Manila: el pedido de juicio político contra Marcos reaviva la disputa con el clan Duterte

La denuncia presentada contra el presidente se refiere a la cooperación con la Corte Penal Internacional, presuntas irregularidades presupuestarias y omisiones en la gestión de los escándalos relacionados con proyectos públicos de prevención de inundaciones. Como telón de fondo continúan los procesos judiciales que involucran a la hija del predecesor Rodrigo Duterte, las tensiones dentro de las fuerzas armadas y el deterioro de la situación económica.

Manila (AsiaNews) - Esta mañana se presentó una solicitud de impeachment contra el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., un nuevo aumento de las tensiones entre los clanes Marcos y Duterte. La principal acusación que presentó el abogado Andre De Jesus es haber traicionado la confianza de la población al permitir que Rodrigo Duterte (predecesor de Marcos) fuera arrestado y llevado a La Haya para ser juzgado por crímenes contra la humanidad, presuntamente cometidos durante la controvertida “guerra contra las drogas” que llevó adelante el ex presidente.

Pero en el pedido de juicio político también se citan supuestas irregularidades presupuestarias y la falta de medidas contra la red de sobornos que habría causado retrasos en la ejecución de una serie de proyectos públicos de prevención contra las inundaciones, una cuestión que en los últimos meses dio lugar a protestas generalizadas de la población contra el gobierno, apoyadas por la Iglesia local. Marcos también es acusado de no haber respondido nunca a los rumores según los cuales consumiría drogas y, por lo tanto, no sería apto para gobernar. “Creemos que esta vía permitiría no solo a mí, como denunciante, sino también al pueblo filipino, debatir todas estas cuestiones que se están planteando y a las que el presidente, su gabinete y sus funcionarios no dan ningún tipo de respuesta”, afirmó De Jesus.

En la respuesta de la oficina presidencial se trasluce la convicción de que el Congreso no votará el procedimiento: “Como rama del gobierno en igualdad de condiciones, cumplirá con sus deberes con honestidad, integridad y fidelidad al estado de derecho”, dice la declaración emitida por el Palacio de Malacañang. “Mientras estos procesos siguen su curso, el presidente continuará gobernando, garantizando la continuidad de los servicios públicos y que el trabajo del gobierno siga centrado en mejorar la vida de nuestro pueblo”, sigue diciendo la nota. Para que una moción de impeachment pueda avanzar, es necesario un voto favorable por parte de un tercio de los diputados en la Cámara de Representantes, al que debería seguir una aprobación por parte de dos tercios del Senado.

Hace aproximadamente un año se había presentado una acusación contra la vicepresidenta Sara Duterte, hija del expresidente. Al final, sin embargo, la Corte Suprema había bloqueado el procedimiento por defectos de forma. No obstante, el conflicto entre las dos familias no parece haberse aplacado por completo, y los ciudadanos filipinos prefieren al clan Duterte. Según encuestas publicadas el mes pasado, Sara Duterte goza de un índice de aprobación del 56% y un índice de confianza del 54%, frente a los porcentajes de Marcos que se sitúan respectivamente en el 34% y el 32%. Estas cifras podrían traducirse en una victoria electoral para Sara Duterte en las próximas elecciones de 2028, pero el actual presidente parece decidido a bloquear tales aspiraciones, a pesar de que la Constitución le impide presentarse para un nuevo mandato.

Sara Duterte, mientras tanto, sigue enfrentando procesos judiciales. El mes pasado, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo presentó una denuncia en su contra por malversación de fondos por más de 612,5 millones de pesos (10,3 millones de dólares) que su oficina gastó en sólo 11 días en 2022. Los opositores de Duterte, además, están tratando de hacer públicas las cuentas bancarias de la vicepresidenta para demostrar que recibe fondos “de fuentes anómalas y cuestionables”, incluyendo magnates de los casinos y capos de la droga, según el ex senador Antonio Trillanes IV.

Algunos analistas consideran que las crecientes tensiones podrían traducirse en un golpe de Estado. A principios de mes, el coronel del ejército filipino Audie Mongao anunció públicamente en las redes sociales que retiraba su apoyo a Marcos, quien, como presidente, es también el comandante en jefe. El 5 de enero Romeo Poquiz, un exgeneral de la Fuerza Aérea que prestó servicio bajo Duterte, fue acusado de sedición por haber incitado al ejército contra Marcos. Más allá de los problemas legales, la disputa entre ambos clanes podría traducirse en crecientes intentos de reorientar el apoyo de las fuerzas armadas. Y el descontento en el ejército podría haber sido alimentado por algunos opositores de Marcos que han presionado al presidente tras el escándalo de los fondos para los proyectos contra las inundaciones.

Como telón de fondo, se agudizan las dificultades económicas que afligen a la población filipina. El crecimiento para 2026 ha sido revisado al 5,6%, a la baja respecto a las estimaciones iniciales del 6-7%. En el sector de la construcción ya se han producido miles de despidos, mientras que la moneda local ha sufrido una fuerte depreciación, lo que ha disparado los costos. Es una situación con muchos riesgos debido al fuerte déficit comercial de Filipinas, que importa más de lo que exporta. Para pagar las importaciones (en dólares) se requieren muchos más pesos. Según algunos economistas, el cambio podría subir a 61 pesos por dólar, llegando a un nivel nunca visto desde los tiempos de la segunda guerra mundial, y los intentos del Banco Central filipino para estimular la economía podrían no ser suficientes. En esta situación, han aumentado las críticas contra Marcos, concentrado en la guerra interna contra los Duterte.