Conductores de tuk-tuks contra aplicaciones de pago: agresiones y polémicas en Sri Lanka
La denuncia de PickMe, una de las principales empresas de transporte privado: «La policía está haciendo la vista gorda ante las intimidaciones que sufren nuestros conductores». Los nuevos servicios rompen el monopolio de los grupos locales que imponían tarifas exorbitantes a los turistas. Pero también pesa la falta de aplicación de normas básicas, como la que impondría la presencia de un taxímetro en todos los vehículos de tres ruedas.
Colombo (AsiaNews) - En Sri Lanka crece la tensión entre los conductores de vehículos de tres ruedas (los llamados tuk-tuk) y los proveedores de servicios basados en aplicaciones como Uber y PickMe. Hace unos días, en Ella, una popular localidad turística de la provincia de Uva, los conductores de PickMe fueron acosados e impedidos de recoger pasajeros, ya que competían con los precios exorbitantes que la «mafia local» de los tres ruedas impone a los turistas.
Incluso para una distancia corta de un kilómetro se aplica una tarifa mínima de unas 200 rupias, mientras que los servicios basados en aplicaciones cobran aproximadamente entre 80 y 100 rupias por kilómetro. Aunque los gobiernos han prometido en repetidas ocasiones regular los servicios de los vehículos de tres ruedas, en particular las tarifas, años de escasa aplicación de la normativa y de indecisión han permitido que el sector opere con una responsabilidad mínima, dejando a los viajeros expuestos a precios arbitrarios y a estándares de servicio inconsistentes.
PickMe, una de las principales empresas de transporte compartido, ha protestado afirmando que «la policía está haciendo la vista gorda ante la violencia y las intimidaciones que sufren nuestros conductores por parte de los operadores locales de tuk-tuks». El problema de la violencia ejercida por las bandas de tuk-tuks contra los conductores que utilizan aplicaciones y aplican tarifas más bajas corre ahora el riesgo de poner en peligro el reconocimiento turístico del país como «destino seguro».
Las autoridades han intentado a menudo hacer obligatorios los taxímetros en todo el territorio nacional; sin embargo, en muchas zonas los vehículos de tres ruedas siguen funcionando sin taxímetro y, en varias zonas, los taxímetros habrían sido manipulados. Los recientes incidentes ocurridos en lugares turísticos, como el aeropuerto de Katunayake, la estación de tren de Kandy y destinos populares como Ella, Nuwara Eliya y Weligama, ponen de relieve la gravedad de la situación.
Adesh Mendis, Nishamnai Samarasekara y Ravindu Gamage, tres turistas locales que visitaban Ella, contaron a AsiaNews el incidente de la semana pasada. «Alquilamos dos vehículos de tres ruedas PickMe para desplazarnos por varios lugares de Ella y Haputale. Nos detuvieron en la carretera conductores locales de vehículos de tres ruedas, que nos obligaron por la fuerza a subir a sus vehículos. Nuestros conductores fueron amenazados y obligados a dar media vuelta. Según la aplicación, el coste de nuestro viaje era de 1.500 rupias, mientras que los triciclos locales querían que pagáramos 2.800 rupias. Aunque intentamos negociar, se negaron a bajar los precios. No tuvimos más remedio que pagar la elevada cantidad que nos impusieron. No llevamos grandes cantidades de dinero cuando viajamos —se quejan los usuarios—, utilizamos tarjetas de crédito para pagar a los conductores de las aplicaciones, mientras que a los conductores locales hay que pagarles en efectivo».
Los profesores universitarios Roshan Gunatillake y Sampath Attygala consideran que «para prevenir la mafia de los triciclos, en primer lugar debería ser obligatorio el uso de taxímetros en todo el territorio nacional, con sanciones severas por manipulación. En segundo lugar, las zonas de recogida designadas deberían proteger a los operadores basados en aplicaciones en aeropuertos, estaciones y lugares turísticos. En tercer lugar, debería aplicarse por ley un marco tarifario transparente, vinculado a la distancia y a los precios del combustible. Por último, un sistema profesional de licencias y gestión de reclamaciones debería hacer que los conductores se responsabilizaran de sus actos. Sin una acción decisiva de este tipo, el Estado corre el riesgo de ceder la gobernanza del transporte público al caos, con un coste que recaerá sobre los ciudadanos, los visitantes locales y los extranjeros. La inacción de las autoridades se debe en gran parte al electorado que representan más de un millón de conductores de vehículos de tres ruedas y más de 2,5 millones de votos, incluyendo a sus familias».
«Actualmente —continúan los académicos—, los vehículos de tres ruedas desempeñan un papel importante, sobre todo en las zonas rurales que carecen de transporte público. Sin embargo, esto no puede justificar las tarifas excesivas, las intimidaciones y los comportamientos que dañan la imagen de Sri Lanka. Los precios exorbitantes y la arrogancia ocasional, incluidos los episodios de acoso, son las impresiones que los turistas se llevan a casa».
Por su parte, las asociaciones de conductores de vehículos de tres ruedas han organizado protestas en diferentes partes del país alegando que «tenemos derecho a fijar los precios para los clientes».
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