Las desapariciones forzadas de civiles en el Estado de Karen

Un informe publicado por un grupo local de derechos humanos muestra que los militares han cometido este tipo de delitos en los dos últimos años. Pero las milicias prodemocráticas también han torturado y asesinado a personas acusadas de ser espías o informantes de la Junta golpista. Mientras tanto, la ofensiva en el norte de Myanmar avanza y pone en dificultades al ejército.

Rangún (AsiaNews) - La junta militar birmana - que derrocó al gobierno constitucional en febrero de 2021 - ha recurrido sistemáticamente a las desapariciones forzadas como medio para intimidar a la población del sureste de Myanmar, afirma un informe publicado ayer por el Karen Human Rights Group (KHRG). El estudio comprueba también que este tipo de "crímenes contra la humanidad va en aumento, con consecuencias devastadoras para las comunidades locales", que se encuentran asustadas y desplazadas, y reciben "poca atención internacional".

El documento investiga concretamente los crímenes cometidos en el Estado de Karen. Los militares de la Junta - que hace más de dos años llevan adelante un brutal conflicto civil - centran los ataques en los habitantes de las aldeas, acusándolos de formar parte de la resistencia política al régimen, y a veces utilizan como como escudos humanos a los civiles que violan la ley marcial. Las milicias prodemocráticas, señala el informe, también han cometido este tipo de crímenes en el Estado de Karen.

De todos modos, el Consejo Administrativo del Estado (SAC), el organismo que los militares golpistas crearon para reemplazar al gobierno anterior, lleva a cabo estos crímenes con total impunidad, como muestra el informe elaborado en base a decenas de entrevistas con víctimas y familiares. El principal objetivo del régimen son los jóvenes de entre 15 y 25 años, sigue diciendo el documento, acusados de ser disidentes o de formar parte del movimiento de desobediencia civil que surgió a raíz del golpe de Estado para oponerse a la toma del poder por parte del ejército. Sacan a las personas de sus casas o mientras están trabajando en el campo, cuando pasan los puestos de control o si salen después del toque de queda impuesto en algunas zonas del país por la Junta. En el contexto de un conflicto civil, las milicias que luchan contra el ejército birmano (o que no están alineadas con ninguno de los bandos) llevan a cabo desapariciones forzadas acusando a las víctimas de ser espías o informantes, y a menudo también recurren a la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

Todos estos casos, explica el informe, están en gran medida subestimados, porque la mayoría de los habitantes prefieren no hablar de ello por miedo a las represalias. El impacto emocional de la experiencia afecta en primer lugar a la víctima, pero también a su familia y a su comunidad. "Las necesidades de toda la comunidad están fuertemente condicionadas por la inseguridad que generan las desapariciones y provoca desplazamientos dentro y fuera de la frontera", dice el informe, sobre todo porque son crímenes que quedan impunes. A falta de apoyo formal, siempre es la comunidad la que se ocupa de las víctimas: “los vecinos y la gente del lugar responden a las necesidades inmediatas de las familias de los desaparecidos. Ofrecen consuelo emocional, ayudan a localizar a los desaparecidos o a encontrar información, rezan por las víctimas y brindan apoyo práctico si es necesario”.

Mientras tanto, continúa el avance de las milicias étnicas que comenzó en el Estado de Shan y en los últimos días ha llegado hasta Sagaing. La resistencia local también ha tomado el control de algunas localidades fronterizas con la India, y ha reconquistado la región de Kokang, en la frontera con China, una circunstancia inesperada que podría, según algunos expertos, llevar a un cambio de postura de Beijing con respecto al régimen birmano.