Declaración conjunta de todos los obispos del estado en el que se encuentra la metrópoli de Mumbai, que se ha convertido en el decimotercero en adoptar las normas impulsadas por los nacionalistas hindúes contra «las conversiones forzadas». La denuncia: «Interferencia directa e injustificada en las prácticas religiosas legítimas de la Iglesia católica, en particular en su programa del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos».

Mumbai (AsiaNews) – En la tarde del 16 de marzo, la Asamblea Legislativa de Maharashtra aprobó, por aclamación, la controvertida Ley de Libertad Religiosa de 2026, la denominada «ley anticonversiones», con lo que ya son 13 (de un total de 28) los estados indios en los que está en vigor esta medida impulsada por los nacionalistas hindúes, cuyo objetivo es combatir las conversiones religiosas llevadas a cabo mediante coacción, fraude, inducción o matrimonio.

Según las disposiciones aprobadas en el estado que abarca la metrópoli de Bombay, las personas consideradas implicadas en conversiones ilegales con el pretexto del matrimonio serán sancionadas con una pena de prisión de siete años, además de una multa de 100.000 rupias (que asciende a 500 000 en caso de que esté implicado un menor, una persona incapaz de discernir, una mujer o una persona perteneciente a las «castas o tribus clasificadas»). Son especialmente severos y propensos a la arbitrariedad los artículos que imponen a quien desee convertirse la obligación de notificarlo a las autoridades con un preaviso de al menos 60 días y que amplían a cualquier familiar la posibilidad de presentar una denuncia. Los obispos católicos de Maharashtra han intervenido en las últimas horas contra estos aspectos con una declaración conjunta en la que piden la retirada de la medida, explicando que está destinada a interferir gravemente en la libertad religiosa. Publicamos a continuación el texto íntegro de esta intervención.

Nosotros, los obispos del estado de Maharashtra, expresamos nuestra profunda decepción y nuestra enérgica protesta contra la denominada Ley de Libertad Religiosa de Maharashtra de 2026, recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa de Maharashtra. Lejos de salvaguardar la libertad religiosa, esta ley, en su forma actual, acaba comprometiendo precisamente el derecho que pretende proteger, es decir, la libertad de elegir y profesar la propia religión, tal y como garantizan los artículos 19, 21 y 25 de la Constitución de la India.

Las disposiciones de la ley constituyen una injerencia directa e injustificada en las prácticas religiosas legítimas de la Iglesia católica, en particular en su programa del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos.

Agradecemos a todos aquellos que se han opuesto a este proyecto de ley. Sin embargo, resulta igualmente desalentador que el partido en el poder, junto con algunos otros, haya apoyado esta medida sin una consulta adecuada con las comunidades más afectadas. Los gobiernos anteriores, incluido el del Sr. Atal Bihari Vajpayee, defendieron la tradición democrática del diálogo con las partes interesadas antes de promulgar leyes que afectan a las comunidades religiosas. En este caso, ha brillado por su ausencia un enfoque consultivo similar.

El capítulo III, sección 6, de la ley exige que cualquier persona que desee convertirse presente un aviso previo de sesenta días a la autoridad competente. Además, confiere a las autoridades la facultad de iniciar una investigación policial sobre la «intención, propósito o causa» de la conversión propuesta, en caso de que se planteen objeciones o incluso de oficio. Esta disposición invade profundamente la esfera personal de la conciencia y las creencias, abriendo la puerta a controles, sospechas y acoso. Esta sección, como la mayoría de las disposiciones del proyecto de ley, es manifiestamente arbitraria y viola el derecho a la intimidad del individuo protegido por el artículo 21, tal y como reconoció el Tribunal Supremo en la sentencia del caso del juez (jubilado) K.S. Puttaswamy contra la Unión India.

La Iglesia católica siempre se ha opuesto a las conversiones forzadas. Su propio derecho canónico (Canon 865 §1) exige explícitamente que un adulto que desee recibir el bautismo lo haga libremente y tras una instrucción adecuada. El itinerario de iniciación cristiana de los adultos, que normalmente dura varios meses, está diseñado precisamente para garantizar que las personas tomen una decisión consciente y voluntaria con respecto a su fe.

Sin embargo, según la legislación vigente, incluso una conversión tan meditada y libremente elegida podría ser fácilmente cuestionada. Si los familiares, que naturalmente pueden oponerse a dicha decisión, plantean objeciones, el clero y las demás personas implicadas en el proceso corren el riesgo de ser acusados de coacción o de «lavado de cerebro», tal y como se menciona en el apartado 2(p) del proyecto de ley. En tales circunstancias, se enfrentan a la amenaza de penas severas y desproporcionadas, entre las que se incluyen hasta siete años de prisión y fuertes sanciones económicas, a pesar de la ausencia de cualquier delito. Esto acaba criminalizando actividades religiosas legítimas e impone una carga irrazonable tanto al individuo como a la institución religiosa. El desplazamiento de la carga de la prueba al acusado, la falta de sanciones disuasorias contra las acusaciones falsas y el lenguaje genérico y ambiguo de la ley suscitan serias preocupaciones sobre la arbitrariedad y el posible abuso, como ya ha ocurrido en otros Estados. Esto viola tanto el artículo 25 como el artículo 21 de la Constitución de la India.

Una lectura atenta de la ley sugiere una preocupante falta de neutralidad. En lugar de promover la armonía, corre el riesgo de alimentar sospechas, divisiones e injusticias. La ley parece afectar de manera desproporcionada a las comunidades minoritarias, lo que suscita serias preocupaciones sobre su intención y aplicación.

La Iglesia católica siempre ha defendido el progreso, la unidad y la integridad de la nación. Ha colaborado con los gobiernos en la construcción de una sociedad justa e inclusiva. Sin embargo, cuando la legislación se aleja de los principios constitucionales y adquiere un carácter partidista o coercitivo, se hace necesario alzar una voz de disconformidad basada en los principios.

Por lo tanto, nos oponemos firmemente a esta ley en su forma actual y pedimos su retirada inmediata o una revisión sustancial. La libertad religiosa no es una concesión del Estado; es un derecho fundamental que el Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar.

En aras de la justicia, la integridad constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

Monseñor Elias Gonsalves
Arzobispo de Nagpur
Presidente del Consejo Episcopal de la Región Occidental (WRBC)

Monseñor John Rodrigues
Arzobispo de Mumbai

Monseñor Sebastian
Arquieparca de Kalyan

Monseñor Thomas D’sousa
Obispo de Vasai
Secretario del Consejo Episcopal de la Región Occidental (WRBC)

Monseñor Lancy Pinto
obispo de Aurangabad

Monseñor Simon Almeida 
obispo de Poona

Monseñor Ephrem Nariculam
eparca de Chanda

Monseñor Malcom Sequeira
obispo de Amravati

Monseñor Matthews Mar Pochomio
eparca de Khadki

Monseñor Agnelo Pinheiro
Diócesis de Sindhudurg

Monseñor Savio Fernandes
Monseñor Stevan Fernandes
Monseñor Alwyn D’Silwa 
Obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Bombay

 

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