En Timor Oriental la minoría Chin lleva a la junta militar birmana ante la justicia

de Gregory

Una organización de derechos humanos ha presentado en Dili una denuncia contra la junta de Myanmar por crímenes de lesa humanidad. La elección de Timor Oriental, que ingresó recientemente en la ASEAN y está marcado por su propia historia de ocupación y violencia, abre un nuevo frente judicial en el sudeste asiático. Los generales de Naypyidaw han reaccionado con una protesta diplomática, acusando a Dili de violar el principio de no injerencia consagrado en la Carta de la ASEAN.

Rangún (AsiaNews) – Para las víctimas de la represión militar en Myanmar, Timor Oriental se ha convertido en un nuevo campo de batalla. No armado, sino legal. Una organización de derechos humanos que representa a la minoría Chin ha presentado en Dili una denuncia contra la junta militar birmana por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

El recurso fue entregado el lunes 19 de enero en la Fiscalía de Dili, capital del último país que ha obtenido, en octubre del año pasado, el estatus de miembro de pleno derecho de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Esta joven nación, marcada por una larga ocupación militar y graves violaciones de los derechos humanos, es percibida como poseedora de una especial autoridad moral en la región. Según diversas reconstrucciones, sin embargo, antes del ingreso en la ASEAN Timor Oriental tuvo que garantizar el cumplimiento del principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países miembros. En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores de Timor había declarado que no tenía intención de "permitir las actividades de organizaciones ilegales" en su territorio, una fórmula que utiliza la junta birmana para etiquetar a la oposición.

Los encargados de presentar el expediente fueron los representantes de la Chin Human Rights Organization (CHRO), acompañados por varias víctimas de la violencia. La documentación que se entregó a las autoridades timorenses se propone exigir responsabilidades penales a la cúpula de la junta militar de Naypyidaw por las atrocidades cometidas en el Estado de Chin - una región de mayoría cristiana en el oeste de Myanmar - tras el golpe de Estado de 2021.

"Hemos venido a Timor Oriental porque este pueblo sabe lo que significa sufrir bajo una brutal ocupación militar y luchar por la justicia contra todo pronóstico", declaró un portavoz de la delegación Chin en Dili. "Ahora, como miembro de pleno derecho de la ASEAN, Timor Oriental tiene una voz poderosa. Pedimos que recurra a sus leyes y a su peso político para ayudar a poner fin a la impunidad de la que gozan los que definimos como los terroristas de Naypyidaw", añadió, refiriéndose a los altos mandos militares que llevan adelante la guerra civil contra los grupos armados de la resistencia anti golpe.

El expediente presentado describe una larga serie de abusos atribuidos al ejército birmano, como la violación grupal de una mujer embarazada, la masacre de diez civiles – entre ellos un periodista y a un adolescente de 13 años – y la destrucción deliberada de decenas de iglesias, escuelas y centros de salud por medio de reiterados bombardeos aéreos. Según la CHRO, la violencia habría obligado a huir a casi la mitad de la población del Estado de Chin.

La iniciativa de la organización en Timor Oriental no es un caso aislado, sino que se enmarca en una estrategia jurídica cada vez más articulada contra la junta militar birmana, mientras el conflicto civil entra en su quinto año.

A nivel internacional, en 2024 el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto contra el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, por crímenes de lesa humanidad relacionados con la persecución de la comunidad rohingya en 2017. Incluso sin considerar los crímenes cometidos tras el golpe de 2021, la solicitud fue interpretada por las organizaciones de derechos humanos como una brecha significativa en el muro de impunidad construido por los militares.

Paralelamente, la Corte Internacional de Justicia, el tribunal de las Naciones Unidas encargado de dirimir las controversias entre Estados, está examinando el recurso presentado por Gambia contra Myanmar, en el cual lo acusa de haber violado la Convención sobre el Genocidio. La Corte ya había impuesto medidas provisionales para prevenir nuevos actos de genocidio, pero según numerosos observadores estas siguen siendo ampliamente desatendidas mientras la violencia continúa en el Estado de Rakhine, donde se concentra la población rohingya.

Junto a los tribunales internacionales, crece también el recurso al principio de la jurisdicción universal, que permite a los tribunales nacionales enjuiciar los crímenes más graves independientemente del lugar donde se hayan cometido. En Argentina, un tribunal ya ha ordenado el interrogatorio de altos oficiales del ejército birmano por los crímenes contra los rohingya. Denuncias similares se han intentado o presentado también en Alemania, Turquía e Indonesia, a menudo gracias al trabajo de la CHRO y del Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM), el organismo de las Naciones Unidas encargado de recoger y conservar las pruebas.

La apertura de un frente judicial en el propio sudeste asiático, con el caso de Timor Oriental, constituye sin embargo un paso particularmente simbólico y delicado. La junta ha presentado una protesta diplomática formal contra Dili por el encuentro del presidente José Ramos-Horta con representantes Chin, afirmando que esto viola los compromisos de "no injerencia" establecidos en la Carta de la ASEAN.