguido por la junta militar liderada por Chun Doo-hwan— en un gesto de reconciliación nacional.