Colombo: huellas dactilares de los empleados públicos para prevenir el abuso infantil

de Melani Manel Perera

Sri Lanka introducirá el control obligatorio para aquellos que trabajan con niñas y niños en las instituciones. La medida incluye también antecedentes penales y controles periódicos para el personal que ya está en servicio. El objetivo es reforzar la prevención y la responsabilidad institucional.

Colombo (AsiaNews) - Sri Lanka ha decidido implementar el registro obligatorio de huellas dactilares para las personas que soliciten empleos en agencias del Estado que impliquen una interacción directa con niños. La medida supone un cambio significativo en el sistema de protección que depende de la Autoridad Nacional de Protección Infantil (NCPA), y el objetivo es impedir que los condenados por abusos a menores ocupen cargos que les permitan volver a entrar en contacto con ellos.

La iniciativa responde a un contexto de deficiencias sistémicas en la protección de niñas y niños, caracterizado por largas demoras en las investigaciones y los procedimientos judiciales, así como una inadecuada responsabilidad institucional. Durante años numerosas víctimas han tenido serias dificultades para obtener justicia, lo que demuestra la necesidad fundamental de adoptar medidas preventivas en vez de respuestas reactivas.

A lo largo de los sucesivos gobiernos las instituciones encargadas de proteger a los menores - entre ellas el Ministerio para la Mujer y la Infancia y la propia NCPA - han tenido que lidiar con recursos limitados, la aplicación desigual de las leyes, y las prioridades políticas cambiantes. Mientras tanto, los abusadores han seguido viviendo y trabajando dentro de las comunidades, y hay casos documentados de personas condenadas por abusos que han mantenido u obtenido trabajos que los ponen en estrecho contacto con niños.

La NCPA está procediendo entonces a la implementación de un marco jurídico ya existente al que no se recurre habitualmente, haciendo obligatorio el control de las huellas dactilares en las contrataciones y para conservar el empleo en el sector público.

El núcleo de la propuesta es una directiva que se emitirá en virtud de la Sección 18 de la Ley de la NCPA, que faculta al ministro competente a impartir directivas vinculantes para los departamentos gubernamentales y los organismos estatutarios en materia de prevención de abusos a menores. Aunque la disposición existe desde hace años, nunca se había implementado de esta manera anteriormente.

Preethika Sakalasooriya, responsable de la división legal de la NCPA, comunicó que el borrador de la directiva ha sido sometido a revisión legal y ha recibido el visto bueno del Fiscal General, así como la aprobación del nuevo Consejo de Administración. Una vez emanada, se aplicará a todos los departamentos, las instituciones semi gubernamentales, los consejos y las comisiones que trabajan con menores.

“Es un paso excepcional”, dijo Sakalasooriya, quien explicó que, históricamente es la primera vez que se aplica la Sección 18 para la detección preventiva. Sakalasooriya añadió que los responsables de las instituciones tendrán la función de detectar y alejar a los transgresores de los puestos que impliquen una relación con menores. “Nadie es indispensable”, añadió. “Queremos que las personas que no perturban a los niños ocupen los puestos que los ponen en contacto con ellos. Los pedófilos buscan obtener y mantener empleos que les permitan tener este acceso”.

El mecanismo propuesto está relacionado con un sistema de registro de antecedentes penales basado en las huellas dactilares, de conformidad con la ordenanza sobre la prevención de delitos. Aunque la ley es del año 1800, una enmienda de 2017 amplió significativamente su ámbito de aplicación, imponiendo la obligatoriedad de tomar las huellas dactilares en los delitos relacionados con el abuso de menores. Gracias a dicha enmienda, 13 delitos que entran en esta definición legal han sido designados como sujetos a dicha obligación. Entre otros, se incluye explotación sexual, trata, acoso y crueldad contra menores, secuestro, explotación de la prostitución, delitos relacionados con la adopción, y el reclutamiento de menores para conflictos armados.

La base de datos, que antes era manual, ahora ha sido digitalizada, lo que permite a las estaciones de policía de todo el país acceder y verificar los datos de manera más eficiente. Según la directiva propuesta, todos los nuevos contratados en instituciones estatales que entren en contacto con niñas y niños estarán obligados a presentar un certificado de antecedentes penales que acredite que no han sido condenados por delitos relacionados con el abuso infantil. Los empleados que ya están en servicio también serán sometidos a una evaluación periódica cada cinco años. El marco normativo incluye además evaluaciones obligatorias de la salud mental, que se realizarán en coordinación con el Ministerio de Salud.

El compromiso de Sri Lanka refleja las tendencias globales, aunque los sistemas de registro de los condenados por delitos sexuales difieren notablemente de una región a otra. Hasta 2022, al menos 41 países y regiones habían implementado leyes que regulan el registro de los abusadores sexuales, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, India y Corea del Sur.

Algunos países tienen registros accesibles al público, poniendo el acento en la transparencia y en la sensibilización de la comunidad, mientras que otros limitan el acceso a las fuerzas del orden a través de programas de divulgación regulados. La eficacia de estos registros es muy controvertida, ya que quienes se oponen plantean inquietudes sobre la privacidad, la proporcionalidad y la rehabilitación duradera. Para Sri Lanka, la propuesta de la NCPA representa un paso hacia la responsabilidad institucional, que prioriza la seguridad y protección de los menores en los contextos públicos del Estado.