En la conversación grabada con el presidente ruso Vladimir Putin, Xi Jinping habló de la posibilidad de que los trasplantes de órganos permitan vivir hasta 150 años. Pero Beijing nunca ha adoptado un sistema claro y transparente sobre la donación de órganos. Y a pesar de la aprobación de varias normativas a lo largo de los años, sigue circulando información sobre la sustracción forzada, especialmente a costa de las minorías.

 

Beijing (AsiaNews) - Un micrófono que quedó encendido captó el diálogo entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping durante el desfile por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, organizado ayer por Beijing. En la grabación se escucha al intérprete de Putin afirmar en chino que “los órganos humanos se pueden trasplantar sin problema. Cuanto más se vive, más joven se vuelve: se puede incluso alcanzar la inmortalidad”. A lo que Xi responde afirmando que hoy es posible extender la vida hasta 150 años.

A pesar de la aparente superficialidad del intercambio, la cuestión de los trasplantes de órganos en China ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, tanto dentro como fuera del país. Recién en 2024 entró en vigor una nueva normativa sobre la donación y el trasplante de órganos humanos que cumple con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y respeta los principios contenidos en la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes. Sin embargo, algunos grupos activistas sostienen que, incluso con la aprobación de la regulación, continuarán los trasplantes de órganos de presos o de algunos grupos étnicos, y sin duda no se pondrá fin al turismo de trasplantes en China.

En 2021 los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas habían expresado su preocupación por los informes sobre la presunta “extracción de órganos” en detrimento de grupos específicos de personas, como los miembros de Falun Gong, perseguidos desde hace mucho tiempo por Beijing, y las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, como “uigures, tibetanos, musulmanes y cristianos”, así como los detenidos en las cárceles. En su declaración, los relatores de la ONU afirmaban que habían recibido “información confiable según la cual los reclusos pertenecientes a minorías étnicas, lingüísticas o religiosas serían sometidos por la fuerza a análisis de sangre y a estudios de órganos como ecografías y radiografías, sin su consentimiento informado; mientras que otros presos no están obligados a realizar dichos estudios. Los resultados de los estudios se registrarían en una base de datos de fuentes de órganos vivos para facilitar su asignación”.

China ya ha promulgado regulaciones contra el comercio ilegal de órganos; sin embargo, según algunas fuentes consultadas por Radio Free Asia, aproximadamente la mitad de los trasplantes a personas pertenecientes a la élite política y militar china se realizan en hospitales militares. Ya desde 2015 se había impuesto que las donaciones de órganos fueran exclusivamente voluntarias y se efectuaran entre familiares vivos, pero los activistas que se ocupan del tema afirman que la demanda sigue superando la oferta y decenas de miles de trasplantes realizados en China no están documentados en los registros oficiales. En 2020 un tribunal chino había llegado a la conclusión de que “en China la extracción forzada de órganos de prisioneros de conciencia se ha practicado durante un período de tiempo considerable y ha afectado a un número muy elevado de víctimas”, mientras que el turismo de trasplantes sigue siendo un negocio de miles de millones de dólares, hasta el punto de que la isla de Taiwán ha tenido que introducir una serie de restricciones para obstaculizar la práctica.

Tras la publicación de la sentencia definitiva del Tribunal independiente sobre la extracción forzada de órganos de prisioneros de conciencia en China en 2020, varias comisiones en los Estados Unidos han abordado el tema de la extracción forzada de órganos. Según un testimonio publicado el año pasado por Ethan Gutmann, investigador de la Victims of Communism Memorial Foundation, China habría comenzado en 2014 a realizar pruebas biométricas a gran escala de los uigures, debido a que se estaban agotando las reservas de adeptos de Falun Gong en edad óptima para la extracción de órganos.

Los expertos de las Naciones Unidas para los derechos humanos ya habían planteado la cuestión al gobierno chino en 2006 y 2007, pero las respuestas habían resultado deficientes y poco transparentes. El principal problema al describir el fenómeno se debe a la falta de datos disponibles y de sistemas de intercambio de información transparentes, lo que impide rastrear las donaciones y las operaciones realizadas.

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