Edad penal a los 12 años: Malé bajo examen de la Comisión de la ONU respecto de los Derechos del Niño

de Maria Casadei

Durante la revisión periódica anual de las Naciones Unidas, el gobierno de Maldivas defendió la propuesta de rebajar a 12 años la edad de responsabilidad penal debido a la necesidad de combatir el reclutamiento de menores por parte de las bandas criminales. Sin embargo, los expertos de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos del país expresaron su fuerte preocupación por el riesgo de criminalización de los niños y por las deficiencias persistentes en el sistema de protección de la infancia.

Malé (AsiaNews) – La propuesta del gobierno de Maldivas de reducir a 12 años la edad de responsabilidad penal abrió dio origen a una confrontación durante la última revisión del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Los expertos de las Naciones Unidas pidieron aclaraciones al ejecutivo sobre los motivos de la reforma y expresaron su fuerte preocupación por el posible impacto en los derechos de los menores.

La revisión forma parte del mecanismo periódico mediante el cual el Comité evalúa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de los Estados miembros. En el caso de Maldivas, el diálogo con la delegación del gobierno estuvo especialmente centrado en la justicia de menores, la protección de los niños contra la explotación y el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos fundamentales.

El ministro de Seguridad Interna, Ali Ihusan, planteó que en el último año más de 150 jóvenes de entre 12 y 15 años estuvieron involucrados en actividades delictivas. El marco normativo actual, que establece los 15 años como edad de responsabilidad penal, ofrece una protección tan amplia que limita fuertemente la intervención del Estado, tanto a nivel de prevención como de rehabilitación. Esta situación hace que los menores sean especialmente vulnerables al reclutamiento por parte de bandas, que los explotan precisamente porque no son penalmente responsables.

De opinión opuesta es la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas, que advirtió sobre el riesgo de que la reducción de la edad de responsabilidad penal exponga a los niños a nuevas formas de abuso y criminalización. Los expertos del Comité de la ONU también plantearon dudas sobre la eficacia de la medida, y preguntaron si existen alternativas basadas en políticas sociales, educativas y de apoyo a las familias.

A través del ministro Ihusan, el gobierno defendió la reforma explicando que el objetivo no sería castigar indiscriminadamente, sino intervenir con menores de entre 12 y 14 años que ya están involucrados en delitos violentos. En este marco, el Ejecutivo también hizo referencia a la nueva ley contra el crimen de bandas, que entró en vigor en 2025. Esta introduce penas severas para quienes exploten a menores: hasta 25 años de cárcel y multas de hasta 10 millones de rufiyaa (unos 550 mil euros).

Sin embargo, durante el debate el Comité de la ONU señaló otras deficiencias estructurales del sistema de protección de la infancia en Maldivas. Entre ellas, la cuestión de la pena de muerte, formalmente prevista en el ordenamiento jurídico según la ley islámica, en caso de que los familiares de la víctima decidan aplicarla, y que sigue planteando interrogantes, especialmente en casos de delitos cometidos por menores. Los expertos también llamaron la atención sobre los castigos corporales: aunque muchas formas están prohibidas por ley, persisten prácticas punitivas incompatibles con los estándares internacionales.

Otras preocupaciones se refieren a las dificultades de los menores para participar efectivamente en los procesos judiciales, a menudo obstaculizados por un lenguaje técnico poco accesible y por la falta de un respaldo legal adecuado. También se abordó el tema de la separación de los padres: aunque la ley prioriza el acogimiento familiar, muchos niños siguen pasando largos periodos en centros de acogida. Por último, en el caso de menores con discapacidad, la Comisión de Derechos Humanos señaló graves deficiencias en los servicios, especialmente en las islas periféricas del archipiélago.

Junto con la propuesta de reforma penal, el gobierno presentó al Comité una intervención específica: el traslado de los menores que se consideran en situación de riesgo a una estructura de rehabilitación en una isla especialmente equipada, denominada “Hope Island”. El propósito de la iniciativa, según las intenciones del gobierno, sería proteger a los niños de la influencia de las bandas, proporcionándoles un entorno seguro con programas escolares, deportivos y de formación profesional, y manteniendo al mismo tiempo el contacto con las familias y la comunidad.

Al terminar la revisión, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, compuesto por 18 expertos independientes, elaborará en las próximas semanas una serie de recomendaciones formales, basadas en los documentos que ha presentado el gobierno y en los informes de la sociedad civil. El fiscal general Ahmed Usham, al frente de la delegación maldiva, aseguró que la dignidad y la seguridad de los niños son siempre una prioridad nacional, y confirmó el compromiso del gobierno con la protección de los derechos de la infancia.

(Foto: Unicef Maldives)