Trump contra el acuerdo sobre las Chagos: la base de Diego García en el centro de las tensiones

El presidente estadounidense ha puesto en duda el acuerdo entre el Reino Unido y Mauricio que establece la transferencia de soberanía del archipiélago y la permanencia de la base militar con un arrendamiento de 99 años. Londres busca, no obstante, garantizar la continuidad de la presencia militar anglo-estadounidense. Los chagosianos, excluidos de las conversaciones, temen no obtener el derecho de retorno.

Londres (AsiaNews) - La tensión sobre el destino de las Islas Chagos ha vuelto a estallar cuando el presidente estadounidense Donald Trump puso ayer en duda el acuerdo firmado entre el Reino Unido y Mauricio, que dispone la transferencia de la soberanía sobre el archipiélago por parte de la antigua potencia colonial, mientras que la base militar en la isla de Diego García seguiría alojando tropas británicas y estadounidenses bajo un contrato de arrendamiento de 99 años.

Tras haber (por el momento) abandonado las reivindicaciones territoriales sobre Groenlandia por parte de Dinamarca, en un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump exhortó al primer ministro británico Keir Starmer a no "entregar Diego García", el atolón más grande del archipiélago, y afirmó que "no debería ser arrebatado al Reino Unido", porque eso sería "una desgracia para nuestro gran aliado". El presidente estadounidense continuó afirmando que "los arrendamientos no funcionan cuando se trata de países", refiriéndose al contrato previsto para la base militar, al que desde hace tiempo se oponen los chagosianos locales.

Sin embargo, hace apenas unos días el Departamento de Estado estadounidense había expresado oficialmente su apoyo al acuerdo y afirmó que respaldaba "la decisión del Reino Unido de seguir adelante con el acuerdo con Mauricio". Un nuevo cambio de rumbo de Trump, quien antes había calificado el acuerdo como "un acto de gran estupidez" y luego como "el mejor acuerdo posible" para Londres.

Situada en el Océano Índico, en una posición estratégica entre África oriental, Oriente Medio y el sur de Asia, la isla de Diego García es importante para las operaciones militares estadounidenses en el Indo-Pacífico (contra las ambiciones chinas) y en el Golfo Pérsico, especialmente en previsión de un ataque estadounidense contra Teherán. "Si Irán decide no firmar un acuerdo, podría ser necesario que Estados Unidos utilice Diego García", reiteró Trump, relacionando el tema con las tensiones por el programa nuclear iraní.

La Casa Blanca aclaró después que la publicación del presidente "se debe considerar como la posición oficial de la administración", confirmando la naturaleza política de la intervención.

En 1965 el Reino Unido estableció una administración independiente para las islas Chagos, que desde ese momento pasaron a formar parte de los Territorios Británicos del Océano Índico. A pesar de que Mauricio, que se independizó en 1968, siempre ha defendido la continuidad territorial con las Chagos, Londres mantuvo el control sobre el archipiélago y expulsó a cerca de 2 mil habitantes para construir, en colaboración con Estados Unidos, la base militar de Diego García.

En 2019 la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a pedido de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dictaminó (de forma no vinculante) que la administración británica sobre las Chagos debía considerarse ilegítima, y que el proceso de descolonización de Mauricio no se podía considerar completo hasta que las islas fueran devueltas. En octubre de 2024 Londres y Port Louis anunciaron que habían alcanzado un acuerdo, firmado posteriormente en mayo de 2025. El acuerdo no solo establece la cesión de soberanía del antiguo Territorio Británico, sino también compromisos de cooperación en materia de seguridad y protección ambiental, y la creación de un fondo fiduciario en beneficio de los chagosianos.

Según las estimaciones del gobierno británico, que ha defendido el contrato de arrendamiento como fundamental para garantizar la continuidad operativa de la base militar, Londres debería pagar a Mauricio 3.400 millones de libras esterlinas a lo largo del próximo siglo. Starmer ha defendido en reiteradas oportunidades la necesidad de transferir la soberanía para evitar nuevas impugnaciones legales que podrían poner fin por completo a la presencia militar anglo-estadounidense.

El asunto sigue pendiente en el Reino Unido, que en este momento también debe hacer frente a una crisis política tras la tras la publicación de los archivos de Epstein y el arresto del (ya no) príncipe Andrés, hermano del rey Carlos. El proyecto de ley que debería incorporar el acuerdo al derecho británico ha sido aplazado y todavía no se ha fijado una fecha para el debate definitivo en la Cámara de los Lores, mientras que en los próximos días está prevista una reunión entre Estados Unidos y Mauricio.

La oposición británica ha criticado duramente el acuerdo, pero también se ha opuesto parte de la comunidad chagosiana. Hace pocos días cuatro habitantes originarios de las islas desembarcaron en el atolón de Ile du Coin, que siempre ha formado parte de las Chagos, en señal de protesta. En los próximos días está prevista la llegada de más personas, que hasta el momento han recibido el apoyo de Nigel Farage, miembro de la extrema derecha británica.

El líder del grupo, Misley Mandarin, declaró que "no hay razón para este acuerdo, porque Mauricio nunca ha poseído las Chagos" e invitó al gobierno británico a "cancelar el acuerdo y permitir que los chagosianos regresen a su patria como ciudadanos británicos".

Otros chagosianos no confían en el gobierno de Mauricio y temen que no se les conceda el derecho a volver una vez firmado el acuerdo. Aquellos que fueron obligados a trasladarse a Mauricio o al Reino Unido entre los años 60 y 70 se han quejado de no haber sido incluidos en las conversaciones que llevaron al acuerdo y han pedido un referéndum. Expertos de las Naciones Unidas también han señalado que el acuerdo alcanzado entre Londres y Port Louis podría perpetuar las violaciones de los derechos humanos si no garantiza un verdadero derecho de retorno.