Se inaugura la Comisión de la verdad y la reconciliación sobre la guerra contra las drogas de Duterte
Se estableció formalmente ayer y está integrada, entre otras personalidades, por el cardenal David, obispo de Kalookan, el exjuez de la Corte Penal Internacional Pangalangan y una patóloga forense. Su función será asistir a las víctimas y a las familias en duelo en su búsqueda de la verdad sobre uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente. Los informes y recomendaciones sobre los trabajos se publicarán cada seis meses.
Manila (AsiaNews) - En un esfuerzo por sanar las heridas aún abiertas de una parte considerable del país, Filipinas instituyó ayer una Comisión de la verdad y la reconciliación sobre las ejecuciones extrajudiciales (EJK), de carácter independiente y liderada por civiles. El nuevo organismo tiene el objetivo de servir como archivo público fidedigno de las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones conexas que ocurrieron en el pasado, particularmente durante la “guerra contra las drogas” emprendida por el expresidente Rodrigo Duterte. La Comisión ayudará asimismo a los supervivientes y a las familias en duelo en la búsqueda de la verdad, la sanación y la reconciliación.
La Comisión de la Verdad sobre las EJK que se acaba de instituir está orientada por el cardenal Pablo Virgilio S. David en calidad de asesor. Entre sus miembros se encuentran el exjuez de la Corte Penal Internacional Raúl Pangalangan, la patóloga forense Raquel Fortun, el experto en construcción de paz y sanación de traumas Al Fuertes, el teólogo P. Daniel Franklin Pilario y el activista de derechos humanos Carlos Conde.
La tarea principal de la comisión es “buscar la verdad” que quedó sepultada junto con las víctimas asesinadas durante las operaciones antidroga, explicó el cardenal David, porque supuestamente “habían opuesto resistencia”. “¿Qué pasó realmente? ¿Realmente se opusieron? ¿Cómo pudimos aceptar tan fácilmente —se preguntó el purpurado— que miles de filipinos se hayan resistido al arresto?”.
La comisión de la verdad, explicó el cardenal David, ayudaría a las víctimas, a sus familias e incluso a los miembros de las fuerzas del orden arrepentidos a encontrar finalmente un ”cierre” para una de las páginas más dolorosas de la historia reciente de la nación. “Esta es la oportunidad para hacer una catarsis... para que podamos recuperar nuestra dignidad como país. En definitiva, a lo que aspiramos —añadió— es a la sanación no solo de las víctimas, sino también de nuestras instituciones”.
El cardenal David explicó que la Comisión no pretende sustituir a los tribunales ni determinar la responsabilidad penal de las personas vinculadas a las operaciones antidroga y a los abusos relacionados con ella. “El tribunal busca la responsabilidad penal; la Comisión de la Verdad busca una verdad más profunda”, añadió el purpurado –quien ha sido también presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas además de obispo de Kalookan. El cardenal ha exhortado a la sociedad civil, al mundo académico, a los grupos religiosos y a otros a colaborar con la comisión en sus investigaciones, para poner fin a una división nacional y desbloquear la sanación de las comunidades afectadas. “Mientras las heridas sigan sangrando y el dolor, el trauma y el duelo de las familias sigan siendo ignorados, nuestra nación —concluyó— no podrá sanar verdaderamente”.
El presidente de la Comisión y exjuez de la CPI, Pangalangan, subrayó que “ha sido creada para garantizar que las historias de las víctimas, los sobrevivientes y las familias sean escuchadas, verificadas y preservadas. No se trata de reemplazar a los tribunales o de atribuir culpas. Se trata de construir un relato creíble de la verdad —explicó— que pueda guiar la rendición de cuentas, la sanación, la reforma y la prevención de la violencia en el futuro”.
La Comisión declaró que las audiencias podrán ser públicas, semipúblicas o reservadas, según el consentimiento de las víctimas, las preocupaciones en materia de seguridad y la necesidad de protección de los testigos que participen. Los trabajos serán de carácter no confrontativo y centrados en los supervivientes. Sus medidas de salvaguardia apuntan a documentar las experiencias vividas, los patrones institucionales y los efectos sociales más amplios de la violencia. El organismo publicará informes periódicos y recomendaciones cada seis meses a las instituciones, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos, el Congreso, la Comisión Nacional de Policía y el presidente. Por último, el gobierno podrá utilizar los resultados para ayudar a las autoridades en las investigaciones y establecer las responsabilidades.
Raquel Fortun, médica forense de la Universidad nacional de Filipinas y miembro de la Comisión de la Verdad, explicó que esclarecer todos los detalles de los presuntos asesinatos será difícil, ya que algunos agentes involucrados en las muertes han tratado de eludir sus responsabilidades. Por ejemplo, señaló que después de que Duterte renunció a su cargo, los certificados de defunción de 13 presuntos narcotraficantes, cuyos restos fueron exhumados, indicaban como causa del fallecimiento causas naturales, como infarto y neumonía. “Cuando examiné los restos —afirma— descubrí que habían recibido disparos de armas de fuego”.
Duterte se encuentra actualmente procesado ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en Holanda, por presuntos crímenes contra la humanidad relacionados con su sangrienta guerra contra la droga, que causó miles de víctimas. Fue presidente entre 2016 y 2022 y fue arrestado en 2025 y trasladado a Europa para comparecer ante el tribunal. El juicio en su contra comenzará el próximo 30 de noviembre.
18/05/2017 14:05
