Petición en Kuala Lumpur: liberar a Thuzar Maung, activista birmana secuestrada por la junta militar

de Joseph Masilamany

Human Rights Watch pide una nueva investigación sobre la desaparición en Ampang de la mujer que apoyaba al gobierno de la oposición en el exilio. Y advierte sobre los riesgos de una posible represión transfronteriza por parte de la junta militar birmana. La activista había huido en 2015 y vivía bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Kuala Lumpur (AsiaNews) - Un grupo internacional de derechos humanos hace un llamamiento al gobierno de Kuala Lumpur, presidente de la ASEAN para 2025, para que presione a la junta militar de Myanmar para que libere inmediatamente a la activista refugiada Thuzar Maung y a su familia. Según informa Human Rights Watch (HRW), se perdió su rastro en Ampang, ciudad del estado de Selangor, hace más de dos años, cuando fueron víctimas de un secuestro mientras se encontraban en su domicilio. Su destino permaneció envuelto en el misterio hasta hace unos días: el pasado 17 de octubre, la junta golpista birmana confirmó que había detenido a Thuzar, de 48 años, a su esposo y a sus tres hijos, acusándolos de «reingreso ilegal» en Myanmar.

El régimen militar también afirmó que en enero de 2023 se había emitido una orden de arresto contra Thuzar, en virtud de la ley antiterrorista del país. Su delito, según explican fuentes militares, sería el de haber «apoyado con toda probabilidad» al Gobierno de oposición, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que los dirigentes de Myanmar han tildado de organización terrorista tras hacerse con el poder en febrero de 2021.

Las autoridades malasias, afirma Elaine Pearson, directora de HRW Asia, deberían «ejercer presión pública sobre la junta birmana para que libere a Thuzar y a su familia e investigue cómo esta importante refugiada terminó en Myanmar». El Gobierno de Kuala Lumpur, que este año preside la asociación que reúne a diez países del sudeste asiático, «no está protegiendo a los refugiados en situación de riesgo, incluidos los niños», denuncia la activista. «El papel de la junta militar birmana, y quizás también de otros gobiernos, debe investigarse a fondo y salir a la luz», concluye Pearson.

HRW ha descrito el caso como un posible ejemplo de «represión transnacional», en la que regímenes autoritarios persiguen a disidentes y refugiados exiliados más allá de sus fronteras. De ahí la petición de la ONG internacional a Malasia para que reabra la investigación sobre la desaparición de la familia. Una cuestión, advierte, que debería plantearse entre los miembros de la ASEAN en la próxima cumbre regional —la 47.ª, prevista del 26 al 28 de octubre en Kuala Lumpur—, además de abordar la cuestión más amplia de la protección de los refugiados y la responsabilidad regional. «Los refugiados como Thuzar y su familia —explicó HRW— deberían estar a salvo. Malasia y otros países deben actuar para disuadir nuevos intentos de la junta de secuestrar y hacer desaparecer a los refugiados de Myanmar».

La policía de Malasia había clasificado previamente el caso como una investigación sobre personas desaparecidas. En septiembre de 2023, el director del Departamento de Investigación Criminal (CID) de Bukit Aman, Datuk Seri Shuhaily Zain, afirmó que las imágenes de las cámaras de circuito cerrado mostraban a la familia subiendo «voluntariamente a un coche». Sin embargo, el alto funcionario policial añadió que no podía descartar por completo «la posibilidad de un acto delictivo». Thuzar, una conocida activista que huyó de Myanmar en 2015, vivía en Malasia bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) antes de su repentina desaparición.