Abogada cristiana detenida en Irán por actos «contrarios a la seguridad nacional»

Entre los cargos que se le imputan a Bahar Saharaian se encuentran también «actividades de propaganda» contra la República Islámica y «difusión de noticias falsas». En 2022 ya había estado en prisión por haberse sumado a la protesta de sus colegas contra la represión de las manifestaciones que siguieron a la muerte de Mahsa Amini. Cierre de un hotel por incumplimiento de las normas sobre el hiyab y récord de ejecuciones en 2025.

Teherán (AsiaNews) - Una abogada cristiana que en el pasado ha defendido en numerosas ocasiones a presos políticos, incluidos miembros de la propia comunidad cristiana iraní perseguidos por su fe, ha sido detenida de nuevo en su ciudad, Shiraz, al sur del país. Según informa Article18 —sitio web especializado en documentar abusos y restricciones al culto en Irán, que se hace eco de una denuncia del sitio web Emtedad—, Bahar Saharaian habría sido detenida el pasado 16 de mayo, mientras seguía varios casos que se debatían en el Tribunal Revolucionario de la ciudad. El episodio confirma una vez más el panorama de constante represión interna por parte de las cúpulas de la República Islámica hacia activistas y minorías religiosas; la represión se ha endurecido aún más en estos últimos meses, tras la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Algunos testimonios relatan que la misma mañana de su detención fue conducida a la fiscalía y acusada de «asociación ilícita con fines de cometer actos contra la seguridad nacional». A la primera acusación le seguirían otras dos relativas a «actividades de propaganda contra el sistema islámico» y «difusión de noticias falsas», una acusación pretextual que a menudo se utiliza para silenciar a activistas y voces críticas. Posteriormente, la mujer fue trasladada a la prisión de Adel Abad.

En 2022, Bahar fue una de los más de 30 abogados detenidos a raíz de las protestas que siguieron a la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años asesinada por la policía moral que la había detenido a la salida de una estación de metro en Teherán por no llevar correctamente el hiyab, el velo islámico. En aquel momento, al igual que hoy, miles de manifestantes estaban a la espera de juicio pero no tenían acceso a asistencia letrada, mientras que el fiscal pedía la pena de muerte.

Bahar ha defendido a clientes como Sam Khosravi y Maryam Falahi, cuya hija adoptiva, Lydia, fue retirada de su custodia por orden judicial, ya que se habían convertido al cristianismo y se consideraba que Lydia había nacido musulmana. Y también a Sara Ahmadi y Homayoun Zhaveh, que fueron condenados a un total de 10 años en la infame prisión de Evin, en Teherán, a pesar de que Homayoun, que ya tenía sesenta años, padecía Parkinson en fase avanzada.

En el caso de Sam y Maryam, Bahar logró obtener dos fatwas de los grandes ayatolás —la máxima autoridad islámica chiíta en Irán— que abrían la vía a la adopción. En el texto de la declaración se leía, de hecho, que, dada la «naturaleza crítica» del caso, las precarias condiciones de salud de la niña y el indiscutible vínculo afectivo con los padres, la adopción de Lydia por parte de conversos al cristianismo era «admisible».

La jurista cristiana fue también una de los 120 abogados que firmaron una carta abierta dirigida al entonces presidente del Poder Judicial y futuro presidente Ebrahim Raisi —fallecido durante su mandato en un misterioso accidente de helicóptero—, instándole a revocar la decisión. Sin embargo, a pesar de los llamamientos y los dictámenes de prestigiosos expertos islámicos, Raisi nunca dictó una sentencia que devolviera la custodia de la hija adoptiva.

Otra abogada que ha defendido a varios cristianos, Shima Ghosheh, fue detenida en enero de este año y puesta en libertad bajo fianza en marzo, tras pagar una suma equivalente a casi 40.000 dólares. Shima ha representado a cristianos, entre ellos a la familia iraní-asiria Bet-Tamraz y a conversos acusados de «apostasía», delito que en el pasado ha dado lugar a condenas a muerte.

La detención de la abogada se inscribe en una política más amplia de represión contra la minoría cristiana, como atestigua el reciente informe anual de grupos activistas que certifica la escalada de juicios y encarcelamientos por motivos de fe, posesión de material religioso o conversión. En 2025, casi el doble de cristianos fueron detenidos por acusaciones relacionadas con creencias o actividades religiosas, en comparación con el año anterior (254 frente a 139). Además, más del doble sufrió penas de prisión, exilio o trabajos forzados en 2025 (57) que en 2024 (25). Cuarenta y tres cristianos seguían cumpliendo condenas a finales de 2025, y al menos otros 16 se encuentran en prisión preventiva. Al menos 11 cristianos recibieron condenas de 10 años, otros un total de nueve años de exilio y 249 años de privaciones sociales, viéndose privados de derechos básicos como la salud, el trabajo o la educación.

No solo hay detenciones, sino que también se recurre ampliamente a las condenas a muerte, tal y como certifica el informe publicado estos días por Amnistía Internacional, que considera a la República Islámica «responsable en gran parte» del aumento récord de ejecuciones registrado el año pasado. En 2025, al menos 2.707 personas acabaron en manos del verdugo en 17 países diferentes, la cifra más alta registrada desde que se iniciaron los registros en 1981. Las autoridades iraníes llevaron a cabo al menos 2.159 ejecuciones, más del doble de la cifra registrada el año anterior y, con diferencia, la mayor contribución al aumento global. «Una minoría descarada está utilizando la pena de muerte para infundir miedo, aplastar la disidencia y castigar a las comunidades marginadas», declaró la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

Por último, no cesan las medidas restrictivas y los castigos relacionados con la controvertida norma sobre el velo islámico: en los últimos días, las autoridades han precintado el Ameri House Hotel de Kashan, uno de los mayores complejos de alojamiento tradicional de la ciudad histórica, por «incumplimiento del hijab». El complejo turístico da empleo directo a unas 90 personas y sustenta indirectamente a casi otras 150, lo que lo convierte en uno de los hoteles tradicionales más importantes de la región. Una decisión que confirma la campaña de represión de la República Islámica, que se ha intensificado, en la aplicación de las leyes sobre costumbres y moral, incluidas las restricciones relativas a la vestimenta femenina, tras la guerra con Israel y EE. UU.