24/09/2025, 11.43
SINGAPUR-MALASIA
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A muerte por 45 gramos de heroína: fijada otra ejecución de un malasio en Singapur

de Joseph Masilamany

Datchinamurthy Kataiah, de 39 años, será ahorcado mañana en la prisión de Changi catorce años después de su detención. La apelación de su hermana contra una pena «demasiado severa y extrema para una acción ingenua cometida por un joven». La petición de 33 ONG locales para una moratoria después de que, por primera vez, el Gobierno de Wong promoviera un caso de conmutación de la pena. Actualmente hay 40 personas en el corredor de la muerte.

Kuala Lumpur (AsiaNews) – En Singapur está prevista para mañana jueves 25 de septiembre la ejecución capital de un ciudadano malasio condenado a muerte por tráfico de drogas. Un caso que está reavivando las críticas contra el uso de la pena de muerte por parte de la ciudad-Estado.

Su familia ha recibido la notificación de que Datchinamurthy Kataiah, de 39 años, será ahorcado en la prisión de Changi. Así lo ha dado a conocer Kokila Annamalai, del colectivo Transformative Justice Collective, un grupo que lucha por la abolición de la pena de muerte en Singapur. Si se lleva a cabo, la ejecución de Datchinamurthy será la undécima ahorcamiento en Singapur en 2025 y la tercera que afecta a un ciudadano de Malasia.

Datchinamurthy fue detenido en 2011 y posteriormente condenado por traficar con unos 45 gramos de heroína en Singapur. Según las severas leyes singapurenses, la posesión de más de 15 gramos de heroína o 500 gramos de cannabis conlleva automáticamente la pena de muerte. El hombre debía ser ejecutado ya en 2022, pero consiguió una suspensión de la ejecución gracias a un recurso que, sin embargo, fue rechazado por los tribunales en agosto, lo que allanó el camino para la ejecución.

Los críticos sostienen que las estrictas leyes antidroga de Singapur afectan de manera desproporcionada a los correos y pequeños traficantes, en lugar de desmantelar los grandes cárteles responsables del tráfico internacional. Durante una rueda de prensa conjunta con Amnistía Internacional Malasia y la Red Asiática contra la Pena de Muerte, Kokila leyó una carta escrita por Rani, la hermana de Datchinamurthy, que había viajado a Singapur para pasar con él sus últimos días. Según se informa, Datchinamurthy «no se oponía al castigo», pero consideraba que la pena de muerte era «demasiado severa y extrema para una acción ingenua cometida por un joven».

Treinta y tres organizaciones de la sociedad civil, incluidas las tres mencionadas, firmaron una declaración conjunta en la que pedían a Singapur que suspendiera todas las ejecuciones inminentes. Al menos tres ciudadanos de Malasia y uno de Singapur, todos condenados por delitos relacionados con las drogas, corren el riesgo de ser ejecutados tras haber agotado todas las vías de recurso.

Los grupos de derechos humanos señalan un caso reciente como prueba de que el cambio es posible: el mes pasado, el presidente Tharman Shanmugaratnam conmutó una pena de muerte por cadena perpetua, siguiendo el consejo del Gobierno del primer ministro Lawrence Wong, un gesto de clemencia sin precedentes desde 1998. «Esto demuestra que el cambio es posible», declararon, instando al Gobierno a extender la misma compasión a los demás casos pendientes.

Las organizaciones también pidieron a Malasia, que abolió la pena de muerte obligatoria en 2023 y actualmente preside la ASEAN, que adopte una postura más firme en defensa de sus ciudadanos implicados en casos de drogas en el extranjero. Según el informe global de 2024 de Amnistía Internacional, Malasia ya ha conmutado más de 1000 condenas a muerte por penas de prisión tras la reforma. Por el contrario, Singapur ha reforzado su postura: Amnistía informa de que la ciudad-Estado llevó a cabo nueve ejecuciones en 2024, frente a las cinco del año anterior, seis de ellas en solo dos meses. Actualmente, más de 40 personas se encuentran en el corredor de la muerte en Singapur.

 

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