17/07/2018, 10.05
EGIPTO
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El Parlamento egipcio aprueba la inmunidad para los militares que protagonizaron la represión del 2013

Los destinatarios pueden beneficiarse con privilegios ministeriales y con la inmunidad, incluso en los viajes al exterior. Entre julio de 2013 y junio de 2014 habrían muerto más de mil manifestantes, en una de las peores y más sangrientas represiones de la historia moderna del país. Activistas: el Estado usa las leyes y los tribunales para perseguir el disenso.                

El Cairo (AsiaNews/Agencias) - El Parlamento egipcio ha aprobado una ley que protege a oficiales de alto rango del ejército, evitando que sean sometidos a procesos penales vinculados con la durísima represión que devino tras la expulsión del ex presidente Mohammed Morsi, exponente de los Hermanos Musulmanes, en el 2013. Además, el actual jefe de Estado, Abdul Fatah al-Sisi, podrá nombrar oficiales de su agrado y concederles el estatus de reserva permanente.

Los destinatarios de la medida podrían beneficiarse con privilegios ministeriales y con la inmunidad –incluso en viajes al exterior- para cualquier crimen que hayan cometido entre julio de 2013 y junio de 2014. Durante ese período de protestas y enfrentamientos -entre el ejército y los simpatizantes del movimiento extremista islámico que había ascendido al poder dos años antes- habrían muerto más de mil manifestantes.

Según ciertas estimaciones, fueron arrestadas y detenidas entre 16.000 y 41.000 personas; los tribunales emitieron cientos de condenas a muerte al término de procesos en masa. La mayor parte de los imputados eran simpatizantes de Morsi y de su movimiento, actualmente proscripto en el país. Sin embargo, la represión también azotó a liberales y activistas laicos.

En este período se consumó una de las peores y más sangrientas represiones de la historia moderna de Egipto. El 14 de agosto de 2013, soldados y agentes de policía dispersaron con el uso de la fuerza dos acampes promovidos por miles de simpatizantes de Morsi, en las plazas Rabaa al-Adawiya y Nahda, matando a cuando menos 900 personas.

Las fuerzas de seguridad masacraron a otros 60 manifestantes reunidos en el exterior del cuartel general de la Guardia Republicana en El Cairo, el 8 de julio del mismo año. Y además, acabaron con la vida de 95 manifestantes en el Manassa Memorial el 27 de julio, y con 120 personas que protestaban en la plaza Ramsés, el 16 de agosto.

Una comisión de investigación instituida por el gobierno ahondó en los hechos de violencia sucedidos en ese período y sugirió no proceder por la vía judicial. Sin embargo, grupos en defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW) afirman que la naturaleza “sistemática y generalizada” de aquellos homicidios hace pensar que son parte de una política de Estado que prevé el uso de la fuerza contra las voces críticas.

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