Solo una prórroga del desalojo para los desplazados del valle de Katmandú
El Gobierno ha concedido una semana más tras las protestas de los residentes, pero ha confirmado que las ayudas se limitarán a tres meses. Las familias, realojadas tras la demolición en abril de sus viviendas consideradas ilegales, denuncian la falta de un plan de reasentamiento estable, a lo que se suman las críticas de las organizaciones de derechos humanos.
Katmandú (AsiaNews) - El Gobierno nepalí ha ampliado hasta el 3 de julio el plazo en el que los desplazados por los derribos ocurridos el pasado mes de abril en el valle de Katmandú deberán abandonar los centros de acogida. El ultimátum, fijado inicialmente para el 26 de junio, se ha aplazado una semana tras las protestas de los desplazados y las críticas dirigidas al Ejecutivo por unos plazos considerados demasiado ajustados. En cambio, las ayudas económicas anunciadas se mantienen sin cambios: una indemnización única de 25.000 rupias (unos 145 euros) y una ayuda para el alquiler de 15.000 rupias (87 euros) al mes durante tres meses.
Sin embargo, muchos desplazados siguen expresando una gran preocupación y acusan al Gobierno de haber adoptado medidas temporales sin abordar el problema con un plan de reasentamiento estable. Según los residentes, la ayuda prevista para el alquiler es insuficiente para encontrar una vivienda en el valle de Katmandú y ni siquiera cubre los gastos básicos. A pesar de la prórroga, persiste, por tanto, la incertidumbre sobre el destino de las familias una vez finalizado el periodo de ayuda económica.
En abril, el Gobierno nepalí puso en marcha una amplia operación de desalojo y demolición de los asentamientos ilegales construidos en terrenos públicos y a lo largo de las riberas de los ríos del valle de Katmandú. Según los datos oficiales, los desalojos provocaron el desplazamiento de casi 2.600 personas, de las cuales unas 1.500 siguen alojadas en los centros de acogida. Las demoliciones afectaron a los asentamientos a lo largo del río Bagmati, en la zona de Thapathali, y a los de Bhaktapur, a orillas del río Manohara.
Se avisó a los residentes apenas 24 horas antes del inicio de las operaciones y se les obligó a recoger sus pertenencias y abandonar sus viviendas. Para hacer frente a la emergencia, se habilitaron siete centros de acogida entre Katmandú, Bhaktapur y Kavrepalanchok. El estadio Dasharath, en el barrio de Tripureshwor de Katmandú, se utilizó como centro de acogida inicial, donde se registró a los desplazados antes de su traslado a otras instalaciones.
La operación ha suscitado críticas por parte de las Naciones Unidas y de diversas organizaciones humanitarias, que han expresado su preocupación por las condiciones de los desplazados y han acusado a Nepal de violar los derechos garantizados por la Constitución. En un comunicado, las Naciones Unidas también han señalado dos casos de suicidio ocurridos tras los derribos y los desalojos forzosos. Amnistía Internacional también ha condenado la operación, afirmando que refleja «una peligrosa erosión del Estado de derecho» y pone de manifiesto «un enfoque cada vez más autoritario».
El blanco de las críticas ha sido el Gobierno liderado por Balendra Shah, en el poder desde marzo de 2026. Nacido en 1990 y exrapero, antes de asumir la dirección del Gobierno había ocupado el cargo de alcalde de Katmandú entre 2022 y 2026. Su ascenso político ha contado sobre todo con el apoyo de las nuevas generaciones nepalíes, en particular de la generación Z, protagonista de las protestas que en septiembre de 2025 provocaron la caída del Gobierno del entonces primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli.
El primer ministro Shah ha defendido los desmantelamientos argumentando que era necesario alejar a la población de zonas «desorganizadas y propensas a las inundaciones». «Este Gobierno proporcionará una solución definitiva a un problema que se arrastra desde hace años», declaró, añadiendo que a los ocupantes ilegales a los que se considere con derecho se les asignarán nuevos terrenos. Según Shah, la intervención contribuirá además a mejorar el sistema de drenaje del valle de Katmandú, favoreciendo la limpieza de los ríos, hoy obstruidos por los residuos y gravemente contaminados.
