Seúl: Lee vuelve a la carga con la ley sobre el derecho de huelga

de Lisa Bongiovanni

El 4 de agosto se celebrará en el Parlamento la votación definitiva sobre la Ley del Sobre Amarillo, una medida que impide a las empresas reclamar indemnizaciones a los trabajadores por protestas «ilegítimas» y amplía la responsabilidad sobre los subcontratistas. Ya aprobada el año pasado, la norma fue bloqueada con el veto del entonces presidente conservador Yoon. La oposición de los chaebol, los grandes conglomerados industriales coreanos, que temen perder más terreno.

Milán (AsiaNews/Agencias) – El Parlamento de Corea del Sur se dispone a votar una ley importante, y al mismo tiempo controvertida, en materia de derechos de los trabajadores. Los diputados del Partido Democrático de Corea, el partido del presidente Lee Jae Myung, que tiene la mayoría en la asamblea legislativa, deberían aprobar definitivamente el 4 de agosto las modificaciones a la Ley de Sindicatos, conocida como Ley del Sobre Amarillo. Si se aprueba, la reforma reforzaría significativamente los derechos de los trabajadores y el poder de los sindicatos en un país caracterizado por fuertes desigualdades sociales, una competencia feroz y un sistema a menudo impregnado de corrupción.

En Seúl, los chaebol (los grandes conglomerados industriales) dominan tradicionalmente el mercado laboral y bloquean los intentos de reforma, con denuncias de explotación por parte de los trabajadores, que llevan tiempo reclamando mayores protecciones. Pero, en el delicado equilibrio entre intereses económicos y derechos, una parte del país teme que intervenciones de este tipo puedan ralentizar, o incluso paralizar, la economía, ya en dificultades debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos, apenas mitigadas por el acuerdo sobre los aranceles del 15 %. Lee parece, sin embargo, decidido a cumplir su promesa electoral, desbloqueando una medida que su predecesor, el conservador Yoon Suk-yeol, que salió de la escena política tras ser destituido por intentar instaurar la ley marcial, había detenido el año pasado haciendo uso del derecho de veto presidencial.

La Ley del Sobre Amarillo debe su nombre a una iniciativa popular de 2014, cuando algunos ciudadanos decidieron apoyar colectivamente, mediante donaciones enviadas en sobres amarillos, a los trabajadores despedidos por SsangYong Motor. Los antiguos empleados de la empresa, de acuerdo con la legislación vigente, se encontraban en una situación muy difícil: a pesar de haberse quedado sin trabajo, tenían que asumir la carga de indemnizar al empleador por todas las pérdidas financieras que había causado la huelga. Desde entonces, el sobre amarillo se ha convertido en un símbolo de solidaridad con los trabajadores y, por ello, según algunos, el nombre de la ley ya es en sí mismo excesivamente político y engañoso. La Ley del Sobre Amarillo evocaría un momento de gran compasión nacional, desviando la atención del contenido real de la enmienda.

En concreto, las modificaciones propuestas afectan a los artículos 2 y 3 de la Ley de Ajuste de las Relaciones Sindicales y Laborales, reforzando el derecho de huelga y redefiniendo la responsabilidad del empleador también en las relaciones de subcontratación. El primer punto clave de la reforma pretende proteger el derecho de huelga, ampliándolo. En Corea del Sur, el derecho de huelga está formalmente garantizado por la ley, pero en la práctica se enfrenta a varios obstáculos. De hecho, las empresas tienen la posibilidad de demandar a los sindicatos y reclamarles cuantiosas indemnizaciones económicas por los daños sufridos durante las huelgas (la protesta popular que dio nombre a la ley surgió precisamente de un caso de este tipo). El problema radica en que los casos en los que la ley permite la protesta mediante el paro laboral son muy limitados, por lo que la mayoría de las huelgas se consideran ilegítimas. Y si una huelga se considera como tal, la empresa puede solicitar una indemnización que incluye también todas las pérdidas de facturación causadas por el bloqueo del trabajo.

Dado que a menudo se trata de grandes gigantes industriales, la indemnización solicitada suele estar fuera del alcance de los trabajadores. El resultado es que los trabajadores y los líderes sindicales se ven desanimados a la hora de organizar protestas, precisamente por el riesgo económico al que se enfrentarían. Con la nueva ley, en cambio, los trabajadores podrían hacer huelga incluso por cuestiones que hoy en día están excluidas de la negociación sindical: medidas disciplinarias, despidos e incluso decisiones de inversión o reestructuraciones empresariales. Por un lado, sería una forma de reequilibrar las relaciones de poder entre las empresas y los trabajadores, promoviendo la participación. Para los críticos, sin embargo, equivaldría a obligar a las empresas a obtener la aprobación del sindicato antes de tomar decisiones empresariales importantes. Además, podría dar lugar a huelgas continuas que paralizarían la producción industrial.

El otro punto fundamental de la reforma consiste en ampliar la definición de «empleador». En concreto, esto significaría que incluso los empleados contratados por empresas subcontratadas podrían negociar directamente con las grandes empresas contratantes. El objetivo es hacer que las multinacionales sean responsables de las condiciones laborales en su cadena de suministro, incluso cuando no son ellas quienes contratan formalmente. En la actualidad, gigantes como Samsung utilizan amplias redes de subcontratistas y no figuran oficialmente como empleadores. Por poner un ejemplo: a finales de 2024, HD Hyundai Heavy Industries y Samsung Heavy Industries tenían respectivamente 2420 y 1430 empresas subcontratistas. Se trata de sectores altamente especializados, en los que cada componente requiere una cadena de suministro compleja, por lo que sería difícil para las empresas contratantes prescindir de las pequeñas empresas que les suministran. Sin embargo, debido a esta red necesaria, las reclamaciones de los trabajadores recaen sobre las empresas intermedias, mucho más pequeñas y débiles, a pesar de que no son ellas las que dictan los ritmos de producción.

Lo que asusta a los críticos es el riesgo de que las multinacionales se vean obligadas a dialogar con cientos, si no miles, de representantes sindicales diferentes. Las empresas automovilísticas surcoreanas, ya preocupadas por el efecto de los aranceles estadounidenses, advierten de que esto podría debilitar aún más su competitividad en las exportaciones, provocando costes más elevados, menor flexibilidad y tiempos de producción más largos.

Según el presidente Lee Jae Myung, la Ley del Sobre Amarillo tiene como objetivo armonizar la legislación laboral coreana con las normas internacionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha reiterado en varias ocasiones el problema de la doble estructura del mercado laboral coreano, profundamente dividido entre grandes y pequeñas empresas. Los conglomerados industriales, los llamados chaebol, tienen «un poder desproporcionado y dictan la ley en el mundo laboral, limitando el crecimiento a largo plazo», declaró el presidente, calificando el proyecto de ley como un paso necesario.