25/09/2020, 10.28
RUSIA
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Los católicos rusos se oponen a la nueva ley sobre la libertad religiosa

de Vladimir Rozanskij

La modificaciones a la ley prevén controles a fin de “excluir las ideas extremistas” del clero que haya cursado estudios en el exterior. La nueva norma también recibe críticas de los budistas, musulmanes, judíos y protestantes que viajan al exterior para estudiar. Se teme un recrudecimiento del control estatal sobre las religiones, como sucedió a principios de la década del ‘90 del siglo pasado. La oposición de baptistas, metodistas y pentecostales.     

 

Moscú (AsiaNews) -  Los católicos rusos miran con preocupación las modificaciones a la ley sobre la libertad de conciencia y asociaciones religiosas, presentadas en la Duma del Estado. Lo que generó mayor sorpresa fue la introducción de la obligatoriedad de la certificación para el clero que haya cursado estudios teológicos en el exterior, a fin de “excluir ideas extremistas”, aún cuando estas no se contemplan en absoluto en las instituciones católicas. La posición adoptada por la Iglesia católica fue difundida por la agencia Ria Novosti el 22 de septiembre, siguiendo las declaraciones del padre Kirill Gorbunov (en la foto), vicario general de la arquidiócesis de la Madre de Dios, en Moscú.

El nuevo proyecto de ley fue propuesto por el Comité parlamentario para el desarrollo de la sociedad civil y las cuestiones de las asociaciones públicas y religiosas. Su aprobación en una primera lectura estaba prevista para el 22 de septiembre, pero fue aplazada a una fecha por definir. La nueva norma prevé la obligatoriedad de  que sacerdotes y “el personal de las asociaciones religiosas” obtengan una validación de sus estudios, a través de la acreditacoón en instituciones académicas rusas. 

Esta norma ha generado reacciones negativas, no solo en el ambiente católico, sino también entre los budistas rusos - que tradicionalmente viajan al exterior para recibir una preparación específica - y en la mayor parte de las comunidades musulmanas, judías y protestantes. 

Según las palabras del padre Kirill, “concordamos en el hecho de que los sacerdotes que vienen del exterior para desarrollar su ministerio en Rusia, sean informados sobre la historia, la cultura y las tradiciones de Rusia, y también en que no deben difundir ningún tipo de idea extremista en la predicación. Sin embargo, en tanto no se viole la ley, velar sobre estos factores es un deber de las mismas asociaciones religiosas”. De todos modos, a su modo de ver, el intento del Estado de regular estos procesos “tampoco brindaría soluciones eficaces, e incluso más, conduciría a contradicciones inextricables”. 

Gorbunov también subrayó que “en la Iglesia Católica, el sistema de formación está rígidamente unificado… Podemos estar tranquilos, ya que en cualquier institución cultural católica, las ideas extremistas están absolutamente prohibidas”.

Por ahora, las intervenciones de los representantes de las comunidades religiosas en los medios de comunicación han impedido un nuevo intento de recrudecer las medidas de control sobre las religiones.  Pero lo cierto es que este proceso se ha venido desarrollando especialmente en los últimos cinco años, tras la aprobación de la llamada “ley Jarovoj” del 2015/2016, que combate las manifestaciones religiosas extremistas, y que culminó con  la proscripción de los Testigos de Jehová, Scientology y muchas comunidades pentecostales y metodistas.

La eventual aprobación de las nuevas modificaciones, que incluso proponen una clasificación del título de  “miembro de la comunidad” en nueve tipos distintos, obligaría a todas las asociaciones religiosas a reinscribirse y a someter sus estatutos a nuevos controles,  otorgando a las autoridades competentes la facultad de bloquear su actividad y entrometerse en la vida de los creyentes. Este calvario ya fue vivido en varias oportunidades a fines de la década del ‘90, y fue una dura prueba de paciencia para varias comunidades. Este es uno de los motivos por los que los pentecostales, baptistas y metodistas prefieren no registrarse oficialmente, y como consecuencia, deben sufrir el hostigamiento de las autoridades.

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