Seúl. Huelga de los trabajadores de Samsung, interviene el gobierno
Crece la tensión en Corea del Sur en torno a Samsung Electronics: cerca de 48 mil trabajadores se preparan para una huelga de 18 días tras el fracaso de las negociaciones con la empresa sobre el reparto de las utilidades derivadas de los semiconductores. El gobierno intenta evitar repercusiones en la economía nacional y global y reabre el debate sobre los controvertidos poderes extraordinarios del Ejecutivo en estos casos.
Seúl (AsiaNews) - Corea del Sur se prepara para una de las mayores huelgas del sector industrial de los últimos años. Cerca de 48 mil trabajadores de Samsung Electronics, uno de los principales productores de semiconductores del mundo, amenazan con paralizar su trabajo durante 18 días a partir de mañana tras el fracaso de las negociaciones salariales entre la empresa y el sindicato. El gobierno de Seúl teme repercusiones en la economía nacional y en la cadena de suministro de chips, y ha intervenido directamente a través del ministro de Trabajo, Kim Young-hoon, quien hoy actuó como mediador en conversaciones de emergencia entre las partes.
La disputa ha estallado en un momento delicado para Corea del Sur. Las exportaciones de semiconductores representan cerca del 35% de las exportaciones nacionales y en los últimos tiempos han impulsado el crecimiento económico vinculado a la inteligencia artificial y los centros de datos. En el primer trimestre de 2026, las exportaciones surcoreanas alcanzaron un récord de 219,9 mil millones de dólares, con un aumento interanual del 139% en las exportaciones de chips.
El problema está relacionado con el sistema de bonificaciones de la empresa, y se plantea a raíz de los beneficios registrados por la venta de semiconductores. Estas bonificaciones no son automáticas, porque cada año Samsung decide cuánto destinar a ellas y puede imponer límites máximos a los montos que se pagan.
Samsung ha propuesto mantener el actual sistema de incentivos, pero calculando el fondo de premios sobre el 10% de la utilidad operativa e introduciendo un nuevo esquema de compensación “más flexible”, lo que significa que concede mayor discrecionalidad a la gerencia de la empresa. El principal sindicato, en cambio, pide bonificaciones fijas equivalentes al 15% de las utilidades operativas de la división de semiconductores y la eliminación de los límites máximos a los pagos.
Según fuentes del sector, durante las negociaciones mediadas por el gobierno las partes habían alcanzado un acuerdo preliminar sobre la abolición del tope a los bonos, fijado en el 50% del salario anual. Sin embargo, persisten profundas discrepancias sobre la distribución de los incentivos a las divisiones que registran pérdidas y, sobre todo, sobre la formalización del acuerdo.
El sindicato afirma que aceptó la propuesta de los mediadores gubernamentales y acusa a la empresa de haberse negado a firmarla. Samsung, por su parte, ha manifestado su “profundo pesar” y declaró que ya había aceptado la mayoría de las demandas del sindicato, acusando a los trabajadores de pretender compensaciones “irrazonablemente elevadas” incluso para las unidades menos rentables.
Si por una parte los trabajadores piden participar más de los enormes beneficios generados por el boom de la inteligencia artificial, por la otra el gobierno teme que cualquier desaceleración pueda debilitar la competitividad tecnológica del país en un momento de creciente rivalidad global entre Estados Unidos y China por el control de la cadena de suministro de semiconductores.
Pero la decisión de convocar una huelga de tal magnitud que ha involucrado al gobierno ha vuelto a abrir el debate sobre los poderes del Ejecutivo. Según el Artículo 76 del Trade Union and Labor Relations Adjustment Act, el ministro de Trabajo puede imponer una “orden de arbitraje de emergencia” en caso de que un conflicto sindical amenace seriamente la economía nacional o la vida cotidiana de la población.
Es un instrumento controvertido, que solo se ha invocado cuatro veces desde 1963, la última en 2005 durante las huelgas de los pilotos de Korean Air y Asiana Airlines. Si la medida se aplicara a Samsung, sería la primera vez en más de veinte años.
La orden obligaría a los sindicatos a suspender inmediatamente cualquier huelga por un máximo de 30 días, trasladando el conflicto legal a la Comisión Nacional para las Relaciones Industriales, que podría imponer una decisión vinculante mediante arbitraje. En ese caso, la huelga podría ser considerada ilegal, exponiendo a los líderes sindicales a consecuencias legales.
Los economistas temen que una paralización prolongada de la producción de Samsung podría tener enormes repercusiones en la economía global, ya ralentizada por el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Según algunas estimaciones, una huelga de 18 días podría reducir la oferta mundial de chips DRAM (la memoria rápida para el procesamiento de datos) entre un 3% y un 4%, y la de memoria NAND (las memorias que sirven para almacenar datos) entre un 2% y un 3%, lo que provocaría un nuevo aumento de los precios.
Samsung controla aproximadamente un tercio del mercado global de las DRAM, un componente esencial para los teléfonos inteligentes, los ordenadores portátiles y, sobre todo, la infraestructura que permite el funcionamiento de los softwares de inteligencia artificial. La empresa había recuperado recientemente su liderazgo mundial en el sector gracias al crecimiento de las ventas de chips HBM, una versión avanzada de las DRAM diseñada específicamente para IA y procesadores especializados, utilizados principalmente por Nvidia, que gracias a ellos ha logrado dominar el mercado.
Los mercados financieros —ya a la baja tras las conversaciones preliminares entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping la semana pasada y el estancamiento de la guerra en Oriente Medio— miran con preocupación la situación en Corea del Sur. Samsung representa cerca de una cuarta parte de la capitalización del principal índice bursátil surcoreano, el KOSPI, y una eventual huelga podría arrastrar a todo el mercado.
