de Nirmala Carvalho

Las nuevas reglas introducidas por la University Grants Commission para combatir el fenómeno en los campus universitarios de Uttar Pradesh han sido cuestionadas por los estudiantes de las "general classes", las categorías que no entran en los sistemas de protección de cupos. Se les atribuye un lenguaje ambiguo y el riesgo de generar nuevas formas de exclusión. La Corte Suprema ha suspendido su aplicación y ha pedido una nueva redacción que respete las protecciones anteriores.

 

Lucknow (AsiaNews) – Las nuevas reglas que ha promulgado la University Grants Commission (UGC) para promover la equidad en las universidades indias y combatir la discriminación de casta en los campus han provocado una ola de protestas de los estudiantes pertenecientes a las castas superiores. El martes, numerosos universitarios salieron a las calles acusando a la UGC, que regula y supervisa la educación universitaria a nivel nacional, de proteger solo a las castas inferiores e introducir nuevas formas de discriminación debido al lenguaje poco claro de las normas, y la Corte Suprema ha intervenido para dar la razón a los estudiantes.

Las protestas se concentraron en el Estado de Uttar Pradesh. En Lucknow los universitarios organizaron sentadas y marchas, pero también se han reportado movilizaciones y manifestaciones en los distritos de Kanpur, Prayagraj, Deoria y Raebareli. Incluso varios líderes del BJP, el partido ultranacionalista hindú en el gobierno, han criticado la adopción de las normas de la UGC, temiendo que los miembros de las castas superiores sean declarados culpables en caso de denuncias.

Las normas cuestionadas son, concretamente, las “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026”, que obligan a todas las instituciones superiores a prevenir, monitorear y sancionar la discriminación, haciendo directamente responsables a las autoridades académicas. Las reglas también establecen la creación obligatoria de Centros para la Igualdad de Oportunidades, encargados de asesorar a los estudiantes pertenecientes a los grupos desfavorecidos reconocidos por la Constitución de la India. Estos centros deberían ocuparse de recibir las denuncias de discriminación y abusos, y brindar asesoramiento.

La adopción de reglas de este tipo ha sido motivada, entre otras cosas, por episodios dramáticos que han involucrado a universitarios pertenecientes a clases desfavorecidas en los últimos años. En 2016, por ejemplo, se suicidó en Hyderabad Rohith Vemula, estudiante dalit de doctorado, y en 2019 Payal Tadvi, una joven ginecóloga musulmana perteneciente a una comunidad tribal, se quitó la vida en Mumbai, tras denunciar graves discriminaciones en su contra.

Algunos grupos de estudiantes han aclarado que su movilización no es contra la idea de equidad que propone la UGC, sino contra la ambigüedad de la normativa, que podría dar lugar a abusos en vez de resolver el problema.

El punto más controvertido es la definición de “discriminación de casta” que se encuentra en la Regulation 3(c), donde dice que es una discriminación ejercida “solo sobre la base de la casta o de la tribu” en perjuicio de personas pertenecientes a las Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) y Other Backward Classes (OBC), categorías social y económicamente desfavorecidas a las cuales se les reservan cupos en los empleos públicos y en la universidad. El adverbio “sólo” es precisamente en el que se ha concentrado la mayor parte de las críticas. Los recurrentes afirman que esa formulación podría excluir situaciones complejas, porque a menudo las discriminaciones nacen de una combinación de varios factores. Los estudiantes también temen que otros casos de humillación que ocurren en los campus queden desprotegidos.

Algunos grupos pertenecientes a las llamadas “clases generales” (aquellos que no entran en el sistema de protección de cupos), también han planteado que las normas no reconocen que incluso los estudiantes que no pertenecen a las categorías reservadas pueden ser víctimas de discriminación u hostilidad. Por eso piden una protección más amplia de la “dignidad de todos los ciudadanos”, sin establecer jerarquías entre las víctimas.

La nueva normativa ha sido impugnada ante la Corte Suprema de la India, que ha decidido suspender su aplicación. Durante la audiencia, los jueces calificaron el lenguaje de las normas como “vago” y pidieron que vuelvan a ser redactadas con el aporte de expertos. La Corte también dictaminó que, hasta una nueva decisión, seguirán vigentes las regulaciones de la UGC que rigen desde 2012, invocando el artículo 142 de la Constitución, que permite a la Corte intervenir para garantizar una “justicia completa” yendo más allá de la interpretación literal de las disposiciones, para evitar que se desmantelen las protecciones existentes para los grupos marginados.