Huelga por el salario, detenidos trabajadores migrantes de las obras de La Meca
Según un informe de Human Rights Watch, al menos 600 trabajadores llevan meses sin cobrar su salario. Los que protestaron fueron detenidos y retenidos, y luego puestos en libertad. Según los expertos, el «número real» de personas a las que no se les paga «podría ser significativamente mayor». Testimonio: «No sabíamos que convocar una huelga fuera un delito. Nos acusaron de intentar derrocar al Estado».
Riad (AsiaNews) - Alrededor de 600 trabajadores migrantes empleados por la Saudi Arabian Baytur Construction Company no han recibido su salario desde hace al menos ocho meses, aunque «el número real» de personas sin remunerar «podría ser significativamente mayor». Así se desprende de un informe publicado recientemente por Human Rights Watch (HRW), según el cual al menos 11 personas fueron detenidas y retenidas durante algún tiempo, para luego ser liberadas. El caso afecta a los trabajadores que participan en el proyecto de remodelación Masar, valorado en 26.000 millones de dólares, con sede en La Meca y financiado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) con casi un billón de dólares. Según las entrevistas y los vídeos difundidos en Internet, los trabajadores (en la foto) recurrieron, tras un tiempo, a interrupciones del trabajo y huelgas como último recurso.
«El evidente robo de salarios a los trabajadores migrantes con bajos ingresos por parte de una empresa involucrada en un proyecto multimillonario en La Meca dice mucho sobre el fallido sistema de protección salarial de las autoridades saudíes», denuncia Michael Page, subdirector para Oriente Medio de HRW. «Estos trabajadores no remunerados —continúa el experto— siguen sufriendo represalias, entre ellas intimidaciones y detenciones, por reclamar los salarios que les corresponden según el contrato».
En octubre de 2025, la ONG internacional realizó cuatro entrevistas, en las que también se reunió con dos antiguos trabajadores migrantes de Baytur, uno de los cuales ha regresado a su país de origen sin haber recibido aún más de 150.000 riales saudíes (unos 39.997 dólares) en concepto de salarios y prestaciones impagadas. El informe también incluye artículos de prensa, publicaciones en redes sociales y vídeos difundidos en Internet sobre las huelgas en las obras saudíes. Cabe destacar que varios trabajadores se negaron a ser entrevistados por temor a represalias por parte de las autoridades saudíes.
«Los últimos dos años [de salarios irregulares] me han dejado exhausto», explicó un trabajador a HRW. «Durante todo este tiempo, nos han hecho esperar con excusas como "el dinero está en camino", "está bloqueado en el banco" o "falta una firma en la cuenta"». Otro trabajador detenido, posteriormente liberado, añadió: «No sabíamos que convocar una huelga era un delito. Nos acusaron de intentar derrocar al Estado... Las esposas nos marcaron los huesos». Los dos trabajadores afirmaron que la policía retrasó su liberación dos días a pesar de la orden de puesta en libertad emitida por un fiscal que, tras examinar las grabaciones de vídeo, había concluido que los trabajadores no habían cometido ningún delito.
Human Rights Watch intentó ponerse en contacto con el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social de Arabia Saudita, Saudi Arabian Baytur, Umm Al Qura Development & Construction y los responsables del Pif para pedirles más detalles y aclaraciones sobre el caso. Solo los funcionarios del ministerio respondieron, afirmando que el caso había sido detectado por los mecanismos de inspección y control salarial y que «se habían tomado medidas correctivas en coordinación con la empresa, los trabajadores afectados y sus embajadas».
Según los medios de comunicación y las entrevistas, la empresa saudí Baytur habría dejado de pagar al menos a 600 trabajadores de la construcción procedentes de Turquía, India, Bangladesh, Egipto y Pakistán durante al menos ocho meses. Los trabajadores declararon que habían recibido pagos irregulares en los últimos dos años y que no habían recibido ninguna remuneración en los últimos meses.
El proyecto Masar forma parte del marco estratégico Visión 2030 de Arabia Saudita y la propia Saudi Arabian Baytur ha sido contratada por Umm Al Qura Development & Construction, que es en parte propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF). Según las previsiones, tendrá una longitud de 3,65 km y una anchura de 300 m, en dirección a la Gran Mezquita de La Meca (Masjid al-Haram). Masar contribuirá al objetivo de la Visión 2030 saudí, impulsada con fuerza por Mohammad bin Salman (Mbs), de aumentar la capacidad para acoger hasta 30 millones de peregrinos en 2030. Además, tiene como objetivo diversificar la economía liberándola de la dependencia del petróleo, al tiempo que crea al menos 16.000 nuevos puestos de trabajo.
En su respuesta, el Ministerio de Recursos Humanos confirmó el incumplimiento de Saudi Arabian Baytur debido a «dificultades financieras relacionadas con sus operaciones», tal y como revelaron los «mecanismos de inspección y control salarial del Ministerio». El Ministerio también ha precisado que su sistema de protección salarial (WPS) «permite identificar rápidamente los posibles casos de incumplimiento, lo que da lugar a inspecciones, sanciones y otras medidas correctivas de conformidad con la legislación laboral saudí».
Arabia Saudita está experimentando un enorme auge de la construcción, que incluye la construcción de 11 estadios nuevos y renovados con vistas a la Copa Mundial de Fútbol de 2034. Los casos de robo de salarios en curso deberían servir de advertencia a la FIFA (el organismo mundial del fútbol) y a otras empresas que están expandiendo sus actividades en Arabia Saudita: sin una reforma laboral concreta, sus operaciones se verán manchadas por graves violaciones de los derechos humanos. «Muchos trabajadores migrantes toleran el calor extremo y las duras condiciones de trabajo de Arabia Saudita para mantener el bienestar de sus familias y las perspectivas de futuro de sus hijos», recordó Michael Page. «No hay excusas —concluye— para negar a estos trabajadores los salarios que les corresponden por derecho».
