India se abre a la inversión privada (y extranjera) en sus centrales nucleares
El Gobierno indio ha aprobado la Ley Shanti: una reforma destinada a cambiar el sector nuclear, que durante décadas ha permanecido bajo control público. Nueva Delhi apuesta por el capital privado, la tecnología y los nuevos reactores para reforzar la seguridad energética y la transición ecológica. El objetivo es alcanzar los 100 gigavatios de energía nuclear para 2047 (frente a los 8 actuales).
Milán (AsiaNews) - El gobierno indio se prepara para dar un giro histórico a su política nuclear, que se ha mantenido sin cambios desde los años sesenta. En la última semana de la sesión de invierno del Parlamento se presentará el proyecto de ley Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India, conocido como SHANTI Bill 2025. Aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, el texto pretende abrir por primera vez el sector de la energía nuclear civil a la participación privada, con el objetivo declarado de alcanzar una capacidad de 100 gigavatios para 2047.
La reforma representa uno de los cambios más importantes desde el nacimiento de la India poscolonial. Hasta la fecha, la producción de energía nuclear y las actividades relacionadas con ella eran, de hecho, monopolio de entidades públicas, en particular de la Nuclear Power Corporation of India Limited, en virtud de la Ley de Energía Atómica de 1962. El nuevo proyecto de ley rompe este esquema y permite a cualquier empresa o sociedad conjunta (registrada en la India) construir, poseer, gestionar o desmantelar centrales y reactores nucleares.
El visto bueno del gobierno llega en un momento en que Nueva Delhi considera la energía nuclear como un pilar de la seguridad energética y de la transición hacia fuentes de bajas emisiones. Durante la reunión presidida por el primer ministro Narendra Modi, el Consejo del Gobierno dio luz verde a un texto que tiene como objetivo atraer capital, tecnología y conocimientos, eliminando algunos de los principales obstáculos normativos que durante décadas han mantenido alejados a los inversores privados. Ya en el discurso sobre el presupuesto de febrero, la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, había anticipado la intención de abrir el sector y lanzar una verdadera misión nacional sobre la energía nuclear.
Una de las cuestiones centrales que aborda el proyecto de ley SHANTI es el régimen de responsabilidad, anteriormente regulado por la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de 2010. El proyecto de ley establece que el operador es responsable de los daños derivados de un accidente nuclear, con algunas excepciones bien definidas: quedan excluidos los casos de catástrofes naturales graves de carácter excepcional, conflictos armados, hostilidades, guerras civiles, insurrecciones o actos de terrorismo. También se excluyen de la responsabilidad determinados daños que afecten a instalaciones nucleares en construcción u otras estructuras presentes en el mismo emplazamiento, así como los medios de transporte del material nuclear en el momento del accidente.
La medida amplía también el ámbito de las actividades permitidas a los particulares: desde el ciclo del combustible hasta la fabricación de componentes, desde la generación de energía hasta, potencialmente, la gestión de las instalaciones. En el ámbito internacional, el texto abre la posibilidad de importar y exportar combustible nuclear, tecnologías y software relacionados con el desarrollo y el uso de sustancias y equipos prescritos, además de permitir inversiones extranjeras directas de hasta el 49 % en algunas actividades del sector. Una decisión que tiene por objeto facilitar la entrada de conocimientos técnicos y recursos financieros del extranjero.
Además de la liberalización, el proyecto de ley prevé un refuerzo de la gobernanza: un marco jurídico unificado, normas de seguridad actualizadas y la creación de un tribunal nuclear específico para la resolución de controversias. Se trata de medidas destinadas a reducir los riesgos percibidos por los inversionistas y garantizar una mayor seguridad jurídica. Mientras tanto, el Gobierno ha anunciado una asignación de 20 000 millones de rupias (algo más de 2000 millones de euros) para la Misión de Energía Nuclear, centrada en la investigación y el desarrollo de pequeños reactores modulares.
En la actualidad, la India produce alrededor de 8 gigavatios de energía nuclear, lo que representa solo el 1,6 % del total, lo que pone de manifiesto el gran potencial de crecimiento del sector. Si se aprueba, el proyecto de ley SHANTI tiene por objeto colmar esta brecha y crear las condiciones para alcanzar el objetivo de 100 gigavatios en 2047, convirtiendo la energía nuclear en un pilar que sustente el crecimiento económico, la transición climática y la seguridad nacional.
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