Akhundzada consolida su poder en la lucha entre talibanes, mientras el país se hunde por la crisis de los refugiados

El Líder Supremo del Emirato Islámico, Hibatullah Akhundzada, ha reasignado a nueve funcionarios en un esfuerzo por consolidar su autoridad frente a otras facciones talibanes, sobre todo la Red Haqqani. Pero las tensiones internas también alimentan divisiones étnicas y territoriales. Mientras tanto, el retorno forzado de decenas de miles de refugiados de Irán está agravando la situación humanitaria en el país.

Kabul (AsiaNews) - El Líder Supremo del Emirato Islámico de Afganistán, Hibatullah Akhundzada, ha reasignado a nueve funcionarios en nuevos cargos, siguiendo la línea de anteriores reestructuraciones dentro del liderazgo talibán, marcado por divisiones ideológicas, étnicas y tribales, mientras la población sigue viviendo una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas, agravada por el retorno forzado desde Irán de decenas de miles de refugiados, tras las expulsiones de Pakistán.

Los nombramientos se anunciaron el 16 de julio y corresponden a cargos en el gobierno central y en las administraciones provinciales. Zia-ur-Rahman Madani, por ejemplo, ex gobernador talibán de Logar, ahora es viceministro de Asuntos Profesionales del Ministerio de Orientación y Asuntos Religiosos. Su puesto fue ocupado por Salahuddin Ayoubi, ex jefe de policía talibán en la provincia de Zabol, al sur del país. Sayed Hassan Shah Agha, ex vicegobernador talibán de Kandahar, ahora se encarga de las finanzas talibanas en la Oficina de Asuntos Administrativos, mientras que Qudratullah Amini, ex asesor del Ministerio del Interior talibán, ha pasado a ser vicegobernador talibán de Kabul en reemplazo de Mohammad Younis Mokhles, que fue ascendido a asesor del Ministerio del Interior. En abril y mayo, el Líder Supremo realizó operaciones similares y redujo un 20% las estructuras del gobierno.

Akhundzada nunca ha dado explicaciones sobre estos cambios, pero es fácil imaginar que se trata de una reorganización destinada a fortalecer aún más su liderazgo - cuyo centro geográfico gira en torno a la ciudad de Kandahar (donde también se ha creado una fuerza policial específica para proteger al Líder Supremo) - sobre las otras facciones talibanes, especialmente la que lidera Sirajuddin Haqqani, quien oficialmente sigue siendo ministro del Interior.

Según varios expertos, el regreso de los talibanes al poder ha exacerbado las divisiones internas que antes estaban enmascaradas por la necesidad de luchar contra la presencia extranjera en Afganistán que apoyaba al gobierno anterior. La transición de un movimiento guerrillero a una administración estatal ha hecho emerger las divisiones ideológicas, creando una competencia interna por el poder y los recursos.

En este contexto, Akhundzada es partidario de una aplicación estricta de la ley islámica y un retorno al gobierno talibán de los años '90, incluso a costa del aislamiento internacional. Él es el responsable de las prohibiciones contra las mujeres, por las cuales la Corte Penal Internacional ha emitido incluso una orden de arresto, mientras que la Red Haqqani, encabezada por Sirajuddin, tiene una visión más pragmática y estaría dispuesta a negociar con la comunidad internacional para reducir el aislamiento del régimen y asegurar su supervivencia a largo plazo.

La Red Haqqani también cuenta con fuentes de financiación independientes, lo que le permite una cierta autonomía dentro de la estructura talibán. De esta facción forman parte Abdul Ghani Baradar, viceprimer ministro, y el mulá Mohammad Yaqoob, ministro de Defensa e hijo del fundador del movimiento, el mulá Omar. No sólo ha tratado de fortalecer los lazos militares y comerciales con Catar, los Emiratos Árabes Unidos y la India, sino que en una ocasión declaró que los talibanes deberían “escuchar las legítimas demandas del pueblo”. Otros líderes también han hecho declaraciones en los últimos meses en las que han criticado abierta y públicamente al ala intransigente. Este es el caso, por ejemplo, de Abbas Stanikzai, viceministro de Relaciones Exteriores, que se auto exilió en los Emiratos Árabes Unidos (donde el propio Haqqani estuvo un tiempo hace pocos meses) después de haber apoyado públicamente la educación de las niñas y mujeres e incluso haber afirmado que las personas tienen derecho a rechazar órdenes contrarias a la ley islámica.

Pero estas no son las únicas divisiones: en el Ministerio de Defensa han despedido a más de 4.400 personas, en su mayoría de la etnia tayika y otros grupos no pastunes. Oficialmente se presentó como una medida de reducción de costos, pero en realidad la decisión se interpretó como un intento de consolidar el dominio pastún sobre las otras etnias. En la provincia nororiental de Badakhshan, en particular, han surgido tensiones a raíz de la creciente marginación de los comandantes tayikos de la administración local, y por la destrucción de los campos de opio.

Y mientras los talibanes siguen luchando por el poder, casi la mitad de la población afgana –más de 23 millones de personas– necesita asistencia humanitaria. La situación se agrava aún más por el regreso de los refugiados afganos de Pakistán e Irán: solo en junio Irán ha repatriado 500 mil personas, de las cuales 80 mil eran niños, según denunció Save the Children hace pocos días. Se estima que desde enero, 1,4 millones de afganos han abandonado Irán (a menudo de manera forzada), donde viven millones de refugiados como resultado de décadas de conflicto, y en marzo declaró que no podía seguir asistiendo a los refugiados afganos. Tras la guerra con Israel, Teherán ha culpado a los afganos de ser espías al servicio de Washington y Tel Aviv, y han aumentado las agresiones contra los refugiados. En las últimas semanas cerca de 20 mil personas por día han cruzado la frontera entre los dos países, lo que supone una de las crisis migratorias más graves de la última década.