Delhi. Enfrentamiento entre gobierno y sindicato por la reforma del mercado laboral

Los que están a favor, consideran que las nuevas normas simplifican el sistema y benefician a empresas y trabajadores. Para los críticos, las leyes irán "sólo en beneficio" de los propietarios, menoscabando los derechos de los empleados. Ha sido definida como la "más radical" de las últimas décadas y reduce las 29 leyes federales anteriores a cuatro códigos simplificados, pasando de 1400 a 350 normas en total.

Delhi (AsiaNews) - La reforma laboral anunciada en los últimos días por el gobierno del primer ministro Narendra Modi, un conjunto de normas de amplio alcance destinadas a modernizar un sector desatendido durante demasiado tiempo, está generando un amplio debate en el país entre partidarios y voces críticas. El objetivo es superar leyes obsoletas y garantizar una mayor protección para millones de trabajadores, pero el jefe del ejecutivo considera que también garantizará "una base sólida para la seguridad social universal, el pago puntual de salarios mínimos, lugares de trabajo seguros y oportunidades remunerativas". Al mismo tiempo, los cambios deberían también impulsar "la creación de nuevos puestos de trabajo y aumentar la productividad" en todo el sector económico.

El Ministerio de Trabajo se hizo eco de los eslóganes y mensajes del gobierno y afirmó que la reforma sitúa a los trabajadores, en particular a las mujeres, los jóvenes, los precarios y los migrantes, "en el centro de la gobernanza" con una "seguridad social ampliada y derechos transferibles que se aplican a nivel nacional". La reforma ha sido definida como "la más radical de las últimas décadas" y reduce las 29 leyes federales que regulaban el mercado a cuatro códigos simplificados. En consecuencia, el número de normas se ha reducido de 1.400 a cerca de 350, mientras que la cantidad de formularios que las empresas debían completar ha pasado de 180 a 73, aligerando drásticamente la carga regulatoria sobre las empresas.

Las leyes fueron aprobadas por el Parlamento en 2020, pero después de cinco años de retrasos y muchas controversias políticas, finalmente están listas para ser aplicadas de manera uniforme en todo el país. Las empresas, que durante mucho tiempo han atribuido la responsabilidad de la atrofia del sector manufacturero indio a las prácticas laborales restrictivas, han recibido los cambios con entusiasmo. Los sindicatos, en cambio, exigen que sea retirada y afirman que la reforma es la "más radical y agresiva abrogación de los derechos y privilegios ganados con tanto esfuerzo por los trabajadores desde la independencia". Las modificaciones ya han provocado manifestaciones en todo el país, como la protesta que convocaron en la capital el 26 de noviembre los sindicatos de izquierda no alineados con las directrices del partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Modi.

En el lugar de la protesta, Akashdeep Singh, un obrero de 33 años empleado en una empresa internacional de bebidas en las afueras de Nueva Delhi, declaró a la BBC que "las leyes solo benefician a los empleadores y no a los trabajadores como nosotros". Muchos otros han expresado preocupaciones similares. El gobierno afirma que las reformas, largamente esperadas, buscan modernizar leyes obsoletas, agilizar el cumplimiento y proteger los derechos de los trabajadores, reconociendo legalmente por primera vez la creciente fuerza laboral precaria de la India.

Diversas medidas a favor de los trabajadores - cartas de contratación obligatorias, salarios mínimos uniformes, exámenes médicos anuales gratuitos para los mayores de 40 años y retribución neutral desde el punto de vista del género - son pasos positivos. Junto con menores cargas de cumplimiento, mayor seguridad social y una definición más amplia de empleado que incluye a los trabajadores precarios, estas reformas, según los expertos, podrían contribuir a formalizar la vasta economía informal de la India.

Sin embargo, en la reforma también hay elementos problemáticos, entre ellos dos cláusulas particularmente controvertidas que han provocado el descontento de los sindicatos. Estas disposiciones facilitarán a las empresas el despido de trabajadores y hará más difícil para los empleados convocar huelgas legales. Anteriormente las fábricas con 100 o más trabajadores debían obtener la autorización del gobierno antes de despedir empleados. Ahora ese umbral se ha elevado a 300. Según algunos economistas, las viejas normas que prohibían los despidos en las empresas con 100 o más empleados eran "draconianas" y obstaculizaban la competitividad respecto a países como Bangladés, Vietnam y China. Otros, por el contrario, sostienen que las restricciones laborales por sí solas no explican la débil competitividad de la India ni la lenta inversión del sector privado en nuevas plantas.

Aunque persisten diferencias ideológicas, los expertos coinciden en que es necesario simplificar las normas obsoletas y complejas, que a menudo son utilizadas por los inspectores para obstaculizar la actividad de los propietarios de fábricas. Con más de la mitad de la población en edad de trabajar fuera del mercado laboral y casi el 60% que trabajan por cuenta propia, las viejas reglas ya no podían funcionar. El impacto de las nuevas normas en el crecimiento manufacturero y en las inversiones sigue siendo incierto, pero a corto plazo la transición plantea varios desafíos a las empresas. Dado que el trabajo está regulado tanto por normas estatales como centrales, los empleadores podrían verse obligados durante cierto tiempo a respetar una doble normativa, afirma BDO India, mientras que el gobierno debe afrontar la continua resistencia de los sindicatos.