Pena de muerte por uso «ilegal» de Internet: la ley sobre «espionaje» de Teherán

El presidente Masoud Pezeshkian ha firmado la ley, que ya ha entrado en vigor. Para sus promotores, es una respuesta a las filtraciones de información confidencial durante la «guerra de los 12 días» con Israel (y Estados Unidos). Los críticos responden que el gobierno solo ha castigado a personas comunes, sin sancionar a altos funcionarios o responsables. En el fondo, la grave crisis económica que atraviesa el país.

Teherán (AsiaNews) - Aislado de la comunidad internacional y al margen de los asuntos relacionados con la región de Oriente Medio, entre los que destaca la tregua en Gaza, Irán está registrando un aumento de las ejecuciones y un crescendo de leyes represivas, algunas de ellas relacionadas con la «guerra de los 12 días» de junio con Israel. La última en orden cronológico es la aprobada por el Parlamento y refrendada la semana pasada por el presidente Masoud Pezeshkian, definida por activistas y expertos como «una de las normas sobre espionaje más amplias de la historia del país». Según esta ley, los ciudadanos se arriesgan incluso a la pena de muerte «por delitos menores, como poseer aparatos de Internet por satélite o compartir imágenes en las redes sociales».

Denominada «Ley de intensificación de las penas por espionaje y cooperación con el régimen sionista y los países hostiles», la ley entró en vigor con efecto inmediato y corre el riesgo de contribuir a la escalada de penas capitales, ya de por sí especialmente elevadas. También es preocupante el momento en que se aprobó: dos semanas antes de la firma del presidente, los expertos en derechos humanos de la ONU informaron de más de mil ejecuciones en los primeros nueve meses de 2025, con una media de más de nueve ahorcamientos al día en las últimas semanas.

En lugar de escuchar las preocupaciones de la comunidad internacional, el Parlamento iraní respondió aprobando una ley que, según los expertos en derecho, viola la Constitución, la ley islámica (sharia) y los tratados internacionales de derechos humanos de los que Teherán es signatario. Los expertos hablan de una «explosión legislativa» con abuso en la extensión y el uso de normas como la «corrupción en la tierra», por las que se aplica la pena capital. Un recurso extensivo, afirma Hossein Raisi, profesor de derecho de los derechos humanos en la Universidad de Carleton, que la sociedad «no puede tolerar ni tiene la capacidad de afrontar». «Sobre todo porque esos cargos —continúa— deben ser juzgados por el Tribunal Revolucionario, un tribunal que no respeta ningún principio de juicio justo».

Las voces críticas recuerdan que el Gobierno solo ha ahorcado a jóvenes sin perfiles públicos ni plataformas en línea con los nuevos cargos de espionaje, y que ningún alto funcionario ha sido considerado responsable de los fallos de inteligencia que la ley quiere castigar. Más aún en relación con la guerra con Israel. No obstante, Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Majles, afirmó que era necesario tras el conflicto con el Estado hebreo y Estados Unidos, en el que se puso de manifiesto la «cooperación de algunos elementos internos que han perjudicado la seguridad pública».

El artículo 3 de la nueva ley define una amplia lista de delitos capitales que, según los expertos, tiene poco que ver con las normas tradicionales sobre espionaje. La pena de muerte se aplica ahora a cualquier persona involucrada en la producción, el montaje, el suministro, la transferencia, el transporte, el almacenamiento o la importación de diversos artículos, o en la realización de actividades que puedan interpretarse como relacionadas con el espionaje o acciones conexas. Los delitos relacionados con armas son punibles con la pena capital, incluidas las armas químicas, biológicas o nucleares.

Sin embargo, la ley va mucho más allá del equipamiento militar convencional: ahora también se castiga con la pena de muerte la posesión o distribución de pequeños drones o cuadricópteros con posibles aplicaciones militares, de espionaje o de perturbación. Las actividades informáticas constituyen otra categoría de delitos capitales: cualquier guerra informática, ataque cibernético o interrupción de las redes de comunicación y los sistemas informáticos puede acarrear la pena capital, al igual que el sabotaje de instalaciones privadas. La ley también afecta a las criptomonedas y a las transacciones financieras extranjeras, convirtiendo en delito capital recibir «dinero o bienes tales como inmuebles, vehículos, oro, divisas y cualquier tipo de activo cifrado de espías o afiliados a los servicios de inteligencia». Por último, quizás el aspecto más controvertido es que la ley castiga con la pena de muerte la distribución de equipos de Internet por satélite (véase Starlink) si se realiza «con la intención de oponerse al sistema» o con fines de «espionaje» y si el autor es considerado una «fuerza enemiga».

Además de los delitos castigados con la pena de muerte, la ley crea un laberinto de delitos punibles con la cárcel que incluyen actividades que muchos iraníes realizan habitualmente. Entre ellas, el uso, transporte, almacenamiento, compra o venta de equipos satelitales para Internet sin licencia para uso personal está ahora «prohibido y se castiga con una pena de cárcel de seis meses a dos años». El envío de vídeos o imágenes con información a redes extranjeras, medios de comunicación o páginas de redes sociales que se consideren contrarios a la seguridad nacional puede acarrear una pena de prisión de dos a cinco años y el despido permanente del servicio público y gubernamental.

En un contexto de creciente represión, la República Islámica también se enfrenta a una grave crisis económica agravada por las sanciones internacionales relacionadas con el programa atómico de los ayatolás. Entre los riesgos se encuentran la hiperinflación y la recesión, que se suman a problemas persistentes como la corrupción y la creciente brecha de riqueza, además de los bloqueos a la exportación de petróleo y un contexto de inestabilidad general. En este sentido, advierten los expertos, la estrategia de autosuficiencia de Teherán y un comercio más estrecho con sus aliados China y Rusia podrían no ser suficientes para proteger a los 92 millones de habitantes de un contragolpe económico muy duro. Los analistas y expertos afirman que todavía hay margen de maniobra para la diplomacia para resolver el estancamiento (especialmente el enfrentamiento con Washington), aunque el líder supremo Alí Jamenei haya rechazado la oferta del presidente estadounidense Donald Trump de llegar a un nuevo acuerdo sobre el nuclear.