El 20% de los ciudadanos turcos estuvo bajo investigación judicial en 2025
Tras los atentados perpetrados en dos escuelas del país, se emitieron 83 órdenes de arresto y se bloquearon 93 grupos de Telegram . Ayer, en la provincia de Kahramanmaras, murieron nueve personas (incluido el atacante) y otras 13 resultaron heridas. El día anterior fue atacada una escuela secundaria en Urfa. Según el Informe del Ministerio de Justicia para 2025, había 16,7 millones de personas bajo investigación.
Estambul (AsiaNews) - Las autoridades turcas han emitido esta mañana 83 órdenes de arresto contra igual número de sospechosos, en el marco de la investigación que iniciaron los magistrados sobre los sangrientos atentados de los últimos días en dos instituciones escolares del país, en Sanliurfa y Kahramanmaras. Al mismo tiempo, se está llevando a cabo una fuerte ofensiva en línea y en las redes sociales, en la que se han bloqueado cientos de cuentas, que incluirían 93 grupos de Telegram identificados por contenidos violentos. En una nota, la Dirección General de Seguridad de Turquía comunicó que las órdenes se dirigían a individuos acusados de compartir contenidos que glorificaban el delito y a los delincuentes, o que buscaban perturbar el orden público tras los ataques.
“Se han emitido órdenes de arresto —dice la declaración— contra 83 personas identificadas por su activismo en la glorificación del crimen y de los criminales, con el objetivo de socavar o alterar el orden público”. En estas horas las autoridades expertas en ciberdelincuencia también bloquearon el acceso a 940 cuentas de redes sociales y cerraron 93 grupos en la popular plataforma de mensajería y comunicación.
Las medidas restrictivas se emitieron al día siguiente de la balacera en una escuela secundaria de la provincia de Kahramanmaras, al sur del país, en la que murieron nueve personas y otras 13 resultaron heridas, seis de ellas de gravedad, según informó el ministro del Interior, Mustafa Ciftci. El gobernador local, Mukerrem Unluer, añadió que el ataque fue perpetrado -por razones aún desconocidas- por un alumno de tercer año de la escuela secundaria Ayser Calik, quien murió durante el ataque. El alumno entró en dos aulas y abrió fuego de manera indiscriminada con armas que llevaba consigo y había escondido previamente en una mochila.
Hasta el momento no está claro si el joven atacante murió en el tiroteo o se quitó la vida tras matar a otras personas. Las autoridades dijeron que las armas podrían haber pertenecido al padre del sospechoso, un ex agente de policía. Según las primeras informaciones, el joven habría llevado cinco armas de fuego y siete cargadores, pero la investigación recién está comenzando y busca esclarecer los motivos que impulsaron al joven a matar.
El ministro de Justicia Akin Gurlek declaró que los fiscales han iniciado una investigación exhaustiva sobre el ataque. Su colega de Educación, Yusuf Tekin, viajó a la región, mientras el ministerio que dirige confirmó el envío de al menos cuatro inspectores a la zona para examinar lo ocurrido y colaborar con la investigación. Debido a la corta edad de las víctimas, y para proteger la labor de los magistrados, la cartera de Justicia ha impuesto restricciones a la difusión de noticias en los medios.
El ataque de ayer es el segundo en una institución escolar en los últimos días, en un país donde los tiroteos o incidentes violentos con múltiples víctimas en centros educativos son poco frecuentes. El pasado 14 de abril, un ex alumno de 19 años abrió fuego en una escuela secundaria de Urfa, en el sureste, donde resultaron heridas 16 personas. Fuentes locales informaron que el agresor se suicidó mientras la policía intentaba convencerlo de que se rindiera y entregara las armas.
En un país que en este momento se está planteando el tema de la violencia y la proliferación de armas, contrasta el informe publicado por el Ministerio de Justicia con las cifras y estadísticas de 2025. Los datos alimentan más de una preocupación sobre la salud de la democracia en Turquía y el recurso generalizado a los jueces. En efecto, uno de cada cinco ciudadanos ha sido objeto de una investigación penal el año pasado, por un total aproximado de 13,3 millones de expedientes examinados por los magistrados. El número de sospechosos alcanzó los 16,7 millones de personas sobre un total de aproximadamente 86 millones de habitantes, de los cuales más de 330.000 son niños o muy jóvenes. También resulta llamativa la cifra de más de un millón de órdenes de alejamiento emitidas por casos de violencia contra las mujeres.
El año pasado se presentaron un total de 22,9 millones de acusaciones penales, lo que significa que una de cada cinco personas en el país terminó, por diversos motivos, en el punto de mira de la justicia. De los 13,3 millones de casos, seis millones se abrieron en 2025; los delitos contra la propiedad, los delitos contra la libertad y los delitos contra el honor son los tres primeros en los expedientes de investigación según el Código Penal turco (TCK). El número de casos que llegaron al despacho del fiscal ha aumentado un 57% en una década: de 7,4 millones en 2016 a 11,6 millones en 2025.
El informe también muestra un aumento de la carga de trabajo de los tribunales penales, con 3,8 millones de expedientes presentados ante un juez, lo que supone un incremento considerable respecto a los 2,4 millones de 2016 (+58,4%). Un total de 3,9 millones de personas fueron procesadas el año pasado, y los tribunales dictaron sentencia en 3,4 millones de casos. El 43,4% fueron condenas, mientras que el 20,3% fueron absoluciones. En el 21,6% de los casos se decidió aplazar el anuncio del veredicto, mientras que otras decisiones representaron el 14,7%. El número total de expedientes resueltos en 2025 fue de 2,3 millones. La duración media de los procesos en los tribunales penales es de 248 días. Por último, el año pasado los magistrados examinaron 332.648 expedientes relativos a menores, que involucraron a un total de 330.496 niños y jóvenes. Se dictaron penas de prisión en 28.225 casos, mientras que se impusieron multas en 21.362.
