Delhi. La Corte suprema ordena la repatriación de una mujer embarazada que había sido expulsada como extranjera

Sunali Khatun, embarazada de nueve meses, fue rechazada junto con su familia cuando cruzó la frontera de Bangladés junto con su familia, y detenida como "migrante ilegal". Los jueces indios acusaron al gobierno central de haber ignorado pruebas que acreditan su ciudadanía india. Finalmente, Delhi aceptó que volviera “por razones humanitarias”. Un ejemplo aberrante de las expulsiones sumarias que se llevan a cabo en el estado de Assam contra ciudadanos musulmanes de etnia bengalí.

Nueva Delhi (AsiaNews) - Una mujer embarazada fue expulsada de la India junto con el resto de su familia, acusada de ser una migrante "bengalí". Ayer, el gobierno de la India, por orden de la Corte Suprema, decidió llevarla de vuelta a la India, por “razones humanitarios”, pero separándola de su marido y de sus hijos pequeños. Sunali Khatun, de 26 años, que se encuentra en el noveno mes de embarazo, “podría ponerse de parto en cualquier momento”, explicó su abogado.

La joven, originaria del Estado indio de Bengala Occidental pero que vive desde hace años en Delhi, fue detenida por la policía el pasado mes de junio, acusada de haber entrado ilegalmente a la India desde Bangladés. Junto con su marido, Danish Sheikh, sus dos hijos menores y otra familia de su misma aldea, fue conducida del otro lado de la frontera, donde fue detenida por las autoridades bangladesíes, que la acusaron de ser una “infiltrada”. Sunali y Danish trabajaban como recolectores de residuos para revenderlos y, según lo que se desprende de las investigaciones, fueron expulsados a través del Estado nororiental de Assam, donde fueron golpeados y maltratados por los guardias fronterizos indios.

El caso legal se complicó debido a las tensiones entre el gobierno central de Delhi, liderado por el partido extremista hindú Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro indio Narendra Modi, y el Trinamool Congress, que gobierna Bengala Occidental, encabezado por Mamata Banerjee.

El 26 de septiembre, el Tribunal Superior de Calcuta ya había ordenado al gobierno central que trajera de vuelta a la India a Sunali y a otros cinco trabajadores bengalíes que habían sido llevados del otro lado de la frontera sin el debido proceso. Dos días antes de la fecha límite fijada por los jueces, el gobierno de la Unión recurrió a la Corte suprema para impugnar la orden. Simultáneamente el gobierno de Bengala Occidental presentó un recurso por desacato al Tribunal, acusando a Delhi de no haber respetado la medida.

Los jueces de la Corte suprema criticaron duramente la conducta del gobierno central, acusándolo de haber expulsado a la mujer y a los otros presuntos "irregulares" sin haber verificado si poseían la ciudadanía india. Sunali Khatun y su familia presentaron una amplia documentación, que incluye certificados escolares, títulos de propiedad que datan de 1952 e incluso los padrones electorales de 2002, en los que aparecen los nombres de sus padres registrados en el distrito de Murarai, en Bengala Occidental. Sunali fue acusada de haber entrado ilegalmente en la India en 1998 cuando ese año todavía no había nacido.

"Si una persona afirma haber nacido y crecido en la India, tiene derecho a ser escuchada", observó la Corte, y ordenó al gobierno que utilizara procedimientos más claros y prestara mayor atención a los casos más delicados, como el de una mujer próxima a dar a luz.

Mientras el caso avanzaba en los tribunales, Sunali Khuran y su familia permanecieron detenidos durante más de tres meses en el distrito de Chapai Nawabganj, en Bangladés, primero en un centro correccional y luego en una casa alquilada, cuando un tribunal local les concedió la libertad bajo fianza. "No hemos cometido ningún crimen", declaró Sunali en una videollamada al diario indio The Wire. "Estoy al final de mi embarazo. Pido poder volver a mi país, para estar cerca de las personas que amo", añadió entre lágrimas.

El gobierno de Delhi finalmente anunció que está dispuesto a llevar a la mujer de vuelta a la India junto con su hijo de ocho años, pero no al resto de la familia, que por ahora permanecerá en Bangladés a la espera de que concluyan los procedimientos legales. La decisión ha sido ampliamente criticada porque impone a la mujer un nuevo trauma al separarla de su marido y de sus otros hijos.

El caso de Sunail Khuran no es un hecho aislado. En los últimos meses numerosos migrantes musulmanes de etnia y lengua bengalí (que viven sobre todo en Bengala Occidental, pero también en otros estados de la India, así como en Bangladés y Pakistán) han sido expulsados de manera sumaria y sin garantías legales, sobre todo a través de Assam, donde también está en el poder el BJP.

Desde mayo de este año las autoridades han enviado de vuelta a Bangladés a cientos de musulmanas catalogados como "infiltrados" o trabajadoras irregulares, incluso cuando vivían en la India desde hace décadas, poseían propiedades o tenían hijos nacidos en el país.

Esta ola de deportaciones ha sido posible por una controvertida redefinición que llevaron a cabo los tribunales para extranjeros (Foreigners Tribunals), los organismos encargados de establecer si una persona es extranjera o no. En los últimos años estos tribunales han adquirido cada vez más poder de decisión ignorando la autoridad del Registro Nacional de Ciudadanos (NRC), que supuestamente tiene la lista de todos los ciudadanos indios. Sin embargo, en una versión de la lista revisada en 2019, quedaron excluidas cerca de 2 millones de personas, lo que condujo a deportaciones masivas y la apertura de numerosos casos ante los tribunales para extranjeros.

A todo esto se suma el problema de la carga de la prueba, que recae enteramente sobre el individuo sospechoso de ser "extranjero". Muchas personas se ven obligadas a demostrar su ciudadanía india con documentos antiguos, difíciles de conseguir o llenos de pequeñas discrepancias . Diversas organizaciones humanitarias han denunciado esta práctica, señalando que expone sobre todo a las personas más pobres y a los analfabetos al riesgo de perder la ciudadanía a pesar de haber nacido y crecido en la India.